Alcaldes o gobernadores no pueden librarse de la comisión de un delito de infracción de deber sobre la base del principio de confianza [Casación 694-2020, Huancavelica]

Jurisprudencia destacada por el doctor Ramiro Salinas Siccha.

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Fundamento destacado: 12.4. Es deber del alcalde la custodia de los caudales públicos que se hallan bajo su administración, así como la tutela de los intereses del municipio que representa. Así, sobre él recae la posición de garante en relación con la municipalidad que representa. De igual modo, le corresponde el deber de controlar y supervisar, debido a su especial posición, que deriva de la Ley Orgánica de Municipalidades. En consecuencia, no es posible compatibilizar sus actuaciones con el principio de confianza en relación con los caudales de la municipalidad, pues existía un deber de garante que obligaba al alcalde a supervisar y cautelar los bienes de la referida municipalidad.


Sumilla. Delito de peculado: la condena del absuelto y el principio de confianza en los delitos contra la administración pública en que exista posición de garante
I. Es doctrina reiterada por este Tribunal la posibilidad de condenar al absuelto en segunda instancia; no existe restricción en la norma procesal. No obstante, es necesario que se garantice, en tales casos, lo siguiente:

(i) la presencia del procesado absuelto a fin de que reitere su tesis defensiva frente al Tribunal Superior;

(ii) la existencia de pruebas nuevas en el juicio de apelación;

(iii) la posibilidad de variar la valoración de la prueba personal se dará únicamente en relación con las denominadas “zonas abiertas” que son accesibles al control y podrán ser fiscalizadas a través de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos;

(iv) además, no es posible condenar al absuelto mientras tenga la condición de contumaz (al respecto, véanse las Casaciones números 503-2018/Madre de Dios, 648-2018/La Libertad, 195-2012/Moquegua y 1379-2017/Nacional).

II. Por otro lado, el alcalde tiene el deber de custodia de los caudales públicos que se hallan bajo su administración, así como la tutela de los intereses de la entidad que representa. Así, en él recae la posición de garante, por lo que es su deber controlar y supervisar, debido a su especial posición, que deriva de la Ley Orgánica de Municipalidades. En consecuencia, no es posible en este caso compatibilizar sus actuaciones con el principio de confianza, en relación con los caudales de la municipalidad, pues existía un deber que obligaba al alcalde a supervisar y cautelar los bienes de la municipalidad.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE
Casación N° 694-2020, Huancavelica

Lima, veintiuno de junio de dos mil veintidós

VISTOS: el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la sentencia de vista del veintidós de enero de dos mil veinte (foja 1989), que confirmó la sentencia de primera instancia del trece de agosto de dos mil diecinueve (foja 1515), que absolvió a Martín Reynaldo Nolberto Isidro de la acusación fiscal como autor y a Isidro Avencio Fajardo Sánchez de la acusación como cómplice primario del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación.

Intervino como ponente la señora jueza suprema CARBAJAL CHÁVEZ.

CONSIDERANDO

I. Itinerario del proceso

Primero. Conforme se desprende de la acusación, los fundamentos fácticos establecidos atribuidos a los procesados se circunscriben a lo siguiente (foja 2 del cuadernillo formado en esta instancia suprema):

1.1. Durante los periodos dos mil ocho, dos mil nueve y dos mil diez, el imputado Martín Reynaldo Nolberto Isidro, en su condición de alcalde, tuvo bajo su administración y custodia los caudales de la Municipalidad Distrital de Aurahuá.

1.2. A fin de llevar a cabo una mejor administración de los caudales del tesoro público de la entidad que representaba, contrató los servicios del imputado Ismael Simón Pérez Ramos como tesorero del municipio. De la misma manera, contrató los servicios de Isidro Avencio Fajardo Sánchez como asesor contable.

1.3. Los imputados Martín Reynaldo Nolberto Isidro e Ismael Simón Pérez Ramos (quienes tenían bajo su administración y custodia los caudales de la Municipalidad Distrital de Aurahuá) concertaron para apropiarse de la suma de S/ 62 001.79 (sesenta y dos mil un soles con setenta y nueve céntimos) —conforme se aprecia del Informe Pericial número 012-2013-WFHB-FPCEDCF-HVCA, efectuado por el perito auditor contable del Ministerio Público—, para lo cual tuvieron la colaboración primordial del imputado Isidro Avencio Fajardo Sánchez (exasesor contable de la Municipalidad Distrital de Aurahuá), quien aprovechando que era el único responsable de manejar el SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público) generó comprobantes de pago a nombre de Ismael Simón Pérez Ramos sin la documentación de los bienes adquiridos y/o los servicios prestados que sustentaran ello, para que los imputados Martín Reynaldo Nolberto Isidro e Ismael Simón Pérez Ramos se apropiasen para sí de los caudales de la referida municipalidad mediante la elaboración de veintitrés cheques girados en el periodo indicado.

