Fundamento destacado: 201. La Corte anteriormente ha señalado que, de conformidad con el artículo 19 de la Convención Americana, el Estado debe asumir una posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas o cuidados especiales orientados en el principio del interés superior del niño [261]. En tal sentido, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y a los derechos de los niños, en consideración a su condición particular de vulnerabilidad [262]. De conformidad con sus obligaciones convencionales, efectivamente, el Estado debió haber adoptado medidas especiales a favor de la señora Rosendo Cantú, no sólo durante la denuncia penal, sino durante el tiempo en que, siendo una niña, estuvo vinculada a las investigaciones ministeriales seguidas con motivo del delito que había denunciado, máxime por tratarse de una persona indígena, pues los niños indígenas cuyas comunidades son afectadas por la pobreza se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. La obligación de proteger el interés superior de los niños y niñas durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados[263] puede implicar, inter alia, lo siguiente: i) suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo con sus necesidades[264];ii) asegurar especialmente en casos en los cuales niños o niñas hayan sido víctimas de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato, su derecho a ser escuchados se ejerza garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado[265], y iii) procurar que los niños y niñas no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, en la medida de lo posible, la revictimización o un impacto traumático en el niño[266].
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO ROSENDO CANTÚ Y OTRA VS. MÉXICO
SENTENCIA DE 31 DE AGOSTO DE 2010
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas)
En el caso Rosendo Cantú y otra,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también «la Corte Interamericana», «la Corte» o «el Tribunal»), integrada por los siguientes jueces:
Diego García-Sayán, Presidente;
Leonardo A. Franco, Vicepresidente;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Margarette May Macaulay, Jueza;
Rhadys Abreu Blondet, Jueza;
Alberto Pérez Pérez, Juez;
Eduardo Vio Grossi, Juez, y
Alejandro Carlos Espinosa, Juez ad hoc;
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante «la Convención Americana» o «la Convención») y con los artículos 30, 38.6, 56.2, 58, 59 y 61 del Reglamento de la Corte [1] (en adelante «el Reglamento»), dicta la presente Sentencia.
I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
1. El 2 de agosto de 2009, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante «la Comisión Interamericana» o «la Comisión») sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante «el Estado» o «México»), originada en la petición presentada el 10 de noviembre de 2003 por Valentina Rosendo Cantú (en adelante «la señora Rosendo Cantú» o «la presunta víctima»), la Organización Indígena de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos A.C., el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» A.C. (en adelante también «Tlachinollan») y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.. El 21 de octubre de 2006 la Comisión Interamericana emitió el Informe de Admisibilidad No. 93/06 [2] y el 27 de marzo de 2009 aprobó el Informe de Fondo No. 36/09 [3], en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual realizó una serie de recomendaciones para el Estado. Este último Informe fue notificado a México el 2 de abril de 2009 y se le concedió un plazo de dos meses para que informara sobre las acciones emprendidas para implementar las recomendaciones. El 7 de mayo de 2009 el Estado solicitó una prórroga de un mes para presentar su informe. La Comisión otorgó la prórroga solicitada el 17 de junio de 2009 y solicitó al Estado que le informara sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a sus recomendaciones. Transcurrido el plazo «sin que el Estado presentara información sobre la implementación de las recomendaciones», el 31 de julio de 2009, la Comisión decidió someter el caso a la Corte. La Comisión designó como delegados al entonces Comisionado Florentín Meléndez y a su Secretario Ejecutivo, Santiago A. Canton, y como asesoras legales a la Secretaria Ejecutiva Adjunta, Elizabeth Abi-Mershed y a las abogadas Isabel Madariaga, Rosa Celorio, Fiorella Melzi y Lilly Ching, especialistas de la Secretaría.
[Continúa…]
