Luego de sendas defensas que se prolongaron hasta las primeras horas de la madrugada, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó hoy viernes acusar constitucionalmente ante el Pleno del Congreso al magistrado supremo César Hinostroza Pariachi y a los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe, Guido Aguila Grados y Orlando Velásquez Benites, por el caso #CNMaudios.
La decisión se tomó con arreglo a las recomendaciones del Informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (cuyo ponente fue el congresista de Nuevo Perú Oracio Pacori), que sindicaba a Hinostroza como líder de «Los Cuellos Blancos del Puerto» y a los demás como integrantes de la organización. Concretamente, la Comisión Permanente decidió acusarlos constitucionalmente y sustentar el pedido de destitución e inhabilitación por diez años de la función pública, ya por infracciones a la Constitución (juicio político), ya por la comisión de presuntos delitos (antejuicio político).
La votación se realizó la primera hora de la madrugada. La Comisión determinó que César Hinostroza violó los artículos 39, 44, 138, 146, 139.2 y 139.3 de la Constitución y lo consideró responsable de los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. En ese sentido, con 26 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Comisión resolvió sustentar su destitución e inhabilitación por diez años de la función pública.
En este tramo cabe mencionar que la Comisión, gracias a 18 votos de la mayoría de Fuerza Popular, desestimó acusarlo constitucionalmente por liderar la organización criminal denominada «Los Cuellos Blancos del Puerto».
De igual manera la Comisión decidió acusar ante el Pleno a los exconsejeros por violación de la Constitución (Noguera, Gutiérrez, Velásquez y Aguila) y por los presuntos delitos de patrocinio ilegal (Noguera y Aguila) y cohecho pasivo específico (Gutiérrez y Velásquez). Cabe apuntar que la Comisión Permanente también decidió no acusarlos de pertenecer a una organización criminal (en este caso «Los Cuellos Blancos del Puerto»).
Estas decisiones serán sustentadas por la Comisión Permanente ante el Pleno del Congreso.
