El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh emitió el 17 de noviembre una sentencia de pena de muerte contra la ex primera ministra Sheikh Hasina, a quien responsabilizó por crímenes de lesa humanidad vinculados a la represión de las manifestaciones estudiantiles de 2024. La resolución fue anunciada públicamente y también alcanza al exministro del Interior Asaduzzaman Khan, procesado en el mismo expediente.
Durante la lectura del veredicto, transmitido por la cadena estatal BTV, el fallo atribuye a ambos exfuncionarios la dirección de operativos que, según cifras citadas por Naciones Unidas, dejaron alrededor de 1400 muertos y más de 14 000 heridos durante las protestas registradas entre julio y agosto del año pasado.
Entre los hechos analizados figura el tiroteo ocurrido el 5 de agosto en Daca, donde seis manifestantes desarmados fueron asesinados. Para el tribunal, este episodio constituye uno de los actos más graves de la represión estatal.
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Hasina y Khan fueron juzgados en ausencia debido a que permanecen exiliados en India. En el proceso, la exmandataria sostuvo que las acusaciones eran infundadas y que su administración actuó «de buena fe» con el objetivo de reducir daños durante la crisis política. Sin embargo, la sala concluyó que la respuesta gubernamental configuró violaciones sistemáticas contra la población civil.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se pronunció tras conocerse la sentencia. Su portavoz, Ravina Shamdasani, calificó el fallo como un avance para las víctimas, aunque reiteró el rechazo de la organización a la pena capital «en todas las circunstancias». También recordó que el organismo ha insistido en que los procesos relacionados con crímenes internacionales deben observar estrictamente las garantías de debido proceso y juicio justo.
