CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO

Sala Penal de Apelaciones en adición Sala Penal Liquidadora y Sala Anticorrupción de Puno

Expediente: 682-2011-50-2101-JR-PE-02
Procedencia: Juzgado Penal Colegiado de Puno
Delito: Disturbios
Imputado: Walter Aduviri Calisaya
Agraviado: Estado Peruano.
Materia: Apelación de sentencia
Director de Debates: J.S. Oscar Fredy Ayestas Ardiles

SENTENCIA DE VISTA 262 – 2019

RESOLUCIÓN 116

Puno, veinte de diciembre del año dos mil diecinueve

1.- VISTOS Y OÍDOS.

En audiencia pública y oral realizada por los miembros integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, en adición a sus funciones Sala Penal Anticorrupción y Liquidadora de Puno, Presidida por el señor Juez Superior OSCAR FREDY AYESTAS ARDILES (Director de Debates), e integrada por los señores Jueces Superiores ROGER DÍAZ HAYTARA e IVAN VICTOR ARIAS CALVO con la intervención de los sujetos procesales; la señorita Fiscal Superior GUADALUPE MANZANEDA PERALTA, de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Puno; el abogado LUIS ALBERTO CASAVERDE REYNA, en representación de la Procuraduría Especializada en delitos contra el Orden Público del Ministerio del Interior; y el abogado PABLO RICARDO ABDO como defensa técnica del acusado presente WALTER ADUVIRI CALISAYA; cuyos datos de acreditación se encuentran registrados en el sistema de audio.

IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO.

En el presente proceso se juzga a don WALTER ADUVIRI CALISAYA, con Documento Nacional de Identidad N° 40958474, natural del distrito de San Rosa, Provincia de El Collao y Departamento de Puno, nacido el ocho de agosto de mil novecientos ochenta, sus padres, don Pablo y doña Bonifacia, de estado civil soltero, con domicilio real en la Comunidad de Llusta del distrito de Santa Rosa, Provincia de El Collado y Departamento de Puno, con grado de instrucción Superior Completa, corroborado con su ficha de RENIEC.

MATERIA DE GRADO.

Viene a este órgano jurisdiccional el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Walter Aduviri Calisaya y el Procurador Público Adjunto Especializado en Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior, contra la sentencia contenida en la resolución N° 105 de fecha 26 de agosto de 2019, mediante la cual, el Juzgado Penal Colegiado de Puno, FALLA:

“PRIMERO. –  DESVINCULÁNDONOS de la acusación fiscal, en relación al grado de participación atribuido al acusado WALTER ADUVIRI CALISAYA, de COAUTOR a COAUTOR NO EJECUTIVO.

SEGUNDO: CONDENAMOS al acusado WALTER ADUVIRI CALISAYA, (…), como COAUTOR NO EJECUTIVO de la comisión del delito CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA, en su modalidad de Delitos contra la Paz Pública, en su forma de DISTURBIOS, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 315°, del Código Penal, en agravio del ESTADO PERUANO, representado por la Procuraduría Pública Especializada en delitos contra el Orden Público del Ministerio del Interior. En consecuencia, LE IMPONEMOS SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD efectiva, la misma que se computará desde su reclusión en el Establecimiento Penitenciario que determine la autoridad penitenciaria. DISPONEMOS la ejecución provisional de esta sentencia condenatoria, aunque fuere objeto de impugnación, para su cumplimiento, cúrsese el oficio correspondiente a la Policía Nacional del Perú, ordenándose su captura y posterior internamiento en el Establecimiento Penitenciario que designe la autoridad Penitenciaria.

TERCERO: FIJAMOS por concepto de reparación civil la suma de DOS MILLONES DE SOLES que el sentenciado Walter Aduviri Calisaya deberá pagar a favor del Estado Peruano, representado por la Procuraduría Pública Especializada en delitos contra el Orden Público del Ministerio del Interior. (…)” Con lo demás que contiene.

HECHOS IMPUTADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO.

