El Juzgado de la Corte de Ica dictó cinco años de pena privativa de la libertad efectiva para la asistente de la Primera Fiscalía Superior Penal de Ica, Jill Stefany Chacaliaza Castro, por haber solicitado coima para favorecer a un procesado por violación sexual en agravio de menor de edad.
La servidora del Ministerio Público fue hallada responsable del delito contra la administración de justicia pública en la modalidad de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales prevista en el artículo 396 del Código Penal.
Como se recuerda, la tarde del 17 de agosto de 2021, en las escalinatas de la sede principal, ubicada en la Panamericana Sur, la asistente fue detenida por presuntamente haberle pedido a un investigado la suma de S/ 80 000.
La diligencia se produjo luego de que la asistente, en el marco de las ilícitas negociaciones, aceptara un rebaja del monto inicial de la coima, de S/ 80 000 a S/ 60 000. El objeto del pago era el archivamiento de una denuncia por violación sexual en la ciudad de Ica.
Javier Dextre Briceño (38) fue el abogado que, tras conocer la primera solicitud de S/ 80 000 soles, acudió a la Fiscalía Anticorrupción y formalizó la denuncia en contra de la asistente.
El acuerdo
La historia empezó el 12 de agosto de 2021. La madre del denunciante se contactó con una conocida suya de nombre Martha Briceño, quien le dio el número de celular de una señorita que respondía al nombre de “Diana”. El objetivo era que el caso, que ya había sido archivado en una primera oportunidad, tenga un dictamen favorable para ya no continuar con la investigación.
La reunión
Las coordinaciones se produjeron hasta que, el 17 de agosto del mismo año, se concretó la reunión en el cuarto piso de la misma Fiscalía, a donde llegó el investigado. La señorita “Diana” era la asistente de iniciales JSCC. Fue en ese encuentro que se acordó la rebaja de S/ 20 000.
Ni bien el denunciante salió de la oficina, personal de la Fiscalía Anticorrupción inició la diligencia contra la servidora, quien fue detenida en las escalinatas de la Fiscalía.
La investigación
Una de las tesis que manejó la Policía fue que la asistente no actuó sola y que fue una intermediadora, sobre todo porque en su condición de asistente no tenía el poder determinante para encaminar las investigaciones en un sentido u otro.
Se supo también que el día del encuentro el investigado tenía que cancelar la mitad de lo pactado, transferencia que tenía que producirse en tres sobres de S/ 10 000.
Este hecho conmocionó a la comunidad jurídica al punto que el Ilustre Colegio de Abogados de Ica se pronunció, en su momento, por el caso de la asistente. Luego de rechazar los actos de corrupción que se dan en Ica, el gremio dijo que la entonces detenida no estaba incorporada a su orden.
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