Sumario: 1. Introducción, 2. Historial de escándalos y crisis institucional, 3. Intervención del Congreso en otras instituciones, 4. Ausencia de concursos y meritocracia, 5. Impacto en la calidad legislativa, 6. Propuestas de reforma, 7. Conclusiones.
1. Introducción
El Congreso de la República atraviesa una constante y profunda crisis institucional caracterizada por escándalos y un descrédito histórico ante la población. La ciudadanía percibe al Parlamento como una institución alejada del interés común y resistente a cualquier reforma interna. Esto se refleja en niveles altísimos de desaprobación: las últimas encuestas dadas a conocer indican que más del 93% de peruanos desaprueba la gestión congresal[1]. Paradójicamente, pese a haber enfrentado crisis severas, incluyendo su cierre en 2019 y constantes conflictos con otros poderes del Estado, el Legislativo no ha emprendido reformas sustanciales para corregir sus deficiencias internas.
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Para entender por qué el Congreso no ha querido reformarse, primero se indican los escándalos que lo han afectado, como contrataciones irregulares, nepotismo y abuso de poder. Después se analiza la contradicción del Congreso, que frecuentemente interviene y reforma otras instituciones, argumentando defensa del interés público, mientras se resiste a cualquier cambio interno significativo.
También se revisará por qué hace mucho tiempo no se realizan concursos públicos para contratar personal y cómo la ausencia de meritocracia afecta negativamente su calidad técnica y legislativa. Se evalúa cómo esta falta de personal calificado ha llevado al Congreso a depender en exceso del Ejecutivo para la dación de las normas de mayor complejidad técnica, delegando muchas decisiones importantes.
Finalmente, se proponen reformas concretas para transformar al Congreso en una institución más técnica, profesional y confiable, como el establecimiento de concursos públicos obligatorios, la creación de una carrera administrativa parlamentaria, fortalecer los controles internos, aumentar la transparencia y promover una mayor participación ciudadana en las decisiones legislativas.
Todo esto se aborda con un enfoque equilibrado, combinando aspectos técnicos con una visión humanista y jurídica.
2. Historial de escándalos y crisis institucional del Congreso
El Congreso presenta un historial marcado por escándalos relacionados con contrataciones irregulares, nepotismo y favoritismo político. La gestión parlamentaria se ha caracterizado por implementar mecanismos discrecionales para contratar personal sin requisitos de idoneidad o concursos públicos, como refleja el Acuerdo de Mesa 072-2022-2023, que permite la incorporación directa de personal de confianza solo con autorización del presidente del Congreso. Este esquema, conocido públicamente como contrataciones a dedo, ha facilitado la contratación de familiares y allegados políticos con altas remuneraciones, incrementando significativamente el gasto público.
Asimismo, han salido a la luz diversos casos de nepotismo, incluyendo la contratación de familiares cercanos a altas autoridades parlamentarias con remuneraciones elevadas y sin explicaciones claras sobre sus funciones[2]. Otros escándalos recientes incluyen denuncias conocidas como mocha sueldos[3] y el caso de los parlamentarios denominados niños, acusados de respaldar al gobierno a cambio de prebendas[4].
Esta problemática tiene como raíz la ausencia de meritocracia institucionalizada en el Congreso. A diferencia de otras entidades, el Congreso utiliza su autonomía constitucional para aplicar procedimientos internos oscuros y discrecionales. La mayoría del personal es designado directamente bajo la figura de personal de confianza, sin concurso, situación permitida por normativas internas que eximen al Parlamento de las reglas de transparencia e idoneidad que rigen en otras entidades públicas.
Frente a escándalos reiterados, rara vez se han implementado sanciones efectivas o modificaciones normativas correctivas. Esta resistencia contrasta marcadamente con la rapidez mostrada por el Congreso al intervenir y promover reformas en otras instituciones estatales.