Circunstancias Precedentes: Con fecha 29 de noviembre de 2007, mediante Decreto Supremo N°083-2007-EM, la Presidencia de la República, ante el petitorio minero denominado Proyecto de Concesión Minera «Santa Ana», solicitado por la empresa internacional Bear Creek Mining Company Perú, declaró de necesidad pública la inversión privada de tal actividad minera, para que pueda adquirir y poseer concesiones y derechos sobre minas y recursos complementarios para el mejor desarrollo de sus actividades productivas, dentro de los 50 kilómetros de la frontera sur del país; autorizándose a la citada empresa minera a adquirir siete derechos mineros ubicados en el departamento de Puno, en la zona fronteriza con Bolivia, específicamente en los distritos de Huacullani y Kelluyo de la provincia de Chucuito. Antecedente sobre el cual, durante el año 2011, en el marco de la producción de políticas nacionales de «inversión minera» implementadas por el gobierno peruano; en la región Puno se continuaban otorgando concesiones para una variedad de lotes de explotación de minerales; encontrándose aún en trámite (fase de exploración y explotación) el referido Proyecto de Concesión Minera «Santa Ana», que hasta el día 02 de marzo de 2011, había presentado ya su Proyecto de Estudio de Impacto Ambiental solicitando su aprobación para así poder continuar con las fases de exploración y explotación de minerales en los distritos de Huacullani y Kelluyo. Situación ésta, que originó una inmediata respuesta desacorde por parte de la población habitante en los lugares aledaños a los referidos lotes de concesión minera (Pobladores de Kelluyo, Pizacoma y un sector de Huacullani), quienes en protesta por los irreparables daños al medio ambiente ocasionados por las actividades de explotación minera y los pasivos mineros, comenzaron a realizar constantes reuniones de grupos de pobladores entre ellos tenientes gobernadores, dirigentes, autoridades locales y el pueblo en general con la finalidad de asumir acuerdos en rechazo a la política minera asumida por el Gobierno Central; reuniones tales que fueron presididas por la persona de Walter Aduviri Calisaya, quien se iba presentando ante la población como líder defensor de los derechos socio-ambientales de los pueblos afectados por las constantes actividades mineras desarrolladas en la región. Dejándose de esta manera asentada la evidente política anti minera registrada en la mentalidad de los pobladores de las zonas afectadas por la actividad minera. Así, en fecha 02 de marzo de 2011, en una reunión de más de cinco mil personas, en la Plaza de Armas del Distrito de Desaguadero-Chucuito, abordaron acuerdos para la defensa de los recursos hídricos de la cuenca del Lago Titicaca, respeto a los derechos de la propiedad de la tierra y exigir el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); así como acordaron no permitir la explotación de mineral de la mina Santa Ana, conformándose para tales fines un comité de lucha, presidido por Walter Aduviri Calisaya, Rufino Machaca Quinto y Patricio Illacutipa Illacutipa; para solicitar al Consejo Regional de Puno la promulgación de una ordenanza regional, prohibiendo las concesiones mineras en la región de Puno, declarando además ilegal el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado por la Minera Santa Ana, ya que manifestaban que no se habría tenido en cuenta el Convenio 169 de la OIT, que incumbe la consulta a la población afectada, previo a la adopción de una política estatal. Ante tal petitorio, el día 17 de marzo de2011, Consejeros de la Región Puno, en Sesión de Consejo aprobaron por mayoría la Ordenanza Regional N° 05-2011-GRP-CRP, que en su artículo primero declaraba a la región como área no admisible para denuncios, concesiones, exploraciones y explotaciones de toda actividad minera y de hidrocarburos, por su trascendencia histórica, costumbres y tradiciones milenarias culturales y estar dedicada de manera exclusiva a la actividad agrícola, pecuaria y pesquera. Ordenanza que fue aprobada con los votos de ocho consejeros, dos