La Sala Plena del Corte Suprema aprobó hoy un conjunto de propuestas referidas al sistema de justicia denominado “Plan de Cambios Urgentes para el Poder Judicial”, que plantea entre otras medidas la democratización en el sistema de elección de las autoridades de esta institución.
El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, explicó que se trata de la elección del titular de la Corte Suprema y de las cortes superiores de todo el país por voto universal.
Otra de las propuestas dispone que como parte de la declaratoria de emergencia de este poder del Estado se proceda al desplazamiento de los magistrados supremos para visitar in situ las diferentes cortes superiores y conocer sus necesidades.
Asimismo, recomienda fortalecer la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) con la creación de “jueces contralores” con facultades de inspección y potestades preventivas a través de una especialidad judicial.
En este punto también se incluye la incorporación en el cuadro orgánico de la Ocma la Oficina de Investigaciones Especiales, integrada por investigadores profesionales que indaguen sobre casos graves y redes de corrupción.
Además, propone la repotenciación de la Academia de la Magistratura (Amag), que tendrá en adelante una nueva función que permitirá formar jueces y fiscales idóneos.
El documento plantea también modificaciones de la casación de manera que precise las resoluciones impugnables, los presupuestos de admisión e improcedencia y el control inicial por las cortes superiores a fin de controlar el ingreso de causas a la Corte Suprema.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PLENA
PLAN DE CAMBIOS URGENTES PARA EL PODER JUDICIAL
INTRODUCCIÓN
1. La crisis estructural del Poder Judicial, que se evidenció con la exposición pública de numerosos audios, por todos conocidos -derivados de una interceptación telefónica ordenada por un juez a propósito de un procedimiento de investigación penal por delito de organización criminal-, demanda una respuesta inmediata de los órganos de gobierno del Poder Judicial, de todos los jueces y del personal de funcionarios y trabajadores de este Poder del Estado. Desde la admisión de los defectos institucionales que padecemos, principalmente por obra propia, pero también de otros poderes públicos y del mundo forense, lo esencial es entender que el problema que atraviesa el Poder Judicial no solo es de personas -cuya responsabilidad debe dilucidarse objetiva y céleremente- sino de instituciones, de reglas y comportamientos institucionales –de las relaciones de poder en que se desenvuelve el Poder Judicial y que se extiende al conjunto de actores políticos y sociales—; de la propia cultura institucional, cuyos males se han agravado progresivamente, con el merecido descontento de la ciudadanía. Por lo demás, el descontento ciudadano se extiende a todos los poderes del Estado.
2. Las deficiencias de la cultura institucional, de integridad, eficacia, idoneidad y meritocracia; la ausencia de mecanismos apropiados de planificación y rendición de cuentas; la insuficiencia presupuestaria; y, entre otros, la falta de un sistema de control y gestión de riesgos de corrupción -hoy existente en organizaciones privadas y públicas, con experiencias interesantes en otros países-, ha desembocado en los graves problemas que presentamos y una percepción ciudadana que censura la labor del Poder Judicial,
3. En tal virtud, el presente documento concreta un conjunto de propuestas y de acciones, que necesitan, en un caso, cambios legales y, en otro, disposiciones internas. Pero sobre todo, se enfoca en el reconocimiento de una decidida voluntad institucional de generar transformaciones en la corporación judicial y garantizar mecanismos que den consistencia a las propuestas que se plantean. Sin una voluntad institucional de cambios, no cabe duda alguna, no será posible consolidar las necesarias transformaciones ni modificar la cultura institucional, que es mucho más que simples disposiciones legales y reglamentarias.
4. El “Plan de Cambios Urgentes” que se propone en esta primera etapa del cambio institucional, contiene un conjunto de propuestas y medidas que el Poder Judicial debe impulsar en lo inmediato. Expresa el trabajo articulado de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que establecerá una hoja de ruta para los primeros meses (agosto- octubre de 2018), en la que deben involucrarse todos los jueces, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial.
5. Un aspecto importante que es de reconocer -y con el que debe contarse— estriba en que la actuación e inserción del Poder Judicial en la institucionalidad del país no es única. El sistema de justicia tiene numerosos componentes (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo -con mayor énfasis: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Economía y Finanzas-, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Policía Nacional, Colegios de Abogados). El funcionamiento de la justicia envuelve a todas estas entidades y, por tanto, su cultura institucional y sus principios de actuación, modulan el desempeño del Poder Judicial, o obstante ello, es posible plantear alternativas concretas en nuestra organización, n perjuicio de las ineludibles acciones de coordinación interinstitucional.
II. PLANTEAMIENTO GENERAL
1. El “Plan de Cambios Urgentes” incidirá en tres áreas especialmente sensibles y que deben ser objeto de cambios al más breve plazo, tanto por la propia institución judicial como por los demás poderes públicos, en especial el Poder Legislativo. Estas áreas se refieren a: transformaciones orgánicas, lucha contra la corrupción y modificaciones a la legislación procesal.
2. En el Área de transformaciones orgánicas, se propondrán cambios (/) en la organización del gobierno judicial y su necesaria transparencia, (//) en la gestión de la carrera judicial, y (iii) en la coordinación interinstitucional. Las ideas fuerza serán: descentralización, participación de los jueces, evaluación del desempeño judicial y transparencia.
3. En el Área de lucha contra la corrupción, se formularán innovaciones (i) en la configuración profesional y fortalecimiento del control de la magistratura, y (ií) en la creación de un sistema de gestión de riesgo -radicado en la corrupción-. Las ideas fuerza serán: idoneidad profesional e integridad.
4. En el Área de modificaciones a la legislación procesal, se plantearan disposiciones legales para la modificación de la casación, el control del acceso de las causas a la Corte Suprema, la corrección de diversos procedimientos en sectores muy sensibles, la introducción del procedimiento monitorio (civil y penal), y la profundización en la tutela de las personas vulnerables y víctimas de violencia de género. Las ideas fuerzan serán: aceleramiento procesal, tutela jurisdiccional y eficacia.
5. Una gran parte de las propuestas que se enuncian habían sido objeto de los respectivos Proyectos de Ley -o de opiniones calificadas-, que, en su día, el Poder Judicial había entregado al Congreso. Lamentablemente, se mantienen las demoras en la aprobación de las leyes que se han propuesto, y se han desestimado varias de ellas.
III. ÁREA DE TRANSFORMACIONES ORGÁNICAS
1. La organización del Poder Judicial requiere reformas que, en sus aspectos básicos, sujetos a reactualizar, están planteadas en el Proyecto de Ley que se remitió al Congreso con fecha 11 de octubre de 2011.
[Continúa…]
