El Ministerio Público investiga un presunto fraude financiero que habría perjudicado al BBVA por un monto cercano a los 200 millones de dólares. El caso involucra a exfuncionarios bancarios, empresarios privados y más de una decena de compañías fachada.
De acuerdo con la tesis fiscal, los investigados simularon operaciones legales para acceder a productos financieros como créditos, factoring y leasing, según información de Latina. Para ello, habrían utilizado documentación adulterada, balances inflados y contratos inexistentes.
Las operaciones habrían sido tramitadas con el aval de trabajadores del banco, lo que habría permitido eludir los controles internos. La Fiscalía identificó que varias de estas operaciones se gestionaron en la misma agencia y en lapsos breves.
Durante los allanamientos del 23 de junio, personal fiscal y policial intervino 15 inmuebles ubicados en Lima y Chimbote. Solo uno de los diez investigados con orden de detención fue capturado, debido a una presunta filtración previa al operativo.
Según el acta policial, en uno de los teléfonos incautados se hallaron mensajes que alertaban sobre la intervención. La fiscal a cargo, Miluska Romero Pacheco, denunció haber recibido mensajes de intimidación antes de ejecutar la medida.
Uno de los investigados más visibles es Juan Ricardo Torres Cubas, empresario también vinculado al caso Sada Goray. La investigación también menciona al fallecido Martín de Jesús Montoya Marcilla, quien habría canalizado parte del dinero mediante sus empresas.
Las firmas involucradas figuran sin trayectoria comercial comprobada, muchas de ellas recién activadas. Entre ellas se encuentran Frío Superfish S. A. C., Corporación Triple AAA S. A. C. Fomenta Pesquera S. A. C., entre otras.
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La red habría funcionado mediante el otorgamiento de préstamos para adquisición de bienes inexistentes. En varios casos, los fondos eran transferidos a supuestos proveedores vinculados a los mismos solicitantes.
Funcionarios como Marco Antonio Gaitán Chunga, Diego Araujo Ugarte y Christian Bobadilla Ortega, todos del área de banca empresas del BBVA, habrían aprobado las operaciones sin aplicar protocolos de validación. La Fiscalía presume que hubo coordinación interna.
El caso se encuentra en etapa de diligencias previas. Por ello, se solicitó el levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones de todos los implicados. También se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y vehículos.
Actualmente, la cantidad de empresas investigadas supera las 18, y se incluyeron a cinco personas más como investigadas.