en contra y tres abstenciones (entre ellos figuran los consejeros por la Provincia de Puno, Chucuito, Juli, Sandia y Yunguyo); ocasionando como consecuencia una serie de críticas hacia el Legislativo Regional, por existir varias omisiones que se denunciaban se inobservaron al momento de la aprobación de la ordenanza. No obstante tales cuestionamientos, el día 22 de marzo de 2011, ante la presencia de aproximadamente dos mil pobladores aimaras, reunidos en la plaza principal del Centro Poblado de Yohorocco, distrito de Huacullani – Chucuito, donde se realizaba el informe de las gestiones realizadas por el comité de lucha transitorio, Walter Aduviri Calisaya como representante del comité de lucha, anunció la aprobación de la Ordenanza Regional 005-2011, pero denunciaba ante la población la negativa del Presidente Regional a promulgar dicha ordenanza; razón por la que, tras varias horas de debate, como punto principal, los pobladores reunidos y presididos por sus dirigentes acordaron adoptar una medida de protesta denominada «marcha de sacrificio para el 30 de marzo 2011», para solicitar la promulgación de la Ordenanza Regional 005-2011, documento que prohibía las concesiones mineras en la región, o de lo contrario pedirían la revocatoria del Presidente Regional; reunión en la que se ratificó además la conformación del Frente de lucha por un periodo de seis meses continuando como principales dirigentes Walter Aduviri Calisaya, Gilver Chura Yupanqui y Patricio Illacutipa lllacutipa. De manera paralela, el día 28 de marzo de2011, la Cámara de Comercio de la ciudad de Puno, manifestaba su rechazo a la referida Ordenanza Regional N° 005-2011, que declaraba a la región como zona no admisible para concesiones mineras, alegando que tal ordenanza retrasaría el desarrollo de la región, denunciándose en lo demás que el Consejo Regional atentaba contra la inversión y las leyes de promoción de la actividad minera, motivo por el cual se deberían reexaminar dichas ordenanzas analizando la situación de las inversiones como sucedía en otras regiones del país. En adelante, con fecha 30 de marzo de2011, ante la negativa del Presidente Regional de Puno, Mauricio Rodríguez Rodríguez para firmar la ordenanza regional que prohibía las concesiones mineras en Puno, Walter Aduviri Calisaya junto a otros dirigentes del comité de lucha, organizaron la denominada marcha de sacrificio de 2,000 pobladores hacia Puno, provenientes de los sectores de Kelluyo, Desaguadero, Pomata, Juli, Chucuito, Capazo, Yunguyo, El Collao, Acora y Zepita. Efectuándose la citada marcha el día 06 de abril de2011, cuando un aproximado de siete mil pobladores de los distritos de Desaguadero, Zepita, Kelluyo, Mazocruz, Queñuani y Comunidades aledañas pertenecientes a la Provincia de Chucuito se concentraron en el distrito de Juli, provistos de pancartas, cartelones, gigantografías, arengando la renuncia del Presidente del Gobierno Regional de Puno, -el entonces Mauricio Rodríguez Rodríguez- y la inmediata suspensión de la actividad minera por parte de la empresa Minera Santa Ana, organizando la protesta Walter Aduviri Calisaya y otros dirigentes, quienes abordaron con la población reunida el tema de la minería y la contaminación del medio ambiente, habiendo participado como voceros en la reunión, entre otras personas, los dirigentes: Rufino Machaca Quinto (Secretario del Frente de Defensa), Patricio lllacutipa lllacutipa (Vicepresidente del Frente de Defensa), Pablo Salas Charca (Miembro del CONACAMI-Lampa), quienes criticaron las acciones del Gobierno Central, Regional y Local, rechazando rotundamente las actividades mineras de la Región Puno, exigiendo al Ministerio de Energía y Minas la suspensión de las actividades de la Empresa Santa Ana, y convocando a un paro regional de 48 horas para los días 25 y 26 de abril 2011. Así, con fecha 25 de abril de 2011, ya se encontraba constituido el denominado Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur Puno (en adelante FDRNZS-P, presidido por sus dirigentes Walter Aduviri Calisaya, Rufino