Rosario Teresa Linares Gonzales, en representación de la Adjuntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, interpuso una demanda de hábeas corpus contra el comandante general del Ejército del Perú, Luis Humberto Ramos Hume, el general de brigada Marcelo Valverde Neyra, y el procurador público encargado de los Asuntos Judiciales del Ejército para que se deje sin efecto el «arresto en rigor» por seis días que se le impuso a la SO3 K.A., como sanción por haber sostenido una relación sentimental con un oficial de la institución.
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La causal que se le imputa a la suboficial es la contenida en el numeral 11.3 del anexo III de la Ley 29131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, modificado por el Decreto Legislativo 1145, que regula las infracciones muy graves del personal de las Fuerzas Armadas. La norma tipifica como conducta impropia “Mantener relaciones sentimentales con personal de distinta categoría militar reconocida por las leyes de situación militar de cada estamento“, y amén del arresto de rigor, puede ser sancionada con hasta la baja.
La suboficial estableció vínculos de afecto con un agente superior, producto de lo cual se halla en estado de gestación. Su embarazo, empero, está en riesgo por la sanción de arresto, lo que afecta su salud y la de su hijo, situación que se torna irrazonable e inaceptable.
Precisamente, para cautelar su derecho a la libertad individual, y a la integridad de ella y de su vástago, se presentó la demanda de hábeas corpus ante el juez de investigación preparatoria de Mariano Melgar (Arequipa), Gino Valdivia, quien realizará hoy una diligencia de constatación en el Hospital de la II División Militar a efectos de verificar la existencia de la orden que limita su libertad y si esta se ha efectivizado.
Para la Defensoría del Pueblo mantener relaciones sentimentales no debiera estar prohibido, ya que ello forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Finalmente, cabe señalar que si bien la norma no establece distinción de géneros, este tipo de sanciones afectan principalmente a las mujeres, por su propia condición de ser madres, lo que también evidencia los efectos discriminatorios de la ley. Por otro lado, se desconoce si la sanción de arresto se le impuso también al oficial, quien, evidentemente, ha incurrido en la misma infracción: enamorarse de personal de diferente rango.
El constitucionalista Omar Sar, Adjunto para los Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, compartió en sus redes sociales la resolución que admitió el hábeas corpus planteado.