3. Intervención del Congreso en otras instituciones
El Congreso también muestra una marcada tendencia a intervenir y reformar otras instituciones estatales argumentando la defensa del interés público, pero evita realizar reformas equivalentes en su propia estructura interna. Al principio de este periodo legislativo se buscó modificar la estructura de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), también eliminar o reformular la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y en estos días se ha hecho evidente su participación en el Ministerio Público (MP) frente al problema surgido a raíz del caso Patricia Benavides.
Sobre la Sunedu, en 2022 el Congreso aprobó cambios que permitieron incorporar al consejo directivo representantes de las propias universidades reguladas, debilitando la fiscalización técnica independiente y generando potenciales conflictos de interés. Respecto a la JNJ, durante 2024 el Congreso intentó remover a sus integrantes y posteriormente propuso sustituirla por una Escuela Nacional de la Magistratura, cuyos directivos serían designados sin concurso público, centralizando nuevamente el poder en sus manos y poniendo en riesgo la independencia judicial. Finalmente, el retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación, justamente por una resolución de la JNJ, dividió al Congreso al punto que se presentó una iniciativa legislativa orientada a reestructurar el MP y la propia JNJ a través de una comisión multisectorial[5].
Así, mientras el Congreso constantemente propone aplicar reformas profundas a entidades externas, simultáneamente mantiene intactos sus mecanismos internos de designación política y falta de transparencia, evitando reformas orientadas a la meritocracia y profesionalización. Este desequilibrio revela voluntad política para intervenir en otras instituciones, pero nulo para realizar autoevaluaciones críticas y reformas propias, afectando su legitimidad institucional.
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4. Ausencia de concursos públicos y meritocracia
Un aspecto fundamental del problema institucional del Congreso es la falta de concursos públicos para la selección de personal, tanto del servicio como de la organización parlamentarios[6]. A diferencia del resto del Estado, regido por procesos de selección meritocráticos, el Congreso aplica un régimen especial de contratación directa, basado en personal de confianza y asesores temporales. Esta práctica se fundamenta en su autonomía constitucional, desarrollada mediante el Estatuto del Servicio Parlamentario, que en teoría debería regular concursos públicos internos, aunque en la práctica son inexistentes[7].
Hace más de doce años el Congreso no realiza concursos externos para sus plazas administrativas, cubriéndose estas mediante encargos o contratos directos. A ello se suma el acuerdo de mesa ya mencionado, que formalizó un mecanismo adicional para contratar personal sin requisitos mínimos de formación o experiencia, lo cual amplía considerablemente la discrecionalidad.
Jurídicamente, esta situación es posible porque el Congreso no se encuentra sujeto al régimen de la Ley del Servicio Civil (Ley 30057) ni al control de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. A pesar de que existen normas generales, como la Ley 31419, Ley de Idoneidad en el Servicio Público, que establecen requisitos mínimos para cargos públicos, el Congreso evita aplicarlas plenamente, creando así un vacío normativo que permite contrataciones sin transparencia ni criterios técnicos.
Este régimen de personal de confianza afecta negativamente la capacidad técnica del Legislativo, ya que muchos designados carecen de las competencias profesionales necesarias. A diferencia de otros parlamentos internacionales con personal especializado permanente, en nuestro país el servicio parlamentario de carrera es débil y queda opacado por contrataciones políticas que cambian con cada periodo congresal, dificultando así la profesionalización y estabilidad institucional.
La ausencia prolongada de concursos públicos y meritocracia en el Congreso erosiona su legitimidad técnica frente a otras entidades públicas, afectando negativamente la calidad legislativa y la confianza ciudadana.
5. Impacto de la falta de meritocracia en la calidad legislativa
La consecuencia más evidente de la falta de meritocracia es la reducida capacidad para elaborar normas con contenido altamente técnico, lo cual afecta negativamente la calidad de su producción legislativa[8]. Esta limitación se refleja en que muchas de las disposiciones normativas más especializadas en materias estratégicas, tales como tributación, simplificación administrativa, inversiones y otras regulaciones económicas, no provienen del Congreso mismo, sino del Poder Ejecutivo mediante decretos legislativos otorgados por delegación de facultades.