Machaca Quinto, Gilver Chura Yupanqui, Patricio lllacutipa lllacutipa, Domingo Quispe Tancara, Javier Parí Sarmiento (Presidente del Frente de Defensa de Desaguadero, quien contó con el apoyo de los tenientes gobernadores de la jurisdicción entre ellos  Gregorio Ururi Fernández, Félix lllacutipa Mamani, Gregoria Calizaya Pineda, Pedro Cruz Pari, Rosendo Mendoza Condori y Francisca Sarmiento Choque), organizaron y dirigieron el paro de 48 horas los días 25 y 26 de abril 2011 en contra del Gobierno Regional y del Gobierno Central, realizando una movilización en contra de la minería; al que se sumaron autoridades locales y representantes de organizaciones sindicales y sociales de sus sectores locales, organizando y coordinando los acuerdos del FDRNZS-P con los pobladores de sus respectivas comunidades, a fin de participar activamente en el paro anti minero. Posterior a ello, en fecha 06 de mayo de 2011, en la sede del Ministerio de Energía y Minas – Lima, se reunieron el Vice Ministro de Energía y Minas Fernando Gala, el Presidente del Gobierno Regional de Puno Mauricio Rodríguez Rodríguez, ocho consejeros regionales y el Congresista por Puno Tomás Cenzano, iniciándose la reunión con la aclaración que realizó el Viceministro de Energía y Minas sobre que el proyecto «Santa Ana» de la empresa «Bear Creek» no podía realizar actividad minera en el Distrito de Huacullani, Provincia de Chucuito-Juli-Puno, debido a que no contaba con la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Así como el Presidente del Gobierno Regional y los Consejeros, coincidieron en señalar que había mucha desinformación de la Región Puno respecto al tema de concesiones mineras y estudios de impacto ambiental, lo que originaba que se insista en solicitar la suspensión de las concesiones mineras de la región y el retiro definitivo de la empresa Santa Ana a fin de evitar un paro indefinido anunciado por el FDRNZS-P para el día 09 de mayo 2011, razón por la cual, el Viceministro de Energía y Minas, Fernando Gala, anunció a dichas autoridades la próxima visita a la ciudad altiplánica (para el 09/05/11), de cuatro funcionarios del Ministerio de Energía y Minas a fin de que conferencien temas referidos a la actividad minera en la región Puno. No obstante los intentos de diálogo con los dirigentes del FDRNZS-P; en fecha 09 de mayo 2011, pobladores de la Zona Sur de Puno, dirigidos por Walter Aduviri Calisaya y otros dirigentes, iniciaron a nivel de la región el paro indefinido, bloqueando vías de comunicación con piedras a la altura del Distrito de Zepita, sectores Parco y Chua-Chua, carretera Puno-Desaguadero, así mismo la carretera binacional Desaguadero-Moquegua, altura del sector Carancas, Huayatiri desvió del distrito de Kelluyo y Yorohoco; solicitando que los representantes de la mina Santa Ana formalicen un documento anunciando su retiro definitivo de Huacullani; además que el Presidente Regional de Puno, firme la ordenanza regional N°005-2011; solicitando en lo demás la presencia de una comisión de Alto Nivel presidida por el Ministro de Energía y Minas. Posteriormente, en fecha 17 de mayo de 2011 el Ministerio de Energía y Minas acepta el diálogo con los dirigentes del FDRNZS-P, enviando una delegación presidida por el Viceministro Fernando Gala, reuniéndose con unos 70 dirigentes en la que participaron Walter Aduviri Calisaya, Patricio lllacutipa lllacutipa, Gilver Chura Yupanqui, Eddy Uriarte Chambilla, Gregorio Ururi Fernández, Wilson Quispe Mendoza, Edgar Chipana Nina, Javier Pari Sarmiento, Emilio Paredes Pari, Domingo Quispe Tancara, entre otros dirigentes, así como el Presidente Regional Mauricio Rodríguez Rodríguez y los alcaldes de los distritos protestantes Juan Carlos Aquino Condori (Desaguadero), Miguel Huallpa Choque (Kelluyo), Valentín Huanchi Huallpa (Cuturapi) y Rodolfo Felipe Castillo Jiménez (Zepita). En el desarrollo de la reunión, los dirigentes del FDRNZS-P se comprometen a no realizar actos de violencia en el paro que sostenían, por su parte, el Presidente del Gobierno Regional Mauricio