Fundamento destacado: 4. La Constitución ha asignado al Ministerio Público (artículo 159°, incisos 4 y 5) un conjunto de funciones constitucionales entre las que destacan la de conducir desde su inicio la investigación del delito y la de ejercitar la acción penal ya sea de oficio o a pedido de parte. La titularidad del Ministerio Público de ejercitar la acción penal pública se materializa básicamente a través de dos funciones: La función investigadora y la función acusadora. La primera consiste en la facultad de realizar las investigaciones preliminares una vez conocida la denuncia o noticia criminal y formalizar la acción penal ante el juez (CdePP) o la de formalizar la acción penal y continuar con la investigación preparatoria con conocimiento del juez (NCPP), siempre que existan suficientes elementos incriminatorios que hagan necesaria la investigación penal. La segunda consiste en la decisión de comunicar al juez la atribución o la formulación de la responsabilidad penal del imputado y la propuesta de la pena que se le debe imponer por el hecho cometido. Estas dos actuaciones despliegan y tienen efectos comunes, y por lo mismo merecen un tratamiento similar lo que no significa que debido al estadío del proceso penal puedan tener efectos y/o manifestaciones diferentes.
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