El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, fue coautor de una de las llamadas «leyes procrimen», advirtió el portal La Encerrona. La Ley 31989 derogó la disposición complementaria del D. L. 1607, relacionado a la toma de acciones por parte de la PNP contra mineros ilegales con registro suspendido en el Reinfo que usen materiales explosivos.
Tanto en la primera votación como en la exoneración de la segunda votación, ocurrida en el Pleno del 13 de marzo de 2024, Sánchez votó a favor de la Ley 31989. El candidato presidencial, sin embargo, en torno a las 17 votaciones relacionadas a las llamadas «leyes procrimen» votó en contra 16 veces y se abstuvo en una ocasión.
Asimismo, el último domingo, Cuarto Poder señaló que Sánchez tendría investigaciones fiscales y una sentencia que no habrían sido incorporadas en su hoja de vida electoral presentada ante el órgano electoral. El reportaje advierte que en su récord fiscal se registran investigaciones por peculado, falsa declaración en proceso administrativo y hasta aparece una sentencia por falsedad ideológica.
Respecto a su gestión en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el informe da cuenta de gastos efectuados con recursos asignados al despacho ministerial. Entre ellos, se menciona una factura por S/210 que incluye consumos de alimentos, así como otros gastos en reuniones de trabajo que habrían superado los S/400, todos cubiertos con fondos públicos.
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Asimismo, se reportó que, durante ese periodo, se realizaron contrataciones mediante el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) a personas vinculadas a su agrupación política, con remuneraciones de hasta S/15 000 mensuales. Según el reportaje, dichos ingresos no habrían estado precedidos de procesos de selección abiertos.
De otro lado, se informó sobre investigaciones fiscales por presuntos recortes de remuneraciones a trabajadores del sector, en las que al menos dos funcionarios habrían solicitado hasta el 10% de los sueldos a cambio de la renovación de contratos. Finalmente, también se menciona una indagación relacionada con supuestos aportes irregulares al partido Juntos por el Perú, que habrían sido depositados en la cuenta personal de un familiar del candidato, y no en cuentas oficiales de la organización política.
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