Rodríguez, señaló que Huacullani aprobaba el proyecto Santa Ana, narró los resultados de los estudios de impacto ambiental, circunstancias en que los dirigentes comenzaron a esbozar arengas y pifiar el informe; para después de dos días culminar la negociación sin resultado positivo alguno; por lo que el Presidente del Gobierno Regional, tuvo que aceptar firmar la ordenanza que anulaba las concesiones mineras, señalando que lo hacía en contra de su voluntad y para propiciar un entendimiento con la población manifestante. Continuando con las reuniones de negociación propuestas por el gobierno central, el día 19 de mayo de2011, arribó la comisión de Alto Nivel, integrada por el Viceministro de Energía y Minas, Sr. Fernando Gala Soldevilla, Viceministro de Agricultura Luis Sánchez, Viceministro del Interior, Jorge Luis Caloggero Encinas, Viceministro de Cultura Bernardo Alonso De la Cruz Rocarey, Representante del Ministerio del Medio Ambiente, Ana Palomino Sotelo, Director de la Oficina de Conflictos de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Ronald Ibarra y Víctor Aragón, encargado del Ministerio del Interior Paúl Paredes Sánchez y Narciso Huamán Raymi, Prensa de Energía y Minas Paola Placido Salas, Director de Electrificación de Energía y Minas Marco Mendoza Becerra; para sostener una reunión en el aeropuerto Inca Manco Capac de Juliaca; acordando sin embargo retirarse con destino a la ciudad de Arequipa en razón de no contar con las garantías del caso, al haber sido informados que un aproximado de cinco mil personas los esperaban en la Plaza de Armas de Puno; por lo que previamente procedieron a entregar al Director de la XII DIRTERPOLPNP-Puno General PNP Tomas Guibert Sagástegui la Resolución Vice Ministerial N° 589-2011-VMPCIC-MC del 13 de mayo 2011 -firmada por el Viceministro de Patrimonio Cultural e Industria Culturales-, que declaraba Patrimonio Cultural de la Nación al monumento arqueológico prehispánico «Cerro Khapia» que delimita a los distritos de Yunguyo, Copani, Pomata, y Zepita, estableciendo que cualquier proyecto de obra nueva, caminos, carreteras, canales, denuncios mineros o agropecuarios, obras habitacionales y otros que pudiese afectar o alterar el paisaje de los monumentos arqueológicos prehispánicos declarados Patrimonio Cultural de la Nación, deberán contar con la aprobación previa del órgano competente del Ministerio de Cultura. El día 20 de mayo 2011, retorna a Puno la referida comisión, sosteniendo una reunión de dialogo con el Presidente del Gobierno Regional de Puno Mauricio RODRÍGUEZ, Alcalde Provincial de Yunguyo Walker Chalco Rondón y diez alcaldes provinciales de la zona Sur de Puno, reunión que se llevó a cabo, en el Cuartel de N° 04 Coronel La Rosa – Juliaca; donde el presidente de la Comisión de Alto Nivel en la Mesa de Diálogo presentó un proyecto de ley -sin firmas- sobre mecanismos para ver la normatividad legal sobre la Mina Santa Ana, siendo analizado entre los presentes, y al advertir que el referido documento no estaba firmado, los alcaldes procedieron a abandonar la mesa de diálogo a horas 18:45aproximadamente, retirándose con dirección a Puno. Seguidamente los alcaldes que participaron de la mesa de diálogo se hicieron presentes en la Plaza de Armas de Puno, donde luego de informar a los pobladores el «rompimiento del dialogo», procedieron a quemar copia de la Resolución Ministerial N° 589-2011-VMPCIC-MC de fecha 13 de Mayo 2011 en la que declara patrimonio cultural de la Nación al monumento arqueológico pre-hispánico del cerro Khapia, por considerar que el mencionado cerro había sido entregado al Estado y que los pobladores no podrán asistir al mismo en forma libre sino solicitando permiso al Ministerio de Agricultura. A horas 20:25, Walter Aduviri Calisaya en la ciudad de Puno, convoca a todos los dirigentes presentes de la Zona Sur, para adoptar medidas de protesta sobre el asunto informado, decidiendo retornar a sus lugares de origen para reforzar los bloqueos y nuevamente retornar el 23 de mayo del 2011 y continuar con su medida de fuerza.

