El Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP) declaró la nulidad del contrato otorgado a la empresa Industrias Argüelles Servicios Generales S.A.C. por un monto de S/47 millones, tras constatar que su propietario, Aniceto Argüelles Loayza, fue condenado por delito de corrupción en agravio del Estado. La medida se adoptó mediante la Resolución 6508-2025-TCP-S1, que establece la prohibición de adjudicar la buena pro a compañías cuyos dueños, representantes o ejecutivos tengan sentencias firmes por estos delitos.
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De acuerdo con el fallo, el 24 de enero de 2025 el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima Norte condenó a Argüelles a cuatro años y dos meses de pena suspendida por el delito de cohecho activo específico. El empresario admitió haber ofrecido dinero a una magistrada con el objetivo de obtener un fallo favorable en una disputa por tierras comunales, según información de La República.
El Tribunal precisó que, conforme al literal m) del numeral 11.1 del artículo 11 del Reglamento de Contrataciones del Estado, una condena por corrupción impide la participación, postulación y contratación de la empresa vinculada. Además, recordó que el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta define como «personas vinculadas» no solo a quienes tienen participación accionaria significativa, sino también a los familiares hasta segundo grado de consanguinidad cuando existe relación de control.
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La resolución también dispuso revocar la buena pro otorgada y declarar no admitida la oferta presentada por Industrias Argüelles Servicios Generales S.A.C. en el proceso de selección convocado por la Municipalidad de San Isidro. El TCP recalcó que la sanción alcanza a la compañía en tanto su titular fue condenado en calidad de presidente del directorio y propietario.
El medio informó, que la empresa fue representada anteriormente por Karen Pasco Flores, quien también recibió una condena de cuatro años de pena suspendida por su participación en una compraventa irregular de terrenos comunales en Quipán (Canta), utilizando documentación falsificada de la Sunarp.
