El congresista Roberto Sánchez, vocero e integrante de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, presentó una denuncia constitucional contra los tres jueces supremos que conducen el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo.
El legislador, exministro castillista (Comercio Exterior y Turismo), también estuvo comprendido en la investigación de dicho caso. Sin embargo, a puertas del juicio oral, fue excluido del proceso por la Corte Suprema luego que su defensa presentara un recurso.
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El documento, remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, lleva la firma de al menos ocho parlamentarios y está dirigido contra los jueces supremos José Antonio Neyra Flores, Salomón Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez.
Los integrantes de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia son sindicados de la presunta infracción a los incisos 1; 3 y 14 del artículo 139 de la Constitución.
De acuerdo al documento, los parlamentarios sostienen que en el proceso al exmandatario solo «dos magistrados sentenciarían conforme a ley». Ante ello, se alude a un presunto «adelanto de opinión» por parte de la jueza Carbajal Chávez:
De las expresiones del Magistrado José Antonio Neyra Flores, en la audiencia de instalación de juicio oral llevada a cabo el 04 de marzo de 2025, se denota claramente, que Pedro Castillo está asistiendo a un proceso en donde solamente dos magistrados sentenciarían conforme a ley, puesto la jueza suprema Norma Beatriz Carbajal Chávez ya adelantó opinión. En este caso, se encuentra expuesto a una situación en que Pedro Castillo y los demás coprocesados no cuentan con las garantías suficientes para tener la confianza que se respetará el debido proceso.
En el documento se solicita, además, la inhabilitación de los referidos magistrados por un plazo de diez años en el ejercicio de la función pública. Estos requerimientos fueron por los congresistas Víctor Cutipa Ccama, Guillermo Bermejo, Nieves Limachi, Elías Varas Meléndez, Wilson Quispe Mamani, Hamlet Echevarrí, Margot Palacios y por el mismo Sánchez Palomino.
El expresidente Pedro Castillo afronta, desde el 4 de marzo del presente año, un juicio oral por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
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Durante y antes del inicio de las audiencias, el exmandatario ha criticado su proceso por considerarlo «una pantomima». Mediante un pronunciamiento, atribuyó a la jueza Carbajal Chávez, directora de debates, adelantar opinión al confirmar su detención preliminar:
No voy a legitimar esta farsa de juicio oral, en el que participa la magistrada Norma Beatriz Carbajal Chávez, a quién recusé, porque en el Auto de apelación 248- 2022/Suprema, ya adelantó opinión confirmando mi detención preliminar, distorsionando el Art. 346 del Código Penal, afirmando que el alzamiento en armas no requiere violencia física, sino que puede consistir en una violencia psíquica, el mismo argumento de los fiscales, procuradores y jueces que hasta aquí ilegalmente me trajeron.
Un argumento que el Castillo Terrones también empleó en su protesta de huelga de hambre. En la carta con la que que anunció la medida, rechazó los cargos y advirtió sobre el uso «forzado» del tipo penal de rebelión:
Yo, José Pedro Castillo Terrones, identificado con DNI 27427864, recluido injustamente en el penal de Barbadillo por actos que nunca cometí, ahora un Tribunal con una Jueza que ha adelantado opinión en mi contra, forzando el tipo penal de rebelión.
Pongo en conocimiento a mi familia, al pueblo peruano, que haciendo uso de mi derecho humano, he decidido acatar a partir de la fecha a una huelga de hambre; acto que me lleva a tomar por las injusticias que se vienen cometiendo conmigo.
