La fiebre del oro se convierte en una maldición cuando la minería envenena ríos y acaba con el futuro del pueblo Awajún, una comunidad que el Estado ha olvidado desde que un cambio en la ley los desprotegió: ¿Hasta cuándo podrán resistir en el olvido?
El delito de minería ilegal fue incorporado al Código Penal peruano en 2012, con el objetivo de reprimir actividades ilegales en el Río Cenepa y otras regiones. Pero en 2017, durante el gobierno del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el Decreto Legislativo 1102 modificó el delito de minería ilegal, alterando una sola letra de su redacción: la O por Y, sin ninguna justificación.
Minería ilegal: el imposible jurídico
La actual redacción del delito de minería ilegal exige que el minero extraiga “minerales metálicos Y no metálicos” sin autorización. Ambas condiciones deben cumplirse. En el Alto Cenepa solo se extrae oro sin autorización, pero ningún otro mineral no metálico.
Así las cosas, tras alterar la redacción del delito de minería ilegal, nadie podría ser condenado en el Alto Cenepa, por no cumplirse con la extracción del mineral no metálico:
¿Puede combatirse la minería ilegal
con una ley penal imposible de aplicar?
Segundo Herrera, abogado especializado en la defensa de pueblos indígenas, asegura que ninguna imputación por el delito de minería ilegal prosperaría por ese defecto en la redacción. El fiscal a cargo de la investigación penal perdería el caso.
El que imputa un delito de minería ilegal va a terminar perdiendo su caso. El tipo penal nos impone una condición: la extracción de minerales metálicos y no metálicos. Imagínate una persona que vaya a extraer oro, cuál sería el mineral no metálico que tendrías que encontrarle extrayendo (junto al oro) para que se configure el delito. Eso va a ser imposible.
El cambio a “Y” en lugar de “O” no es un tema menor: representa un endurecimiento injustificado de los criterios para condenar, de acuerdo con los expertos consultados.
Además, genera un ciclo de impunidad que afecta al pueblo Awajún del Alto Cenepa, la segunda comunidad originaria más numerosa del Perú, con aproximadamente 70.000 personas, de acuerdo con la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Perú.
Los territorios Awajún y la minería ilegal
Los territorios Awajún se extienden por toda la cuenca del Río Cenepa, en localidades de acceso restringido y separadas por tramos de 40 minutos, aproximadamente.
Para acceder a estos territorios, el único medio disponible son las chalupas motorizadas, unas embarcaciones que zigzaguean en río abierto durante más de 7 horas hasta la última comunidad Awajún que limita con la Cordillera del Cóndor entre Perú y Ecuador, una zona fronteriza ubicada a más de 2950 m.s.n.m
Los alimentos y las medicinas llegan a las diferentes comunidades Awajún a bordo de las chalupas más sofisticadas. Son grandes, de 5 metros de largo y 3 de ancho, aproximadamente. A diario, un Awajún viaja durante 2 horas como mínimo para abastecer a su comunidad, algunas chalupas circulan por más de 4 o 7 horas de forma ininterrumpida.
Pero además de comida, las chalupas dinamizan la economía en la cuenca de Río Cenepa y la cadena de suministros de la minería ilegal, la actividad ilícita que destruye de forma irreversible la biodiversidad de la Amazonía peruana y que nuestra legislación no penaliza de forma efectiva.
En las orillas del Río Cenepa, el agua es oscura y densa, aún más cuando llueve. Cuando eso ocurre, el río embravece. Algunos ancianos de las comunidades Awajún afirman que sin minería no habría desarrollo en la región.
Estamos abandonados por el Estado, no tenemos proyecto alternativo, la única fuente es la minería ilegal. Hay comunidades que han pavimentado sus calles por la minería ilegal, han construido puentes, mejoran puertos, etc.
Dante Sejekam Espejo
Pese a esos avances, la minería también está destruyendo el territorio.
¿Quiénes modificaron el delito de minería ilegal?
Hace siete años, en 2017, a 32 horas y a más de 1400 kilómetros de las comunidades Awajún, el Congreso de la República permitió que las familias Awajún y su territorio: niños, ríos, fauna silvestre y todas sus reservas naturales de la región sean ferozmente contaminadas por la minería ilegal, al cambiar la O por la Y.
