Con la finalidad de asegurar óptimo funcionamiento del sistema de justicia, la vigencia del estado constitucional de derecho, la vida en sociedad y la lucha contra la corrupción, la Comisión de Educación aprobó, por mayoría, el dictamen del proyecto de la Ley que promueve y fortalece la probidad del abogados y de los profesionales del sistema nacional de justicia y de la administración pública.
Se trata de una propuesta enviada por el Poder Ejecutivo (Proyecto de Ley 3164/2018-PE) cuyo dictamen propuesto por la comisión fue modificado durante el debate parlamentario.
La congresista fujimorista Milagros Salazar, presidenta de la Comisión de Educación dijo que la propuesta del Poder Ejecutivo contenía 12 artículos y una disposición complementaria, y la opinión de especialistas y de la Sunedu no era viable, por ello la comisión preparó un texto sustitutorio.
“El contenido del proyecto no resolvía el problema de la probidad y además la probidad no exclusiva del abogado, sino que debe tener un eje transversal a todas las profesiones”, dijo la legisladora.
“Acá no se trata de incentivar la probidad sino de promover y fortalecer la probidad es un término más claro” dijo el congresista Carlos Domínguez, al tiempo de advertir que la probidad se debería fortalecer en los demás colegios profesionales. Felicitó el trabajo de la comisión dictaminadora.
Por su parte, la congresista Gladys Andrade, también de Fuerza Popular, dijo que de lo que se trata es de fortalecer la educación cívica en valores porque es importante que los niños conozcan los símbolos patrios pero también es fundamental que se les enseñe el respeto a nuestras instituciones. “Se debe educar en la familia y en el colegio fortalecer la ética y la moral”, subrayó.
La propuesta será de aplicación para abogados, jueces, auxiliares jurisdiccionales, peritos y todo aquel profesional que participe en el Sistema Nacional de Justicia. El ciudadano afectado tendrá derecho a denunciar la inconducta transgresora ante el colegio profesional correspondiente, ante la vía civil o penal. Asimismo, crea un Registro Nacional de abogados sancionados por mala práctica profesional.
Posteriormente, se inició el debate del proyecto de ley 2504/2017-CR, que propone una “Ley que dispone el pago de la deuda social magisterial por bonificación especial mensual por preparación de clases y bonificación adicional por el desempeño del cargo sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada”
La exposición estuvo a cargo del autor de la propuesta el congresista Edgar Ochoa Pezo, del Nuevo Perú. Señaló que existe una deuda social magisterial por preparación de clases que corresponde al 30% de la remuneración que recibían el docente entre 1990 y el 2012. «Los docentes no cobraron ese 30 por ciento en 22 años y muchos de ellos ya han muerto», dijo el legislador.
Explicó que el Estado reconoce la deuda sin embargo los maestros deben ir a un proceso judicial aumentando la carga procesal.
El proyecto pretende hacer justicia con los maestros y a la vez reducir costos de los procesos en los gobiernos regionales, y en el Poder Judicial. «El poder judicial ha creado una ventanilla exclusiva para atender casos de demanda de deuda social. Los costos administrativos para el Estado son altísimos», dijo el legislador.
También fue debatido el proyecto de Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 2233/2017- CR, 2393/2017-CR, 2534/2017-CR que proponen una “Ley que regulariza la matrícula de los niños y niñas de inicial y primaria de educación básica regular que vienen asistiendo a clases”.
Al respecto la congresista Leyla Chihuán Ramos dijo que se debe los procesos de desarrollo intelectual de los niños por su edad. “Psicológicamente pareciera que marcan distancia pero en el transcurso de su desempeño educativo se ve la diferencia” dijo la legisladora, en tanto que Edmundo del Águila dijo que el derecho fundamental de todo niño no es el derecho de excepción sino el derecho a la educación.
Por su parte, el congresista Carlos Domínguez (FP) defendió el derecho de los padres cuyos hijos están cursando estudios. “Son 471 niños que de manera excepcional se matricularon”, remarcó.
Tras un breve debate la presidenta de la comisión consideró oportuno solicitar al Ministerio de Educación información sobre la ubicación e identificación de estos estudiantes. Previamente observó que para admitir a un alumno libre no se necesita de una ley sino una resolución ministerial emitida por el ente rector, es decir, el Ministerio de Educación.