1.4. Conforme se aprecia objetivamente de los comprobantes de pago y los cheques autenticados, los cuales se encuentran rubricados por los autores, el imputado Ismael Simón Pérez Ramos los cobró en la agencia del Banco de la Nación de la ciudad de Chincha.

1.5. El imputado Martín Reynaldo Nolberto Isidro, en su condición de alcalde y responsable de las cuentas bancarias de la municipalidad, en inobservancia de sus funciones como máxima autoridad y ejecutivo responsable de salvaguardar los intereses de la entidad, máxime porque tenía a su cargo la custodia de los caudales que se hallaban bajo su administración en razón de sus deberes y las atribuciones de su cargo, transgredió con su actuar lo establecido en el Inciso 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

1.6. El imputado Ismael Simón Pérez Ramos, en su condición de extesorero de la Municipalidad Distrital de Aurahuá, se valió de su cargo y aprovechó que tenía bajo su administración y custodia los cheques de la mencionada municipalidad, por cuanto le ordenó a su cómplice Isidro Avencio Fajardo Sánchez que gire a su nombre órdenes de pago sin la sustentación documentaria de los bienes adquiridos y/o los servicios prestados, para luego suscribirlas con el autor Martín Reynaldo Nolberto Isidro y hacerlas efectivas en la agencia del Banco de la Nación de la ciudad de Chincha, con lo cual transgredió lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9 y el numeral 30.4 del artículo 30 de la Directiva de Tesorería número 001-2007-EF/77.15, modificada por la Resolución Directoral número 017-2007-EF/77.15.

1.7. Finalmente, el imputado Isidro Avencio Fajardo Sánchez, en su condición de exasesor contable de la Municipalidad Distrital de Aurahuá, colaboró en la apropiación de los S/ 62 001.79 (sesenta y dos mil un soles con setenta y nueve céntimos), pues generó comprobantes para luego hacerlos efectivos en contubernio con el autor Martín Reynaldo Nolberto Isidro en la agencia del Banco de la Nación de la ciudad de Chincha, y así Martín Reynaldo Nolberto Isidro e Ismael Simón Pérez Ramos se apropiaron de la referida suma de los caudales de la municipalidad.

Segundo. A efectos de mejor resolver, es pertinente realizar una síntesis de los hechos procesales materia del presente caso:

2.1. Preliminarmente, es preciso indicar que en el presente caso existen tres sentencias previas a las de mérito:

a. La primera con fecha veintinueve de abril de dos mil quince, que condenó a los tres procesados (foja 450); sin embargo, fue declarada nula mediante la sentencia de vista del dos de julio de dos mil quince (foja 535).

b. La segunda con fecha doce de agosto de dos mil dieciséis, que absolvió a los procesados (foja 693), la cual fue declarada nula por la sentencia de vista del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (foja 795).

c. Luego se expidió la tercera sentencia con fecha cinco de octubre de dos mil diecisiete, que condenó a los procesados (foja 1061) y que nuevamente fue declarada nula por el Tribunal Superior mediante sentencia del veinte de marzo de dos mil dieciocho (foja 1168).

Posteriormente, la causa retornó al Juzgado a efectos de que se llevara a cabo un nuevo juzgamiento y se dictara una nueva sentencia. Así pues:

2.2. El Juzgado Penal Unipersonal de Castrovirreyna emitió la resolución del trece de agosto de dos mil diecinueve, que: (i) condenó al procesado Ismael Simón Pérez Ramos como autor del delito contra la administración pública y le impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de dos años y (ii) absolvió de la imputación en su contra a Martín Reynaldo Nolberto Isidro como autor e a Isidro Avencio Fajardo Sánchez como cómplice primario del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación (foja 1515).

2.3. Contra esta resolución el representante del Ministerio Público presentó recurso de apelación únicamente en el extremo absolutorio de los procesados Martín Reynaldo Nolberto Isidro e Isidro Avencio Fajardo Sánchez[1] (foja 1577).

2.4. En consecuencia, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, mediante la resolución de vista del veintidós de enero de dos mil veinte, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto y confirmó la resolución de primera instancia en relación con la absolución de los procesados (foja 1989).

2.5. En contraposición a dicha resolución el representante del Ministerio Público interpuso recurso de casación (foja 2016).

2.6. Luego la Sala Superior emitió la resolución del cuatro de marzo de dos mil veinte, que concedió el recurso interpuesto y lo elevó a la Corte Suprema (foja 2031).

[Continúa…]

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[1] La condena del procesado Ismael Simón Pérez Ramos quedó consentida debido a que su recurso de apelación fue rechazado de plano por haber sido interpuesto de forma extemporánea (foja 1595).

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