El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, cuestionó una presunta evaluación de las autoridades para allanar las «instalaciones» del Poder Legislativo.
El legislador se refirió de esta manera a las declaraciones vertidas por su colega Edgar Tello (Bloque Magisterial de Concertación Nacional), quien aseguró que existen «comentarios de allanamientos, a los domicilios y despachos de los congresistas, en las próximas semanas».
Dicha información no ha sido confirmada, sin embargo, Soto Reyes ha expresado su renuencia a posibles diligencias de la Fiscalía y la Policía Nacional (PNP).
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«Lo que señala el congresista Tello sería un hecho muy grave. Como presidente del Congreso, garantizaré la seguridad de las instalaciones del Parlamento. No permitiré una intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado«, indicó a través de X (antes Twitter).
Ambos congresistas, junto a otros trece parlamentarios, son investigados por la fiscal suprema Delia Espinoza en el marco de una presunta red criminal liderada por Patricia Benavides, suspendida fiscal de la Nación.
Los legisladores fueron mencionados por Jaime Villanueva, exasesor de Benavides, como presuntos autores de irregularidades y negociaciones con la exalta funcionaria.
Congresistas investigados
El último 1 de marzo, Espinoza Valenzuela amplió la investigación a Patricia Benavides e incorporó a catorce legisladores. Estos son: Martha Moyano Delgado, Patricia Chirinos Venegas, José Balcázar Zelada, Katy Ugarte Mamani, Edgar Tello, German Tacuri Valdivia, Luis Cordero Jon Tay, Jose Williams Zapata, Luis Ángel Aragón Carreño, José Enrique Jeri Oré, Ilich Fredy Lopez Ureña, Cesar Manuel Revilla Villanueva, Jorge Luis Flores Ancachi y Alejandro Soto.
La fiscal suprema tiene a su cargo la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, despacho que recogió las declaraciones de Jaime Villanueva en calidad de testigo.
Posibles sanciones
LP Pasión por el Derecho consultó con dos especialistas sobre las afirmaciones del máximo representante del Parlamento.
Para el abogado constitucionalista Domingo García Belaunde, el Congreso no tiene ningún argumento para resistirse ante un allanamiento.
«En primer lugar, no existen poderes del Estado. El poder es uno solo y, por tanto, no hay primer poder ni segundo. El presidente del Congreso no tiene ningún argumento para resistirse a un allanamiento, tanto de su despacho como de alguna instancia del Palacio Legislativo», afirmó.
Asimismo, indicó que los status de los parlamentarios son personales; es decir, no alcanza a los inmuebles que estos poseen durante su gestión.
Mientras tanto, el abogado Jorge Zúñiga Escalante,experto en derecho parlamentario, analizó la posible intervención de Soto Reyes ante las investigaciones de Espinoza.
«Si el presidente del Congreso decidiera desacatar (una orden de allanamiento en este caso), ello podría equivaler al delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. Este tiene penas, en su tipo base, hasta de seis años», manifestó.
En ese sentido, el experto indicó que al formar parte (Soto) de la investigación, su posible intervención podría considerarse como una obstaculización en el marco del proceso y podría justificar un pedido de prisión preventiva.
