Los aumentos salariales se generaban por decisiones políticas, laudos arbitrales o presiones sindicales (huelgas), y sin que hubiera un alineamiento al presupuesto de la entidad ni, mucho menos, del país. Hay sectores y entidades con incrementos salariales periódicos, otros que no han tenido aumentos en muchos años, así como un tercer grupo que nunca negociaba colectivamente.
El Estado abre la puerta, a través del Decreto de Urgencia No. 014-2020, para que los servidores públicos, a través de las organizaciones sindicales, puedan negociar colectivamente incrementos salariales, beneficios económicos y condiciones de trabajo, pero respetando el equilibrio presupuestal más la sostenibilidad fiscal.
Lea también: Regulan negociación colectiva en el sector público [D.U. 14-2020]
¿A quiénes aplica?
La negociación colectiva se permite en todos los sectores, empresas y entidades públicas, incluyendo a los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
Solo están excluidos los funcionarios públicos, personal de dirección y confianza, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como jueces y fiscales.
¿Cómo se negociará colectivamente?
A través de un solo pliego de reclamos, en tres niveles de negociación:
| Niveles | Sectores y entidades | ¿Qué se negocia? |
| Centralizado | Ministerios, gobiernos regionales y sus organismos públicos | Condiciones económicas y de productividad.
Las condiciones no económicas se negocian a nivel descentralizado. |
| Centralizado especial | Educación y salud | Condiciones económicas, de productividad y no económicas. |
| Descentralizado | Poderes Legislativo y Judicial, Ministerio Público, Contraloría General, JNE, ONPE, RENIEC, JNJ, Defensoría del pueblo, Tribunal Constitucional, SUNAT, ESSALUD, INPE, gobiernos locales, organismos públicos de gobiernos locales y empresas públicas. | Condiciones económicas, de productividad y no económicas. |
¿Cuál será el procedimiento?
Las negociaciones colectivas se desarrollan por sectores y entidades, los convenios colectivos tendrán dos años de duración y se aplican desde el año siguiente de firmado el acuerdo (para que se programe en el presupuesto general).
Los convenios colectivos deberán tener en cuenta el informe económico que elaborará el Ministerio de Economía y Finanzas y que considerará la valorización del pliego de reclamos, la situación económica, financiera y fiscal del Sector público, la situación económica, financiera y disponibilidad presupuestaria, su proyección y la gestión fiscal de los recursos humanos de la entidad o empresa pública, según corresponda, así como el máximo negociable y las fuentes de financiamiento aplicables.

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