Circunstancias Concomitantes: Como consecuencia de los hechos precedentes y después de la reunión sostenida el día viernes 20 de mayo 2011, los dirigentes del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, realizaron asambleas en Desaguadero y Juli, a fin de acordar la adopción de medidas radicales en el paro; retornando a Puno el día lunes 23 de mayo de 2011, en que un aproximado de 9,000 pobladores provenientes de la zona Sur de Puno (Yunguyo, Huacullani, Zepita, Desaguadero y Juli), a bordo de diferentes vehículos camiones, entre otros y con motivo de protestas mineras arribaron a la ciudad de Puno, cercando los límites de la urbe y bloqueando la salida Puno – Desaguadero. Concentrándose los manifestantes en la Plaza de Armas de Puno, el parque Mariátegui y el Campo deportivo de la Urbanización Chanu Chanu, utilizando el campo deportivo del Cuartel del Ejército Peruano «Manco Capac» como lugar de descanso y resguardo de los vehículos en los cuales se habían trasladado hasta la ciudad de Puno; dándose inicio de ésta manera a la denominada «huelga indefinida de protesta anti minera» asumida por el Frente de Defensa de Recursos Naturales de la Zona Sur Puno. Al día siguiente, 24 de mayo de 2011, se radicalizan las medidas de fuerza asumidas por el FDRNZS-P, realizando los manifestantes bloqueos con piedras en la Avenida El Sol – Puno, carreteras Puno-llave, Puno – Laraqueri y Puno – Juliaca, así como conformaron piquetes de aproximadamente 200 personas marchando por diversas arterias de la ciudad obligando a cerrar los centros comerciales y por medida de seguridad se paralizó el transporte urbano e interprovincial en su totalidad, así como los centros de abastos, las entidades bancarias, entre otros centros de atención al público, no desarrollando con normalidad sus actividades para evitar ser agredidos y sufrir daños materiales, y de otro lado los centros educativos suspendieron las labores escolares. Ante tal circunstancia, en fecha 25 de mayo de 2011, arriba a la ciudad de Juliaca una comisión de alto nivel integrada por el Vice Ministro de Energía y Minas Fernando Gala Soldevilla, Viceministro de Agricultura Luís Sánchez, Viceministro del Interior Jorge Luís Caloggero Encinas, Viceministro de Cultura Bernardo Alonso de La Cruz Roca Rey, Representante del Ministerio del Medio Ambiente Ana Palomino Sotelo, Director de la Oficina de Conflictos de la PCM Ronald Ibarra y Víctor Aragón, sosteniendo una reunión en las instalaciones del Cuartel del Ejército en Juliaca con los dirigentes de la Zona Sur-Puno, con la finalidad de dar solución a las medidas de fuerza, en donde deciden conformar dos comisiones multisectoriales, no llegándose a ningún acuerdo positivo, suspendiéndose la misma y «rompiéndose el dialogo» una vez más. En la misma fecha -25 de mayo de 2011-, en el local de la Unión de Comunidades Aimaras (UNCA), se convoca a grupos de reservistas -afines al etnocacerismo-, acordando radicalizar aún más sus medidas de protesta, para lo cual los reservistas deberían actuar como fuerza de choque; siendo estos grupos los que entraron en acción, previas reuniones en el Parque Mariátegui, lugar donde se concentraron los manifestantes al mando del acusado Gregorio Ururi Fernández Teniente Gobernador de Carancas sector Huanucollo, del distrito de Desaguadero. El día 26 de mayo del 2011, a horas 16:00 pm. aproximadamente, un promedio de 15,000 pobladores de la Zona Sur de Puno, continuaban con los bloqueos de la Avenida El Sol, la carretera Puno-Juliaca a la altura de Yanamayo, las vías Puno-Laraqueri, Puno-llave, no permitiendo el libre tránsito de vehículos, formando piquetes de lucha; y, bajo amenazas de saqueo, los manifestantes, obligaron el cierre de los centros comerciales y de abastos, cuyos representantes o propietarios también se vieron obligados a pegar carteles con la inscripción «viva el paro», por cuanto existía la amenaza de que iban a apedrear sus locales en caso de no colocar dicha inscripción; paralizándose de ésta manera las normales actividades y prestación de servicios públicos de transporte urbano e interprovincial en la ciudad de Puno. En horas de la tarde del mismo día 26 de mayo del 2011, los manifestantes del FDRNZS-P, provistos de zurriagos, palos, fierros, piedras, entre otros objetos contundentes, por grupos, procedieron a movilizarse a diferentes lugares de la ciudad de Puno; siendo que a horas 15:00 aproximadamente, movilizándose por el Jirón Puno, tercera cuadra, por donde a su paso lanzaban objetos contundentes a las instalaciones de la entidad bancaria «Mi Banco» ubicada en el Jr. Puno N° 334, ocasionando daños materiales en su estructura – rotura de vidrios-, pretendiendo incluso ingresar al interior, sin lograr dicho objetivo al no poder fracturar la reja metálica de ingreso: siguiendo su recorrido por el Jirón Arequipa hacia el Hotel Casona Plaza, Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa y la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cuzco, continuando