Colegio respalda paro preventivo nacional de 48 horas de trabajadores del Ministerio Público

Los trabajadores del Ministerio Público vienen llevando a cabo, desde este martes 25 hasta hoy, un paro preventivo nacional de 48 horas. Entre sus reclamos, exigen el pase de los servidores CAS al Régimen Laboral 728 y el incremento presupuestal institucional a la Fiscalía y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio colectivo.

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Medios locales han reportado que la medida ha sido acatada en Huánuco, Puno, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancayo y más regiones. «Ya nuestros pares del Poder Judicial lo han conseguido, no entendemos por qué a nosotros se nos sigue postergando», declaró Yerson Chaupis Soto, dirigente sindical de Huánuco.

Asimismo, Valentín Huayllapuma Lima, dirigente sindical de Puno, señaló a Radio La Decana que existen 20 000 trabajadores CAS y que 300 pertenecen a su región. Indicó también que exigen la entrega de uniformes institucionales 2025 y la implementación del cuarto tramo de la escala remunerativa.

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Al respecto, el Colegio de Abogados de Puno «respaldo de manera contundente» la medida y rechazó cualquier amedrentamiento, presión o represalia contra los trabajadores. Ante ello, la orden alegó:

Exigimos al estado decisiones inmediatas, no excusas: Hacemos un llamado enérgico al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Justicia y al propio Ministerio Público a dejar de lado la indiferencia y abrir, sin demora, un proceso de negociación serio, responsable y con resultados concretos. La inacción no solo agrava el conflicto: afecta directamente a la ciudadanía.


PRONUNCIAMIENTO EN FIRME RESPALDO A LA HUELGA NACIONAL DE LOS
TRABAJADORES DEL MINISTERIO PUBLICO

El señor decano y su Junta Directiva – Gestión 2025 – en pleno del Ilustre Colegio de Abogados de Puno, fiel a su deber de defender el Estado de Derecho, la dignidad laboral y la integridad del sistema de justicia, se dirige a la población para expresar su posición con la mayor claridad y firmeza:

PRIMERO: CONDENAMOS LA DESATENCION SISTEMATICA HACIA LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO PUBLICO: Durante años, el Estado ha mantenido en precariedad a los trabajadores quienes sostienen dia a dia la función fiscal, tratando de brindar un servicio eficaz que exige la poblacion. Esa indiferencia institucional no solo vulnera derechos laborales; debilita peligrosamente la lucha contra el crimen y la corrupción. Esta situación es inaceptable.

SEGUNDO: RESPALDAMOS DE MANERA CONTUNDENTE LA HUELGA NACIONAL: El derecho a la huelga – reconocido en la Constitución y en los convenios internacionales de la OIT – no puede ser criminalizado ni minimizado. Los trabajadores del Ministerio Publico no están pidiendo privilegios: están exigiendo justicia laboral frente a deudas históricas somo son: a) Pase de los servidores CAS al Régimen Laboral 728; b) Incremento presupuestal institucional al Ministerio Publico.

TERCERO: EXIGIMOS AL ESTADO DECISIONES INMEDIATAS, NO EXCUSAS: Hacemos un llamado enérgico al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Justicia y al propio Ministerio Público a dejar de lado la indiferencia y abrir, sin demora, un proceso de negociación serio, responsable y con resultados concretos. La inacción no solo agrava el conflicto: afecta directamente a la ciudadanía.

CUARTO: AMEDRENTAMIENTO O REPRESALIA: Toda medida intimidatoria contra trabajadores que ejercen un derecho constitucional merece nuestro mas rotundo rechazo. La defensa de la legalidad incluye defender a quienes trabajan para sostenerla.

QUINTO: RECORDAMOS QUE SIN TRABAJADORES DIGNIFICADOS NO HAY JUSTICIA EFECTIVA: Pretender un Ministerio Público eficiente mientras se mantiene a su personal en condiciones precarias es una contradicción que hiere al sistema de justicia y a la democracia. La mejora laboral no es una concesión: es una obligación del Estado.

SEXTO: EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE PUNO PERMANECERÁ VIGILANTE: Nos mantendremos alertas ante cualquier vulneración de derechos y continuaremos respaldando a los trabajadores en su justa movilización. La defensa del Estado de Derecho también exige defender a quienes sostienen su funcionamiento diario.

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Periodista. Bachiller en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Con experiencia en temas internacionales, deportes y redacción publicitaria. Antes en Diario La República. Hoy en el área de Redacción periodística de LP Derecho.