El Colegio de Abogados de Lima (CAL) se ha pronunciado sobre la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra la presidenta Dina Boluarte y otras autoridades por las muertes durante las protestas de 2023. El CAL enfatiza la gravedad de los hechos y la necesidad de una investigación imparcial y exhaustiva que determine las responsabilidades. Además, exhorta a la Fiscalía y a la CPI a actuar con celeridad y a la presidenta a deslindar responsabilidades, subrayando la importancia de no politizar el caso y de garantizar justicia para las víctimas.
CAL SE PRONUNCIA SOBRE DENUNCIA DE CIUDADANOS ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Respecto a la denuncia interpuesta por un grupo de ciudadanos contra la Presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, y otras autoridades por las muertes de varias personas durante las protestas de 2023 en la Corte Penal Internacional, el Colegio de Abogados de Lima expresa que, como se recuerda, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 hubo diversas manifestaciones violentas en el Perú que ocasionaron la muerte de 49 peruanos y, al menos, 344 heridos, incluidos policías. Por tales hechos, la Fiscalía de la Nación abrió dos carpetas fiscales por los delitos de genocidio-que ya fueron archivadas en julio de este año y por los delitos de homicidio y lesiones.
Los derechos humanos son universales e inalienables. Ninguna autoridad o persona tiene el derecho de atentar contra la dignidad humana ni de actuar con impunidad frente a las demandas legítimas de los ciudadanos. Los acontecimientos denunciados no solo constituyen una grave violación de los derechos humanos, sino que también vulneran los principios básicos del Estado de derecho, la democracia y el respeto a la vida, pilares sobre los cuales se debe construir toda sociedad civilizada.
Las víctimas de este periodo de violencia no deben quedar en el olvido, ni sus muertes ser tratadas como un mero «daño colateral». Desde el CAL, exigimos justicia para ellos y sus familias, una justicia que solo puede ser alcanzada a través de una investigación y un juzgamiento imparcial, exhaustivo y transparente que determine las responsabilidades individuales y estatales involucradas en estos luctuosos hechos, y en el que se garanticen también los intereses de las víctimas.
Es imperativo que la Fiscalía y la CPI, como guardianes de los derechos humanos, tomen en consideración la gravedad de esta situación y actúen en consecuencia para que las víctimas obtengan la justicia que merecen y para que los responsables rindan cuentas ante la comunidad internacional.
Por lo tanto, el CAL exhorta a la Fiscalía y, de ser el caso, a la CPI para que inicien un proceso de investigación que esclarezca los hechos y establezca las responsabilidades que correspondan, de acuerdo con los más altos estándares de justicia internacional. También es absolutamente necesario que la Presidenta de la República se pronuncie expresamente ante la nación y deslinde sus responsabilidades. Solo a través de un juicio justo y objetivo podremos restaurar la fe en la justicia y evitar que crímenes similares vuelvan a ocurrir en el futuro.
A su vez, invocamos prudencia a la comunidad jurídica y pedimos no utilizar estos hechos solo como un acto político para enfrentar al gobierno; además, exigimos la máxima celeridad a las autoridades fiscales y judiciales para que, en el proceso penal nacional, se pueda determinar a los posibles responsables y, conforme a derecho, exculpar a los inocentes del proceso.
Lima, 21 de agosto de 2024
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