La Corte Suprema evaluó este miércoles 5 de marzo el recurso de casación presentado por Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia con diversas investigaciones en curso, para anular el proceso y la condena efectiva en su contra, por tres años y seis meses, por el caso Aeródromo Wanka.
El exgobernador de Junín fue condenado el 6 de octubre del 2023 por el delito de colusión. Desde entonces, permanece inubicable. La sentencia no solo impuso pena de cárcel sino también el pago de una reparación civil de S/800 000 a favor del Estado.
Otros tres involucrados en el caso, Aldrin Zárate Bernuy, Luis García Morón y Serafín Blanco Campos también fueron sentenciados. Además, se les impuso a todos una inhabilitación durante el mismo periodo para ejercer cargos públicos, incluidos aquellos obtenidos por elección popular.
En el juicio oral se demostró que los mencionados «concertaron para la admisión, evaluación, adjudicación directa y posterior suscripción del contrato para la construcción, administración y operación» del servicio aeroportuario en la región Junín, específicamente para el nuevo Gran Aeródromo Regional Wanka, ubicado entre los distritos de Sicaya–Huancayo y Orcotuna–Concepción, en el departamento de Junín.
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El acto ilícito se formalizó con la firma del contrato el 4 de junio de 2014, que obligaba al Gobierno Regional de Junín a pagar un porcentaje del 0.5% del monto de la inversión al contratista, propuesto con la declaración de interés de la iniciativa privada, que ascendía a S/2 018 180.
Las investigaciones revelaron que la firma del contrato se realizó sin tener en cuenta los pronunciamientos de la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y se omitió la consulta al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y la autorización de la Autoridad Aeronáutica Civil.
Además, los implicados modificaron la autosostenibilidad del proyecto, lo que comprometió la transparencia y legalidad del mismo, poniendo en riesgo el uso de recursos públicos para un proyecto que, desde su concepción, resultaba ser económicamente inviable.
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