El Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho expresó su rechazo contundente a la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reincorporar a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, calificándola como una medida ilegal, arbitraria y contraria a la Constitución.
Mediante un pronunciamiento oficial, la institución advirtió que esta decisión vulnera el artículo 158° de la Carta Magna, al interferir en la autonomía del Ministerio Público y al permitir que una autoridad administrativa imponga decisiones sobre un órgano constitucionalmente autónomo.
Asimismo, el gremio calificó de inconstitucional e injustificada la restitución de Benavides, señalando que se omitieron los principios de legalidad y motivación, y que se ignoraron los cuestionamientos éticos que derivaron en su suspensión. Alertó también sobre el grave impacto que esta medida puede tener en la confianza ciudadana y la lucha contra la corrupción.
Finalmente, el Colegio demandó la inmediata rectificación de la decisión por parte de la JNJ y llamó a otras instituciones y a la sociedad civil a mantenerse vigilantes ante cualquier amenaza contra la independencia del sistema de justicia y el Estado de Derecho.
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE AYACUCHO
PRONUNCIAMIENTO
Ante la ilegal y arbitraria decisión de reincorporar a la señora Patricia Benavides Vargas como Fiscal de la Nación, el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho manifiesta lo siguiente:
1. Defensa irrestricta del orden constitucional y del Estado de Derecho
El Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, en cumplimiento de su deber institucional de velar por la legalidad, la justicia y el respeto del Estado de Derecho, rechaza tajantemente la decisión adoptada por la Junta Nacional de Justicia en el sentido de restituir a la señora Patricia Benavides Vargas en el cargo de Fiscal de la Nación, por considerarla contraria al orden constitucional, violatoria del principio de autonomía del Ministerio Público y ajena a los estándares mínimos de razonabilidad y legalidad administrativa.
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2. Vulneración del artículo 158° de la Constitución Política del Perú
El artículo 158° de la Constitución establece con meridiana claridad que el Ministerio Público es un órgano autónomo, cuya estructura y funcionamiento deben respetar dicha garantía constitucional. La injerencia o imposición de autoridades en dicho órgano constitucional autónomo, por decisión administrativa o política de otro ente —en este caso, la Junta Nacional de Justicia—, constituye una intromisión inadmisible que vulnera el diseño institucional previsto por la Carta Magna de 1993.
3. Carácter inconstitucional de la decisión de reincorporación
La reincorporación de la señora Patricia Benavides no responde a un procedimiento objetivo, transparente y legalmente habilitado. Dicha decisión prescinde de criterios jurídicos válidos, omite el principio de motivación suficiente y desconoce las causas públicas de cuestionamiento ético y funcional que motivaron su suspensión. Esta actuación compromete gravemente la legitimidad de los órganos encargados de garantizar la idoneidad moral y profesional de quienes ejercen cargos de alta responsabilidad en la administración de justicia.
4. Riesgo para la independencia y credibilidad del sistema de justicia
La restitución de una persona investigada por presuntos actos de corrupción en la más alta función del Ministerio Público mina la confianza ciudadana en la justicia, debilita la lucha contra la impunidad y proyecta una peligrosa señal de tolerancia institucional frente a conductas gravemente cuestionadas. Como Colegio profesional, no avalamos decisiones que desnaturalizan la función fiscal ni que socavan la integridad del sistema penal.
5. Exigimos la inmediata rectificación de dicha decisión
El Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho exige a la Junta Nacional de Justicia la inmediata rectificación de esta medida arbitraria y contraria a derecho, en respeto a la institucionalidad democrática, la separación de poderes y la manda constitucional. Asimismo, exhortamos a todos los Colegios de Abogados del país, así como a la sociedad civil y a las fuerzas democráticas, a permanecer vigilantes ante cualquier intento de quebrantar la autonomía del Estado.
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