El artículo 104 de la Constitución permite excepcionalmente al Legislativo delegar al Ejecutivo la potestad de legislar sobre materias específicas durante un plazo determinado. Sin embargo, en los últimos años, esta delegación ha sido utilizada reiteradamente para abordar cuestiones de alta complejidad técnica que el Parlamento no logra gestionar oportunamente por su limitada capacidad interna. Ejemplos claros son los decretos legislativos relacionados con reformas tributarias, como el régimen especial del Impuesto a la Renta o el IGV, los marcos regulatorios de Asociaciones Público Privadas, y otras medidas especializadas en materia económica y administrativa.
Durante situaciones críticas como la emergencia sanitaria o las reformas estructurales en materia económica de 2016, el Ejecutivo asumió casi exclusivamente la responsabilidad normativa en estos ámbitos técnicos, evidenciando así que el Congreso no cuenta con suficientes equipos internos preparados para gestionar iniciativas legislativas de alta complejidad técnica. En efecto, la ausencia de personal calificado especializado en derecho económico, regulatorio o tributario dentro del Parlamento determina que muchos congresistas dependan excesivamente de asesorías externas o políticas, limitando seriamente la calidad técnica de sus propuestas legislativas.
A ello se suma que varias leyes impulsadas desde el Congreso, especialmente aquellas de naturaleza populista o sin sustento técnico suficiente, han terminado siendo declaradas inconstitucionales, inaplicables o neutralizadas mediante mecanismos de control, lo que supone un gasto innecesario de recursos y tiempo parlamentario[9]. Esta situación podría mitigarse considerablemente si el Legislativo contara con una Oficina de Calidad Legislativa robusta e independiente, encargada de evaluar integralmente los proyectos de ley antes de su aprobación.
El fortalecimiento institucional del Congreso, con personal especializado seleccionado bajo rigurosos criterios meritocráticos, es un requisito indispensable para revertir esta tendencia y garantizar la calidad legislativa y la autonomía efectiva del poder parlamentario.
6. Propuestas de reforma
Se proponen reformas institucionales para mejorar la meritocracia, transparencia y profesionalización del Congreso peruano:
Implementación de un régimen meritocrático: Incorporar al Congreso un sistema propio, con concursos públicos obligatorios para cubrir plazas administrativas y técnicas, eliminando gradualmente los cargos de confianza discrecionales y limitándolos solo al personal más cercano a los parlamentarios, como sus asesores y técnicos. Ello permitiría un personal más calificado y reduciría prácticas nepotistas.
Carrera parlamentaria con capacitación continua: Establecer una carrera estructurada para servidores parlamentarios con ascensos por mérito, evaluaciones periódicas y formación continua en materias legislativas, jurídicas y de políticas públicas, manteniendo al Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios como oficina encargada de ello[10].
Fortalecimiento de mecanismos internos de control: Reforzar la Oficina de Auditoría Interna para controles concurrentes sobre contrataciones y gastos, reformar la Comisión de Ética Parlamentaria para que sea verdaderamente autónoma con participación externa, y fortalecer la Oficina de Calidad Legislativa para que su actuación sea vinculante antes, durante y tras la promulgación de las leyes.
Incremento de la participación ciudadana: Potenciar el Portal de Transparencia con datos abiertos sobre contrataciones y gastos; establecer mesas técnicas de trabajo obligatorias para proyectos legislativos relevantes, canales electrónicos permanentes para recepción de opiniones ciudadanas, y facilitar iniciativas legislativas ciudadanas.
Creación de órganos técnicos independientes: Constituir organismos especializados, como una Oficina Parlamentaria de Presupuesto o un Consejo Asesor Científico Técnico, para brindar asesoría experta en temas complejos como presupuesto público, medio ambiente, salud y tecnología, garantizando decisiones legislativas más informadas.
