Por los presuntos delitos de prevaricato y usurpación de funciones, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) denunció al juez Javier Paredes Salas por dictar una medida cautelar que suspendió la demolición de predios en asentamientos humanos, en el distrito de San Juan de Miraflores, hasta que la comuna culmine con un proceso administrativo en curso.
Según el comunicado emitido por municipalidad limeña, la Procuraduría Municipal fue la encargada de formalizar la denuncia ante la Autoridad Nacional de Justicia. La MML argumenta que la medida adoptada por Paredes Salas carece de validez, debido a que solo una Sala Superior tendría la facultad para emitir una disposición de este tipo.
El recurso exige la nulidad de la resolución tomada por el juez, quien también fue cuestionado por la comuna debido a que habría beneficiado al prófugo Vladimir Cerrón. La institución liderada por el alcalde Rafael López Aliaga señaló lo siguiente:
Además, se le está denunciando [al juez] ante la Autoridad Nacional de Justicia y la JNJ [Junta Nacional de Justicia], a fin de sancionar drásticamente a este operador, que antes ha beneficiado al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón y que cuenta con diversas denuncias, según informes periodísticos.
Inscríbete aquí Más información
El detalle del caso
La medida cautelar instó a la municipalidad a concluir un procedimiento administrativo relacionado con la recuperación de terrenos de uso público antes de proceder con la demolición total o parcial de las viviendas en el área.
Así, el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó suspender de manera provisional la demolición de viviendas en el asentamiento humano Luis Felipe de las Casas Grieve II, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores.
En respuesta a la medida judicial, Carlos Peña, representante de la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima (Emape), negó que la resolución judicial tuviera un impacto en las obras de la Vía Expresa Sur, en una conferencia de prensa:
Una serie de personas han utilizado la información de la propuesta de Graña (y Montero), que es una información con peajes que ya sabíamos que venía de contratos corruptos y demás. Han creído que sus predios se encontraban en medio de la vía y no es así, por lo tanto, esta medida no paraliza las actividades de la Vía Expresa Sur.
