TC aclara que la solicitud de prueba documental a la presidenta se realizará por única vez o, como máximo, dos veces [Exp. 00006-2024-PCC/TC]

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió la solicitud de aclaración presentada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, respecto a la sentencia emitida el 10 de julio de 2025 en el proceso competencial. El pedido fue presentado el 21 de agosto de 2025 y se encontraba dentro del plazo legal establecido por el artículo 121 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

El TC recordó que los terceros con interés en un proceso, como es el caso de Boluarte en este expediente, no tienen la condición de parte. Por ello, carecen de legitimidad para interponer pedidos de nulidad, excepciones o abstenciones de magistrados, limitándose únicamente a brindar aportes interpretativos. En consecuencia, la solicitud fue declarada improcedente.

No obstante, el máximo intérprete de la Constitución decidió, de oficio, aclarar un punto específico de la sentencia. En el fundamento 136, numeral (i), se regulaban los actos de investigación que la Fiscalía de la Nación puede realizar al presidente en funciones. Allí se mencionaba la toma de declaración, pedidos de información y entrega de documentos, precisando que ciertos actos solo podían hacerse una o dos veces.

El TC advirtió que en la sentencia original no se había extendido esa limitación a los pedidos de información y a la entrega de pruebas documentales. Por ello, aclaró que estas diligencias también deberán realizarse una sola vez o, como máximo, dos veces. Esta precisión busca evitar que el Ministerio Público realice actos reiterados que pudieran desnaturalizar la protección institucional de la Presidencia de la República.

Finalmente, el Tribunal subrayó que la Fiscalía solo está facultada a realizar actos de investigación urgentes, necesarios e inaplazables, siempre que respeten la dignidad del cargo presidencial. Así, se declaró improcedente la solicitud de Boluarte, pero se efectuó una aclaración de oficio para salvaguardar el equilibrio entre la función investigadora del Ministerio Público y la protección de la institución presidencial

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 00006-2024-PCC/TC
PODER EJECUTIVO
AUTO – ACLARACIÓN

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 9 días del mes de septiembre de 2025, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados Pacheco Zerga, presidenta; Domínguez Haro, vicepresidente; Morales Saravia, Ochoa Cardich y Hernández Chávez, pronuncia el siguiente auto.

VISTO

El escrito de fecha 21 de agosto de 2025, presentado por la titular de la Presidencia de la República, doña Dina Ercilia Boluarte Zegarra, mediante el cual solicita la aclaración de la sentencia de fecha 10 de julio de 2025; y,

ATENDIENDO A QUE

1. El primer párrafo del artículo 121 del Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPCo) dispone lo siguiente respecto a la aclaración de las sentencias emitidas por este Tribunal Constitucional:

Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En el plazo de dos días a contar desde su notificación o publicación tratándose de las resoluciones recaídas en los procesos de inconstitucionalidad, el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido (énfasis añadido).

2. Conforme a la disposición precitada, las partes pueden solicitar la subsanación de errores materiales u omisiones, o la aclaración de algún concepto, sin que aquello comporte el desarrollo de fundamentos, interpretaciones, deducciones o conclusiones adicionales en relación con lo decidido.

3. Al respecto, se advierte que mediante la constancia de notificación electrónica de fecha 19 de agosto de 2025 (obrante a foja 991 del cuadernillo digital del expediente), este Tribunal notificó a la titular de la Presidencia de la República la sentencia emitida en este proceso. En consecuencia, el pedido de aclaración ha sido interpuesto dentro del plazo legal respectivo.

4. Ahora bien, conforme lo ha precisado este Tribunal a través de su jurisprudencia, los sujetos procesales como terceros, partícipes o amicus curiae, carecen de la condición de parte y, en consecuencia, no pueden plantear nulidades o excepciones (fundamento 21 de la Sentencia 00025-2005-PI/TC y otro), ni pedidos de abstención de magistrados (fundamento 2 del Auto 00007-2007-PI/TC, de fecha 31 de mayo de 2007), y su actividad se limita a aportar sentidos interpretativos relevantes, ya sea por escrito o verbalmente, en el acto de la vista de la causa.

5. En esa línea, cabe señalar que doña Dina Ercilia Boluarte Zegarra fue incorporada en el presente proceso competencial en calidad de tercero con interés en el resultado del proceso. En tal sentido, al no contar con la condición de parte, la solicitud presentada es improcedente.

[Continúa …]

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