su recorrido a horas 16:00 aproximadamente, ocasionando también daños materiales en las instalaciones de las referidas entidades. Otro grupo de manifestantes, se trasladó por inmediaciones del Jirón Lima, por donde proceden a lanzar piedras a las lunas de las ventanas y causar destrozos en los vidrios de las entidades bancarias Banco de Crédito del Perú, oficina del Diario Correo, Interbank, Banco Continental BBVA, casa de juegos Tragamonedas, esto a las 16:00 horas, para luego ambos grupos dirigirse a las instalaciones de la SUNAT y la ONG SOLARIS, ubicadas en el Jirón Arequipa, primera cuadra, donde previamente se agruparon en las calles de los jirones Deza y Oquendo, formando barreras de contención, a fin de impedir el tránsito de personas ajenas a la movilización, para luego proceder a forzar y fracturar las puertas de ingreso, sacando los bienes de las instituciones antes mencionadas, quemándolas en el frontis de dichas entidades; mientras que otros manifestantes causaban daños y saqueaban las instalaciones de la SUNAT y la ONG SOLARIS, aprovechando el desconcierto, zozobra y temor de las personas, habiéndose producido tales hechos entre horas 16:15 a 17:00 Continuando con los desmanes a horas 17:20 aproximadamente, los manifestantes acometieron las oficinas del Ministerio Público ubicado en el Jirón Teodoro Valcárcel N° 118, arrojando objetos contundentes ocasionando la rotura de vidrios que colindan con la parte exterior de dicha instalación, a fin de amedrentar y/o intimidar a los funcionarios de dicha institución, a que desistan de una posible participación investigadora sobre los hechos que se estaban suscitando. En tales circunstancias, otro grupo de manifestantes -naturales de la localidad de Juli-, partió desde el Campo deportivo de Chanu Chanu por la Avenida Ejército, donde lanzaron piedras hacia los vidrios de las ventanas, causando roturas de vidrios y otros daños materiales a las instalaciones del Ministerio Público ubicado en la avenida Laykakota N° 339, a las 16:00 horas aproximadamente; siguiendo su recorrido a la Plaza de Armas de Puno y luego a las 17.20 horas a las instalaciones de la Gobernación de Puno, ubicado en la intersección de los jirones Ricardo Palma y Tacna; y a las 18:00 horas, la Contraloría General de la República-Oficina Regional Puno, ubicada en el Jirón Arequipa N° 1052-1054, en donde en forma simultánea, se instalaron grupos de contención en las calles de acceso a las instituciones atacadas, así mismo, piquetes de huelguistas que se encargaban de amenazar a los transeúntes para que se retiren de las inmediaciones del lugar, premunidos de objetos contundentes como fierros, palos, zurriagos, hondas y con visibles signos de ebriedad agredían a las personas, restringiendo el paso por las inmediaciones y procediendo a violentar las puertas, sacando los bienes, enseres, documentación, equipos de cómputo y otros, que fueron incendiados en el frontis de los locales de dichas entidades. En el ataque al local de la Gobernación de Puno, concurrieron una turba de 2,000 manifestantes aproximadamente, provistos con objetos contundentes, piedras, palos, fierros, zurriagos, hondas y otros, los mismos que estaban dirigidos por una comitiva de cinco personas entre ellos una mujer, quienes exigían dialogar con el Gobernador Regional de Puno Víctor Urviola Garrido, a quien querían exponerle sus reclamos y exigirle la solución de los mismos, siendo el caso que ante la ausencia de la mencionada autoridad, los manifestantes proceden a causar daños materiales en su infraestructura, asimismo quemaron y saquearon el local de la Oficina de Telemática de la Policía Nacional del Perú (OFITEL), que funciona en el mismo inmueble, quemando la motocicleta con placa de rodaje interna LP-5517, marca Honda, modelo XR-250, material de comunicación, equipo de cómputo, documentación activa y pasiva, así mismo se causó daños en las instalaciones de Maestranza de la Policía Nacional de Puno, que también funcionaba en la parte posterior del local de la Gobernación; de igual forma los manifestantes quemaron la camioneta modelo HILUX con placa de rodaje Gl-0046, asignada a la Gobernación de Puno, así como el vehículo Volkswagen con placa de rodaje EI-6581, de propiedad del SOT1 PNP Edwin Chávez Chávez, hechos en los que se alude la participación del acusado Severo Efraín Iturry Gandarillas como una de las cinco personas que ingresaron al local de la Gobernación de Puno, quien portaba un megáfono con el cual azuzaba a la turba; asimismo al aproximarse a la puerta de ingreso a la Gobernación junto con otras cuatro personas, los manifestantes arrojaron una piedra a las lunas del segundo piso de la Gobernación ocasionando la rotura de vidrios, siendo que un fragmento del vidrio roto cae a la altura de la oreja derecha de Severo Efraín Iturry Gandarillas ocasionándole una herida y sangrado. En forma simultánea, otra parte de la turba de manifestantes que atacó la Gobernación de