Fundamento destacado: Décimo Cuarto: Solución al caso concreto
Sobre lo actuado al interior del proceso y lo resuelto en sede judicial
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- En el caso concreto, el accionante sostiene que ha producido un despido fraudulento al haber sido coaccionado por la emplazada para formular una renuncia voluntaria, la cual no tuvo intención en presentarla; refiere además que dicha coacción se dio en el marco de no iniciar un procedimiento disciplinario en su contra, por la presunta comisión de falta grave y una ulterior denuncia penal. Es a raíz de ello que se apreciaría un interés indirecto e ilegítimo del empleador para inducir su voluntad en cuanto a la ruptura del vínculo laboral.
- De otro lado, se tiene que la emplazada ha sostenido que no ha existido coacción al demandante y que él mismo actuó con suficiente discernimiento y voluntad.
- Ahora bien, tanto el Juez de Primera Instancia y el Colegiado Superior han concluido que las advertencias realizadas al actor se han constituido en una intimidación que trasciende los alcances del artículo 217° del Código Civil, y por ende, la renuncia al empleo no se ha dado de manera libre y espontánea, sino por el contrario, se produjo de manera inducida y provocada, tal es así que la carta de renuncia habría sido redactada por la propia emplazada e inclusive, se habría encontrado lista en la misma oportunidad en la que se imputó la comisión de las faltas, entre otros argumentos descritos en el Sétimo Considerando de la Sentencia de Primera Instancia, en fojas trescientos treinta; así como, lo descrito en los Considerandos Quinto y Sexto de la Sentencia de Vista, de fojas trescientos ochenta y uno a trescientos ochenta y dos.
En cuanto a la infracción normativa del artículo 215° del Código Civil
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- Descritos los hechos y fundamentos que han dado lugar a la expedición de la presente Ejecutoria Suprema, es necesario traer a colación que se ha alegado un presunto propósito de la empleadora de inducir la voluntad del demandante en torno al quiebre prematuro de la relación laboral, bajo el argumento de unas supuestas advertencias realizadas al actor sobre en torno a la presunta comisión de una falta grave que daría lugar al despido, así como una posterior denuncia penal, lo que ha importado una intimidación al demandante, viciando su voluntad y consentimiento, dando lugar a que suscribiera la renuncia, la que además habría sido redactada por la propia empleadora.
- No obstante ello, conviene precisar que para que surta efecto la intimidación en el ámbito laboral, debe mediar la intención de manipular, intencionalmente, la voluntad del trabajador creando en el mismo, sentimientos de miedo, incapacidad o temor, el mismo que deberá afectar, de manera grave e inminente al trabajador.
- En el caso de autos se advierte que si bien se ha imputado una presunta intimidación por parte del empleador, debe tenerse en cuenta que al momento de postula la demanda, el accionante ha manifestado la existencia de ciertos hechos como es el caso de habérsele encargado el pago de diversos servicios y adquisiciones de bienes de menor cuantía, el depósito anticipado en su cuenta de un mil cuatrocientos noventa y seis con 00/100 soles (S/.1,496.00) para cubrir los gastos, tales como el consumo de alimentos, advirtiendo además un error en la emisión de una factura y la sustitución de un proveedor, por otro nuevo, quien no contaba con factura, además de gastos adicionales, conforme se desprende en fojas cincuenta y nueve, parte pertinente.
- Conviene precisar que, a decir del accionante, dichos hechos no podrían ser considerados como “faltas” debido a que no se demostró la intención de perjudicar a su empleador, ni apropiarse del dinero de la misma, pero advierte también que es a raíz de los hechos antes descritos que la emplazada empezó a presionarlo para que firme sus renuncia, correlato de que ya no deseaban contar con él, por cuanto habría cometido una falta grave.
- De lo anotado, se infiere que ha existido un conocimiento previo por parte del accionante de unas conductas que “…no podían ser considerados como falta del suscrito…”, conforme se desprende en fojas cincuenta y nueve, parte pertinente; lo cual denota un conocimiento previo de situaciones que podrían afectar el vínculo laboral para con la emplazada.
