El Tribunal Constitucional (TC) aprobó su Programa de Integridad 2026 mediante resolución administrativa: el documento establece, entre sus principales acciones, la meta de capacitar al 85% del personal que cumple funciones vinculadas a la gestión de riesgos que afectan la integridad pública. Esta medida forma parte de las acciones previstas para implementar el modelo de integridad en la entidad durante el presente año.
Meta de capacitación en gestión de riesgos
Dentro de la matriz de acciones del programa, se incluye el fortalecimiento de capacidades del personal encargado de la gestión de riesgos. En ese marco, se fija como indicador que el «85%» de los servidores que ejercen el rol conductor y técnico en este proceso reciba capacitación específica .
Esta acción se encuentra vinculada a la implementación del modelo de integridad, el cual contempla la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos que afectan la integridad pública. Asimismo, se prevé la asistencia técnica a las unidades orgánicas involucradas en dicho proceso, con el objetivo de asegurar la ejecución de las tareas previstas en el programa anual.
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Aprobación del Programa de Integridad 2026
La aprobación del programa se formalizó mediante la Resolución Administrativa 038-2026-P/TC, en la que se dispone «aprobar el Programa de Integridad 2026 del Tribunal Constitucional». Este documento forma parte de los instrumentos requeridos para la implementación del modelo de integridad en las entidades del sector público .
El programa tiene carácter anual y responde a lo dispuesto en la normativa sobre integridad pública, que establece la obligación de planificar acciones orientadas a prevenir riesgos de corrupción y fortalecer la cultura institucional en las entidades estatales.
Diagnóstico y acciones priorizadas
El documento incorpora un diagnóstico basado en la evaluación del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción. En ese análisis se identifican avances en la implementación del modelo de integridad, así como aspectos pendientes que requieren atención durante el periodo 2026.
A partir de ello, se plantean acciones en diversos componentes, entre ellos: compromiso de la alta dirección, gestión de riesgos, políticas de integridad, transparencia, control interno, comunicación y supervisión del modelo. Estas acciones se desarrollan mediante tareas específicas asignadas a las unidades orgánicas de la entidad.
Seguimiento y ejecución de las acciones
El programa establece que el seguimiento de las actividades estará a cargo de la Oficina de Recursos Humanos, en su calidad de responsable de la función de integridad institucional. Para ello, se dispone la emisión de informes semestrales sobre el cumplimiento de las acciones previstas .
Asimismo, cada órgano o unidad orgánica deberá implementar las actividades asignadas y acreditar su cumplimiento mediante los medios de verificación establecidos en la matriz del programa. Estas disposiciones forman parte del proceso de implementación, seguimiento y evaluación del modelo de integridad en la entidad.
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 038-2026-P/TC
Lima, 30 de marzo de 2026
VISTOS
La Resolución de Secretaría General 009-2026-SG/TC, de fecha 10 de marzo de 2026; los Informes 012-2026-INTEGRIDAD/TC y 013-2026-INTEGRIDAD/TC del 19 y 25 de marzo de 2026, respectivamente, emitidos por el Oficial de Integridad del Tribunal Constitucional; los Memorandos 018-2026-OGPMI/TC y Memorando 019-2026OGPMI/TC, de fecha 20 y 25 de marzo de 2026 respectivamente, emitidos por la Oficina de Planeamiento, Modernización e Inversiones; y,
CONSIDERANDO
Que, mediante el Decreto Supremo 092-2017-PCM, se aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la misma que tiene como objetivo general contar con instituciones transparentes e íntegras que practiquen y promuevan la probidad en el ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil; y garanticen la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local con la participación activa de la ciudadanía;
Que, con el Decreto Supremo 042-2018-PCM, se disponen mecanismos e instrumentos que promueven la integridad pública, entre ellas, el Programa de Integridad mediante el cual se establecen lineamientos y mecanismos para promover e implementar una cultura de integridad al interior de cada entidad;
Que, el artículo 8 del citado decreto supremo, establece que la Secretaría de Integridad Pública es el órgano responsable de ejercer técnicamente la rectoría de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, así como de desarrollar los mecanismos e instrumentos para prevenir y gestionar los riesgos de la corrupción con el objeto de orientar la correcta actuación de los servidores civiles y entidades públicas en la lucha contra la corrupción;
Que, mediante Decreto Supremo 148-2024-PCM se aprueba el Modelo de Integridad con el objetivo de fortalecer la capacidad de prevención y respuesta frente a la corrupción en las entidades del sector público, estableciendo en el numeral 4.8 del artículo 4 que la guía de evaluación es el documento que reúne los aspectos y parámetros de evaluación de la implementación del Modelo de Integridad en cada uno de sus componentes;
Que, el numeral 4.14 del mencionado Decreto Supremo señala que el Programa de Integridad es un documento de periodicidad anual y es aprobado mediante resolución del titular de la entidad;
Que, mediante la Resolución de Secretaría de Integridad Pública 002-2026PCM/SIP, de fecha 20 de enero de 2026 se aprueba la Directiva 001-2026-PCM/SIP “Directiva para la implementación del Modelo de Integridad en las entidades del sector público”, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de normas, la incorporación de
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