Puno, compuesta de aproximadamente 700 manifestantes, provistos con objetos contundentes, fierros, palos, piedras, zurriagos, hondas y con visibles signos de ebriedad, a horas 16:00proceden a cercar la cuadra en donde se encuentra la Contraloría General de la República-Oficina Regional Puno, ubicada en el Jirón Arequipa N° 1052-1054, formando columnas como contención en el Parque siete esquinas, jirones Arequipa, Orkapata y Chucuito, para luego a horas 18:00 aproximadamente, el grupo de ataque fractura la puerta de ingreso y procede a ingresar a las instalaciones para sacar los bienes enseres, equipos de cómputo, documentación, entre otros para ponerlos en el frontis y quemarlos, encontrándose entre los documentos sustraídos e incinerados información relevante acerca de investigaciones instauradas en contra de autoridades y ex autoridades municipales, locales y regionales. En el ataque a las instalaciones de la Contraloría, los manifestantes agredieron físicamente con golpes de zurriago al vigilante Walter Cruz Galindo, ingresando al interior de las instalaciones, mientras que los funcionarios de la entidad al observar la agresividad de los atacantes, procedieron a ponerse a salvo ante las amenazas de estos, de atentar contra su integridad física, huyendo por una puerta que colinda con el patio de la misma casa. Causándose además daños durante éste acto al local de la empresa Telefónica ubicada en la intersección de los jirones Moquegua y Federico More, así como la entidad Financiera Edpyme Edificar ubicado en el Jirón Arequipa en la misma cuadra en la que se encuentra ubicada la Oficina Regional de la Contraloría. Posterior a ello, a horas 16:30aproximadamente, otro grupo de manifestantes atacan la entidad financiera Caja Rural Los Andes ubicada en el Jirón Carabaya N°194-196de Puno, ocasionando la rotura de vidrios con objetos contundentes (piedras), así mismo a horas 19:05, atacaron las entidades financieras «RAÍZ» y «Epyme Edyficar», ubicadas en la Avenida El Sol, segunda y primera cuadra respectivamente de esta ciudad, mientras un grupo de manifestantes destrozaban los teléfonos monederos de propiedad de Telefónica del Perú, al terminar la jornada no hubo aparato alguno servible en las principales vías. Otro grupo de manifestantes trotaban con cánticos propios del Ejército Peruano, conformado esencialmente por jóvenes que atacaron la sucursal comercial de la tienda “Curacao” y las instalaciones de la Marina de Guerra del Perú, ubicado en la intersección de las avenidas El Sol con Titicaca, produciéndose los ataques en dos oportunidades, a horas 15:00 y 17:00 aproximadamente; continuando con los desmanes, a horas 19:00, los manifestantes atentan contra las instalaciones de la XII Dirección Territorial Policial-Puno ubicada en la Av. El Sol N° 450, lanzando objetos contundentes (piedras) y ocasionando la rotura de vidrios. Mientras ello ocurría en la ciudad, en el kilómetro 6 de la carretera Puno-Desaguadero, a horas 18:15 aproximadamente, un grupo de manifestantes de Pizacoma y Pomata, quienes tenían bloqueada la vía a la altura del grifo «Orión», ocasionaron daños en las instalaciones del hotel «José Antonio» ubicado en el kilómetro 6.5 de la mencionada vía, lanzando piedras y otros objetos contundentes, rompiendo los vidrios del referido hotel, causando daños de consideración. Además, este mismo grupo de manifestantes, violentó el inmueble de propiedad de Agustina Felicitas Cortez Ñaca, en donde ingresaron y ocasionaron daños materiales como rotura de parabrisas y otros en los vehículos con placa de rodaje RU-1181, RU-1217, RU-6283 y el vehículo con N° de serie JL-21307, de propiedad de Freddy Villasante Román. A horas 19:45. los manifestantes conformado en su mayoría por grupos de personas que entonaban cánticos propios del Ejército Peruano -que hacía suponer que se trataba de personas pertenecientes al etnocacerismo-, en un promedio de 200 personas aproximadamente, provistos de fierros, palos y piedras, atacaron el establecimiento comercial «La curacao”, ubicado en la esquina del Jirón Cahuide con Alfonso Ugarte, lugar donde violentaron la puerta de ingreso procediendo a saquear dicha tienda, sustrayendo, artefactos electrodomésticos y otros. Al mismo tiempo, otra turba de manifestantes aimaras, provistos de piedras, palos, fierros, zurriagos, hondas y hasta combustible, en un promedio de 3,000 a 4,000 manifestantes, atacaron las instalaciones de ADUANAS-PUNO, ubicada en el Jirón Leoncio Prado N° 698-Puno, lugar donde después de vencer la resistencia del personal del Ejército Peruano, conformada por 20 efectivos, procedieron a saquear dicha entidad estatal, sustrayendo los productos incautados que se encontraban almacenados en la misma, para luego proceder a quemar las instalaciones así como los vehículos asignados a Aduanas y otros que se encontraban bajo custodia y/o sometidos a procesos tributarios.

[Continúa …]

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Primera parte: