El Instituto de Defensa Legal (IDL) envió una carta, el lunes 22, de la elección del nuevo titular del Ministerio Público, a la Junta de Fiscales Supremos (JFS) con el fin de que evalúen la elección de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación.
En la misiva, señalan diez preceptos o disposiciones jurídicas que debían tomar en cuenta en esta elección. Uno de los requisitos legales, indica, es el de la independencia, el cual «está íntimamente ligado con la denominada garantía de apariencia de independencia e imparcialidad».
«La designación de una persona que no cumpla con la apariencia de independencia del poder político es una violación directa al derecho fundamental y humano a una justicia independiente y al acceso a la justicia», detalló.
Este requisito, según IDL, no lo cumplen ni Patricia Benavides ni Tomás Gálvez. La organización considera que Gálvez es un «actor político partidario» que integró un partido político y tuvo una candidatura presidencial públicas. «Un actor político partidario fue integrado al cargo de fiscal, un cargo del sistema de justicia que debe estar alejado formal y realmente de las esferas del poder político partidario», añaden.
Asimismo, indica que la Fiscalía tiene como función defender la legalidad y más si esta tiene que ver con su institucionalidad. Precisa también que los fiscales tienen que ser «referentes» en el cumplimiento de los deberes éticos. No obstante, estos «han sido violentados públicamente en diversos discursos y ocasiones» tanto por Benavides como por Gálvez. Incluso, estos hechos se habrían dado con relación a los integrantes de la JFS.
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«El impacto no solo ha sido negativo para el fortalecimiento interno e institucional que tiene como objetivo la promoción del actuar independiente e imparcial de todos y cada uno de los fiscales, sino que también, el impacto ha sido negativo, qué duda cabe, en la legitimidad e imagen del Ministerio Público ante la ciudadanía», expresa la carta sobre la imagen del MP.
Ante ello, IDL solicitó que se «evalúe debida y responsablemente» una posible elecciones de Tomás Gálvez o Patricia Benavides. «Bajo los criterios jurídicos expuestos, consideramos objetiva y razonablemente que los mencionados fiscales no cumplen con el perfil para ejercer de forma interina el cargo en la Fiscalía de la Nación», detalló.
Lima, 22 de septiembre de 2025
Señores y señoras
Junta de Fiscales Supremos
Ministerio Público
Presente.-
Asunto: Solicitud de ejercicio y protección de la autonomía fiscal, de la legalidad, y de la protección de derechos fundamentales a una justicia con garantías de independencia e imparcialidad; al momento de elegir a la máxima autoridad del Ministerio Público (de forma interina)
Reciban un saludo cordial y sirva la presente para comunicar y peticionar lo siguiente.
El viernes 19 de septiembre del 2025, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió provisionalmente de sus funciones a la fiscal suprema y Fiscal de la Nación Delia Espinoza, quien fue elegida para el cargo de acuerdo con la normatividad vigente. La decisión de la JNJ tiene serios problemas legales y constitucionales al basarse, además, en una decisión previa (la “nulidad de oficio” de la destitución de la fiscal Patricia Benavides) con vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad identificados públicamente por diversos especialistas1; vicios que, confiamos, serán evaluados por las instancias pertinentes del sistema de justicia a partir de las acciones legales presentadas por los y las agraviadas.
A raíz de la última decisión de la JNJ, se ha dado la oportunidad para que la Junta de Fiscales Supremos, de acuerdo con sus funciones de autogobierno (elección de su máximo representante), elija a la persona que ocupará de forma interina la Fiscalía de la Nación, mientras se defina la situación jurídica de su última titular.
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