Lo ocurrido en Bolivia con Evo me evoca los tiempos de Fujimori. La pacificación y la estabilización de la economía, es lo que soporta los votos que siempre obtiene Fujimori en los últimos procesos electorales. También es el soporte de las indulgencias a la que recurre. A Evo le atribuyen la democratización del poder y el “milagro económico” boliviano. Y seguro que eso marcará el futuro capital político de Evo para lo que viene.
Dicho lo anterior, ¿acaso los peruanos y bolivianos debemos dejar de calificar lo que ambos hicieron con la institucionalidad democrática, la captura de la justicia común y electoral, el acallamiento de la voz incómoda y todo aquello que representa una autocracia? ¿Acaso no son responsables de haber hecho de la democracia una forma, con el fin exclusivo de satisfacer su ánimo de perpetuación en el poder, por lo que es incorrecto justificar lo que hizo Evo por aquello que se le atribuye como bueno?
Fujimori y Evo representan lo mismo desde polos ideológicos opuestos. Sus renuncias lo hicieron a un poder soportado en la fuerza. A una forma usurpadora del poder constitucional que tuvo un acto confirmatorio y final con la elección fraudulenta. Acción que estaba destinada a convertir a la Constitución en una farsa, no un traje social sino un disfraz (Lowenstein). Querían tener, como todo proyecto autocrático, la “chapa” de Estado Constitucional.
Los golpes de Estado solo funcionan contra los regímenes constitucionales. Regímenes que, según Ferrajoli, renuncian a la idea de una lectura formalista y se soporta en una dimensión sustancial donde se respetan los derechos fundamentales. No existe algo que esté por encima de los derechos fundamentales en el Estado Constitucional, consideración que subordina los intentos de oponer la idea decimonónica de un sentido de lo popular como legitimador de cualquier cosa en la democracia. Eso es populismo constitucional.
La Carta Democrática Interamericana, que tuvo su primer antecedente hace 60 años en la Declaración de Santiago y que tuvo su acto impulsador final en lo ocurrido en el Perú, establece que la democracia representativa es el escenario fundamental donde los derechos fundamentales se potencian y desarrollan. Asimismo, establece lo central del ejercicio del derecho a la participación política promoviendo elecciones justas, periódicas, libres y en igualdad.
Evo traicionó, por falseamiento, a la voluntad popular. Y con ello violó los derechos fundamentales de los bolivianos, a su derecho a la participación política. Su renuncia es consecuencia de una insurgencia popular. El Estado de Evo no era Estado de Derecho, no era un Estado Constitucional de Derecho. Por eso lo ocurrido con él, no es un golpe de Estado.