Limitación y regulación de puestos de confianza: Modificar normas internas para restringir la contratación directa sin concurso público, establecer límites numéricos claros para asesores de confianza, prohibir expresamente la contratación de parientes cercanos, y sancionar administrativamente las irregularidades.
Estas reformas buscan superar deficiencias estructurales del Congreso, promoviendo una gestión parlamentaria más técnica, profesional, transparente y legítima, contribuyendo así a una mejor calidad legislativa y fortaleciendo la institucionalidad democrática.
7. Conclusiones
El Congreso no ha emprendido reformas internas significativas debido a factores políticos y estructurales, manteniendo prácticas arraigadas de nepotismo, ausencia de meritocracia y falta de control interno. Aunque interviene activamente en otras instituciones argumentando la defensa del interés público, ha evitado aplicar esos mismos estándares en su propia gestión. Esta contradicción impacta negativamente en la calidad legislativa, derivando en una dependencia excesiva de normas técnicas delegadas al Poder Ejecutivo.
Las razones de esta resistencia interna incluyen la falta de voluntad política, intereses en mantener cuotas de poder, una autonomía constitucional que permite al Congreso autorregularse sin contrapesos, y una insuficiente presión ciudadana para exigir cambios internos.
La implementación urgente de reformas basadas en la meritocracia, planificación de carrera, controles internos, participación ciudadana y órganos técnicos independientes podría revertir esta situación, fortaleciendo la calidad normativa y restaurando la legitimidad institucional. Finalmente, el Congreso enfrenta una disyuntiva crítica: mantenerse en la inacción, con el riesgo de profundizar la crisis democrática, o realizar transformaciones profundas alineadas con principios democráticos y técnicos, asegurando así su sostenibilidad institucional.
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Referencias bibliográficas
- Coca, V. (2023). Caso Los Niños: congresistas de Acción Popular son acusados de estos delitos. Infobae. [En Línea]:
https://www.infobae.com/peru/2023/05/19/caso-los-ninos-congresistas-de-accion-popular-son-acusados-de-estos-delitos/ [Consulta: 23 de junio de 2025].
- Gómez, R. (2023). Los ‘mochasueldos’, los congresistas de Perú que roban el sueldo a sus trabajadores. El País. [En Línea]: https://elpais.com/internacional/2023-08-27/los-mochasueldos-los-congresistas-de-peru-que-roban-el-sueldo-a-su-trabajadores.html [Consulta: 23 de junio de 2025].
- Hidalgo, M. (2022). Congresopedia: Veinte años de un sistema parlamentario fallido (2.ª ed.). Lima: Planeta, p. 52.
- Oré, C. (2025). 93 % de peruanos desaprueba al Congreso: ¿Cuántos justifican un cierre del Parlamento? [En Línea]:
https://www.infobae.com/peru/2025/05/26/93-de-peruanos-desaprueban-al-congreso-cuantos-justifican-un-cierre-del-parlamento/ [Consulta: 23 de junio de 2025].
- Vásquez, L. (2024). Escándalos del Congreso 2023: mochasueldos, derroche de dinero, acoso sexual y otros hechos polémicos del Parlamento. Infobae [En Línea]:
https://www.infobae.com/peru/2024/01/01/escandalos-del-congreso-2023-mochasueldos-derroche-de-dinero-acoso-sexual-y-otros-hechos-polemicos-del-parlamento/ [Consulta: 23 de junio de 2025].
- Villantoy, A. (2025). Contrataciones a dedo en el Congreso: personal de confianza de la Mesa Directiva no pasa por concurso público. Infobae [En Línea]:
https://www.infobae.com/peru/2025/06/09/contrataciones-a-dedo-en-el-congreso-personal-de-confianza-de-la-mesa-directiva-no-pasa-por-concurso-publico/ [Consulta: 23 de junio de 2025].
