La Asociación por los Derechos de los Presos (Apoder) está en actividades desde el 2017, dedicada a la asesoría y litigio pro bono de causas sociales para personas recluidas, sea por prisión preventiva o por condena firme.
Durante el último año, a raíz de la innegable crisis sanitaria gestionó acciones macro que logren un alcance, no solo a los internos que los contactan para asesoría, sino a todos aquellos que compartan su condición.
Los derechos humanos no se extinguen con la condena privativa de la libertad. Esta solo restringe la libertad de tránsito y, por excepción, la inhabilitación para el ejercicio de derechos específicos, que, por ningún motivo, pueden afectar el derecho a la salud y a la vida digna de los internos.
La crisis sanitaria no es ajena a la realidad carcelaria y los motines, en Miguel Castro Castro, por ejemplo, y la emisión de normas específicas para combatir el hacinamiento lo evidencian de forma incontrastable.
Sin embargo, estas medidas, si bien pueden ser discutibles en tanto la inobservancia del principio de igualdad, reviven un problema que todos los litigantes afrontan en el día a día.
Los plazos procesales no son respetados. Esto, si en condiciones normales genera amenazas y daño a los derechos los internos, cuando hablamos de demora en tiempo de pandemia, la amenaza para la vida es algo concreto.
En este marco, Apoder, a través de su presidente, Jack Miller Pérez Arévalo, y su director de desarrollo académico, César Nakazaki Seminario, le piden, en carta abierta al público, al presidente del Poder Judicial, que establezca lineamientos claros para solucionar la demora en la tramitación y que se declare la responsabilidad de los funcionarios que no estén al ritmo de la urgencia.