Esta modificación fue emitida desde el Poder Ejecutivo, durante el gobierno Pedro Pablo Kuczynski, expresidente del Perú, luego de que el Congreso les otorgara facultades legislativas en materia de minería ilegal sobre el artículo 307-A del Código Penal.
Es decir, la modificatoria se produjo con un solo decreto, de pronto, una resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano con la firma del entonces presidente de la República: Decreto Legislativo 1351, surtió efectos a nivel nacional y puso en jaque a todos los procesos en trámite sobre minería ilegal.
En opinión del abogado penalista, Daniel Huamán Castellares, experto en delitos ambientales y minería ilegal, no se trataría de un simple error. En sus clases sobre el delito de minería ilegal, advierte que si la redacción del delito no retorna a su versión original, los casos en curso quedarían impunes:
Esto no parece un error, parece haber sido hecho para no aplicarse y tiene muchísima importancia… Cambiar la Y por la O obliga a que si yo deseo sancionar la minería ilegal deba acreditar que la minería se produce en ambos recursos a la vez. Este error tiene que ser subsanado normativamente para que muchos de los casos no queden impunes.
Walther Huayllani Choquepuma, juez ambiental de la Corte Superior de Justicia de Lima, coincide con esa opinión. En diálogo con LP Pasión por el Derecho, afirmó que este cambio legislativo genera impunidad en el país.
Es una modificación que hace imposible el delito. Imagínate… extraigo 10 kilos de oro, pero ni un gramo de arena porque la arena es susceptible de eliminación inmediata, pero tengo el oro. ¿Entonces no hay minería ilegal?. Absurdo (…) esto genera impunidad y contraviene los principios del derecho penal ambiental.
Este decreto también fue firmado por Fernando Zavala Lombardi, quien ocupaba el cargo de presidente del Consejo de Ministros y Marisol Pérez Tello, ministra de Justicia y Derecho Humanos de ese gobierno.
Y aunque su nombre no aparezca en el decreto que oficializó esta modificatoria, Gonzalo Tamayo Flores, fue el ministro de Energía y Minas durante el gobierno de Kuczynski.
Antes de asumir la presidencia en 2016, PPK prometió combatir la minería ilegal mediante el programa “Oro limpio”, que buscaba ejecutar políticas públicas para formalizar a los mineros. Pero lejos de implementar de forma efectiva la lucha contra la minería ilegal a través de políticas públicas, su equipo de trabajo optó por intervenir rápidamente el Código Penal.
El programa “Oro limpio” nunca prosperó, pero el rezago de las gestiones de PPK en su lucha contra la minería ilegal dejó un problema legal que nadie advirtió a tiempo…
El decretazo sin ninguna justificación
El decreto legislativo express de 2017. PPK asumió la presidencia en 2016 y dos meses después, en setiembre de ese año, le pidió formalmente al Congreso de la República que le deleguen facultades para modificar el delito de minería ilegal y algunos otros ilícitos.
Llama la atención que la exposición de motivos del proyecto de modificatoria no enuncie ninguna razón sobre el cambio de O por una Y. No existe ni un solo renglón que justifique tal cambio. En la página 30 del proyecto del Ejecutivo solo plantea incorporar un segundo párrafo al delito de minería ilegal. Nada más que eso:
En opinión de Walther Huayllani, se trató de un despropósito que desde el 2017 debilitó la lucha contra la minería ilegal en lugar de fortalecerla.
Es un despropósito. Los jueces deberían hacer control constitucional cuando evalúen un caso sobre minería ilegal (e inaplicarlo), de lo contrario, no podrían condenar por el delito, ya que no superaría el principio de tipicidad.
Así, seis meses después de que PPK asumiera el mando, el delito de minería ilegal se transformó en un desatino consumado.
Los fiscales ambientales del Río Cenepa
La ribera del Río Cenepa congrega a más de 30 embarcaciones encalladas en el puerto de Imaza, uno de los distritos de la provincia de Bagua y el único punto de conexión entre las comunidades Awajún y la economía regional.
