Mediante un pronunciamiento, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia señala que hechos públicos recientes evidenciarían presiones sobre el sistema de justicia, cuestiona actuaciones atribuidas al presidente interino del Congreso y expresa preocupación por el uso de mecanismos disciplinarios y por decisiones de la JNJ sobre fiscales supremos, por su posible impacto en la independencia judicial y fiscal, destacando el rol del Poder Judicial y de su presidenta Janet Tello en la defensa del Estado de derecho.
PRONUNCIAMIENTO 03-CD-JUSDEM-2026
Ante los recientes hechos públicos que evidencian un ataque sistemático a la institucionalidad democrática de nuestro país:
1. RECHAZAMOS de forma categórica la conducta que viene desplegando el presidente interino del Congreso de la República, quien, sin el mínimo decoro a la investidura de su cargo y en abierta contravención constitucional, no solo de manera pública y reiterada profiere amenazas de destitución y de denuncias contra los jueces para que resuelvan aplicando la normativa en determinado sentido, sino que en dos oportunidades ha ingresado a audiencias judiciales de casos en trámite, incurriendo en una injerencia directa e inadmisible en el ejercicio de la función jurisdiccional, expresamente vedada en el artículo 139 inciso 2) de la Constitución.
2. ADVERTIMOS que tal escenario se torna más gravoso cuando dichas intervenciones se complementan con el uso del sistema disciplinario para cuestionar el contenido de decisiones jurisdiccionales. En ese sentido, particular atención merece la denuncia formulada contra una Jueza Constitucional por haber adoptado una decisión respecto de los alcances de la denominada Ley APCI en un caso concreto, en cumplimiento del ejercicio de control que exige la Constitución mediante la inaplicación de normas que le son incompatibles.
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3. OBSERVAMOS con suma preocupación que, en este contexto crítico para la Magistratura, la JNJ haya adoptado la decisión de no ratificar al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde y de destituir a la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, quienes, a diferencia de otros fiscales supremos que se mantienen en sus cargos, no se encuentran seriamente cuestionados por graves irregularidades. Decisiones de esta naturaleza, no solo erosionan el principio de meritocracia, sino afectan la estabilidad y autonomía institucional, generando desconfianza ciudadana y menoscabo a la legitimidad de las autoridades.
4. ALERTAMOS que, tanto las amenazas públicas de destitución y de denuncias, la injerencia directa en audiencias, la activación del procedimiento disciplinario con fines intimidatorios, así como de la remoción y la ratificación, a lo que se agrega el uso de redes para desacreditar a magistrados; en modo alguno constituyen hechos aislados y fortuitos, sino más bien, configuran un patrón sistemático de presión institucional que busca, no solo disciplinar y perseguir a los jueces y fiscales en el ejercicio independiente de sus funciones, sino debilitar la institucionalidad democrática, sojuzgando en su totalidad al sistema de administración de justicia para la conveniencia de intereses particulares en desmedro del bien común de la población peruana.
5. REAFIRMAMOS que la independencia judicial y fiscal no constituye un privilegio corporativo, sino una garantía esencial de la ciudadanía para la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Su debilitamiento progresivo, por acciones u omisiones de los órganos del Estado, compromete la democracia, la separación de poderes y la legitimidad misma del sistema de justicia. Por lo que, ningún poder del Estado puede someter a la justicia, pues, cuando se intimida a jueces y fiscales, no se afecta a personas individuales, sino al derecho de la ciudadanía de contar con una administración de justicia independiente que garantice la convivencia social en democracia.
6. DESTACAMOS que el Poder Judicial, bajo el firme liderazgo institucional de su Presidenta, la Dra. Janet Tello Gilardi, se erige como baluarte de en la defensa del Estado Democrático Constitucional de Derecho en nuestro país, contando con jueces y juezas que con valentía ejercen con independencia sus funciones, sin claudicar a las presiones, vengan de donde vengan, teniendo como único norte la defensa de la dignidad humana y los principios democráticos que consagran la Constitución y los Tratados Internacionales.
Lima, 26 de enero de 2026.
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