- Asimismo, y aun cuando el actor haya alegado una existencia de una intimidación por parte de la emplazada, de los actuados se advierte que no se encuentra acreditada la existencia de una amenaza, de tal naturaleza, que haya causado miedo o temor en el accionante, puesto que el mismo ya tenía conocimiento de las circunstancias que podían dar lugar a una ruptura de la relación laboral; asimismo, no se advierte que se haya visto lesionado el honor del accionante y menos aún la situación económica, por cuanto el mismo tenía pleno conocimiento de las acciones que podrían dar lugar a una presumible falta.
- No se ha podido evidenciar que en autos se haya producido una amenaza inminente y grave, puesto que los actos descritos por el accionante no han podido ser contrastados con otros medios de prueba, no bastando una simple declaración, sino la comprobación real y objetiva de los hechos que se invocan; no se encuentra acreditado además que se haya afectado la persona o bienes de la víctima o de los parientes conforme precisa el artículo 215° del Código Civil, por lo que no se encuentran presentes los elementos que permiten configurar una intimidación por parte de la emplazada contra el accionante.
- Evaluadas dichas circunstancias y a criterio de este Supremo Tribunal puede colegirse que no se encuentra acreditada la intimidación a que hace referencia el accionante y por ende, no es posible concluir que la renuncia se haya efectuada de manera coaccionada, sino por el contrario, se evidencia que ella ha sido efectuada de manera libre y voluntaria, en tanto el actor tenía pleno conocimiento de que los hechos a imputarse no detentaban tal gravedad que deslicen en una falta grave, es pues el reconocimiento por parte del accionante de los hechos previos a las conversaciones sostenidas con la emplazada, lo que desestima una presunta inexistencia de los hechos, demostrándose así que no ha existido un ánimo en pretender la ruptura de la relación laboral por parte del empleador, deviniendo el cese en la opción elegida por el trabajador tras el diálogo sostenido con los representantes de aquella, producto de su decisión voluntaria, lo que desestima la existencia cierta de un hecho o circunstancia que haya tenido por objeto intimidar al accionante a efectos de obtener su renuncia.
- Debe tenerse en cuenta que no se encuentra acreditada la inminencia de un daño, por cuanto aún hubiera sido la emplazada quien hubiera redactado la carta de renuncia, por cuanto existen hechos ciertos que el accionante ha considerado no ameritan ser consideradas como faltas, sin antes prever que la calificación o no, de la falta compete al empleador quien además podrá establecer la gravedad de las mismas y las posibles sanciones a imponerse, quedando entre sus facultades la formulación de una denuncia penal, e inclusive el inicio del procedimiento de despido por falta grave, las que pueden ser objeto de cuestionamiento al interior de un proceso judicial por parte del accionante.
- Es de anotar que posibilidad de haber puesto en conocimiento del accionante la formulación de una denuncia penal y/o el inicio del procedimiento de despido por falta grave, no puede en el presente caso ser considerado un supuesto de intimidación, debido a que el accionante tenía pleno conocimiento de una serie de circunstancias que podían ser consideradas faltas, siendo que fue a su consideración que las mismas no ameritaban tal naturaleza, lo que corrobora un conocimiento previo y existente que no pueden ser catalogados como fraudulentos; a partir de ello, se infiere que, dentro de sus atribuciones, la demandada tenía el derecho de actuar del modo como le indicó a su trabajador, no pudiendo constituirse él mismo como una intimidación, en pro de obtener el acto de renuncia.
SUMILLA: La renuncia constituye una manifestación libre y voluntaria del trabajador en la que se evidencia el deseo de dar por concluido el vínculo laboral, siendo que en caso de alegarse la intimidación, esta deberá ser probada de manera fehaciente, al interior del proceso.
SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
CASACIÓN LABORAL N° 17573-2016 LAMBAYEQUE
Reposición por despido fraudulento
PROCESO ABREVIADO – NLPT
Lima, trece de marzo de dos mil dieciocho.