Imaza es un pequeño y bullicioso centro de comercio, donde la actividad nunca cesa. La zona carece de presencia policial y los operativos del Ministerio Público, que necesariamente deben enrumbar por ese puerto hacia río adentro, son cada vez más infrecuentes.
En Imaza, de acuerdo con datos oficiales remitidos por la Corte Superior de Justicia de Amazonas a este medio, solo existen 6 procesos penales en curso por el delito de minería ilegal, ni una sola condena.
LP entrevistó a Eddy Martínez Chasquero, exfiscal ambiental en Bagua, quien explicó las razones que dificultan lograr condenas por el delito de minería ilegal.
Son pocos los casos que han llegado con el nivel probatorio satisfactorio como para imponer una condena. Es difícil identificar a los sujetos que cometieron el delito porque durante operativos (en el Río Cenepa) no los encuentras (…) Si no hay pruebas, el caso de minería ilegal se archiva definitivamente.
Para el abogado Segundo Herrera, además de este problema, tampoco sería posible aplicar técnicas de investigación criminal para capturar a quienes lideran o ejecutan operaciones sobre minería ilegal en el Río Cenepa:
No sería posible infiltrar un agente encubierto (policía), debido al idioma y la zona. Imagínate, imposible.
¿Hay miedo por la minería ilegal?, le pregunto al abogado apenas concluye. Por supuesto, es una actividad ilegal que infunde miedo, incluso en la propia policía, responde.
¿Los abogados también sienten miedo?, vuelvo a preguntar. Segundo Herrera guarda silencio por un momento y responde: sí, de todas maneras
El miedo que produce la minería ilegal no solo afecta a la población local, también paraliza a las autoridades que deberían combatirla.
Sueldo del minero ilegal vs. juez, fiscal y policías
En el Río Cenepa, los mineros ilegales extraen entre 100 o 200 gramos de metal, que luego venden a 180 soles por gramo. Tras una jornada completa, consiguen 18.000 y 36.000 soles al día, explica Dante Sejekam Espejo para las cámaras de LP.
Mientras que en el sistema lícito, los jueces de la Corte Suprema de la República del Perú, que tienen los mayores ingresos del sector público, perciben, en promedio, 42.000 soles al mes, según información del Ministerio de Economía y Finanzas. Ni la cuarta parte de la remuneración mensual de un minero ilegal.
Hoy un minero ilegal gana (fuera del sistema) más que cualquier otro funcionario del país.
Por eso, cuando destruyen una draga, al día siguiente aparecen dos o tres más. El sistema ilegal de la minería las repone.
Dante Sejekam Espejo
El verdadero precio del oro: niños dejan la escuela
A pesar de las altas cifras de ganancias, los mineros ilegales también le arrebatan el futuro al Perú. Existe un alto índice de deserción escolar porque los niños prefieren dedicarse a la minería ilegal en lugar de estudiar. Un niño Awajún puede obtener entre 5000 y 6000 soles al mes producto de la minería ilegal, explica Dante Sejekam.
Los escolares no respetan a sus profesores de escuela por los bajos sueldos que perciben. Un maestro de escuela primaria o secundaria del Estado gana 1.200 soles al mes. «Yo gano más que tú y sin estudiar», les dicen, confiesa Dante en medio de la oscuridad y en voz baja.
Es sábado, son las 10:50 de la noche y el pueblo descansa. La única embarcación que conecta el puerto de Imaza con la comunidad Awajún parte a las seis de la mañana. Quien pierda esa chalupa tendría que esperar al día siguiente para retornar.
Pronto amanecerá. Son las 5:40 de la madrugada y la lluvia cae implacable. No hay luz, no hay pavimento. El lodo bajo los pies convierte cada paso en una apuesta ciega.
A lo lejos, el puerto apenas se vislumbra, de pronto, el estruendo de una draga rompe el silencio y despierta a todos. Es hora de partir.
Hoy el sistema legal falla no solo al desproteger el medio ambiente de la minería ilegal, sino también los derechos de los niños Awajún, quienes son el verdadero recurso (no metálico) más preciado del Amazonas.
*Este especial fue producido con el apoyo de Earth Journalism Network