VISTA; la causa número diecisiete mil quinientos setenta y tres, guion dos mil dieciséis, guion LAMBAYEQUE, en audiencia pública de la fecha; interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo, con la adhesión de los señores jueces supremos: Arévalo Vela, Yrivarren Fallaque y Rubio Zevallos; y el voto en discordia del señor juez supremo Yaya Zumaeta, con la adhesión de la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana; y luego de producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:
MATERIA DEL RECURSO:
Se trata del recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, Mexichem Perú Sociedad Anónima, mediante escrito presentado con fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, que corre de fojas trescientos ochenta y siete a trescientos noventa y siete, contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha uno de agosto de dos mil dieciséis, que corre de fojas trescientos setenta y ocho a trescientos ochenta y cuatro, que confirmó la Sentencia apelada contenida en la resolución de fecha diez de agosto de dos mil quince, que corre de fojas trescientos veinticuatro a trescientos treinta y dos, que declaró fundada en parte la demanda; en el proceso seguido por el demandante Wladimir Cesar Quesquén Saavedra, sobre reposición por despido fraudulento.
CAUSALES DEL RECURSO:
El recurso de casación ha sido declarado procedente mediante resolución de fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete, que corre de fojas sesenta y sesenta y tres, corregida por resolución de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, que corren a fojas noventa a noventa y uno del cuaderno formado, por las causales de infracción normativa por inaplicación del artículo 215° del Código Civil e infracción normativa por interpretación errónea del artículo 217° del mismo Código, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto.
CONSIDERANDO:
Primero: Antecedentes del caso
a) Pretensión:
Conforme se aprecia de la demanda que corre de fojas cincuenta y siete a sesenta y cinco, el actor pretende la reposición por despido fraudulento y el pago de las remuneraciones devengadas desde la fecha del despido hasta la fecha efectiva de la reposición.
b) Sentencia de primera instancia:
El Séptimo Juzgado de Trabajo de la Provincia de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante Sentencia de fecha diez de agosto de dos mil quince, que corre de fojas trescientos veinticuatro a trescientos treinta y dos, resolvió declarar fundada en parte la demanda.
c) Sentencia de segunda instancia:
El Colegiado de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque mediante Sentencia de Vista de fecha uno de agosto de dos mil dieciséis, que corre de fojas trescientos setenta y ocho a trescientos ochenta y cuatro, confirmó la Sentencia apelada contenida en la resolución de fecha diez de agosto de dos mil quince, que corre de fojas trescientos veinticuatro a trescientos treinta y dos, resolvió confirmar la sentencia apelada que declaró fundada en parte la demanda.
Segundo: Infracción normativa
La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. Sobre los alcances del concepto de infracción normativa, quedan comprendidas en la misma las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56° de la Ley número 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley número 27021, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma, incluyendo otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.
Tercero: Delimitación del objeto de pronunciamiento
Conforme a la causal de casación declarada procedente en el auto calificatorio del recurso de fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete, que corre en fojas sesenta a sesenta y tres del cuaderno de casación, corregido mediante resolución de fojas ochenta y seis a ochenta y siete; la presente resolución debe circunscribirse a delimitar si se ha incurrido en: infracción normativa por inaplicación del artículo 215° del Código Civil e infracción normativa por interpretación errónea del artículo 217° del Código Civil.
Cuarto:
Con relación a la causal denunciada, debe tenerse en cuenta que dichos dispositivos prescriben lo siguiente:
“Intimidación
Artículo 215.- Hay intimidación cuando se inspira al agente el fundado temor de sufrir un mal inminente y grave en su persona, su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o en los bienes de unos u otros. Tratándose de otras personas o bienes, corresponderá al juez decidir sobre la anulación, según las circunstancias”.
(…)
“Supuestos de no intimidación
Artículo 217.- La amenaza del ejercicio regular de un derecho y el simple temor reverencial no anulan el acto”.
[Continúa…]
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