La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial de Tacna inició una investigación preliminar contra Y. O. M. R., juez titular del Cuarto Juzgado de Investigación preparatoria. Contra el magistrado pesa la imputación de una presunta inconducta funcional.
La Corte Superior de Justicia de Tacna informó de la medida, el 10 de diciembre a horas de la noche, mediante un comunicado difundido en sus canales institucionales.
Un día antes, el magistrado y su hermano, se vieron involucrados en una supuesta agresión que culminó con una supuesta denuncia contra el juez en la comisaria González Vigil; según reportaron diversos medios locales.
El juez, según la versión de los medios, también interpuso un denuncia por agresión contra su familiar. «Estoy denunciando una agresión […] No, no, a mí me han golpeado«, agregó al ser consultado por una posible agresión de su parte.
Descargos del juez
En comunicación con este portal, el juez remitió un petitorio con el desistimiento de su hermano en la denuncia contra su persona. El documento, fechado el 12 de diciembre del 2024, señala que las lesiones presentadas por dicho sujeto fueron ocasionadas por una caída en el patio de su casa y por «una caminadora de ejercicios rota con punta y filo».
Por ello, en el mencionado escrito, lo releva de «toda responsabilidad» y le ofrece sus disculpas. Asimismo, declara que el magistrado «no realizó ningún acto violento consistente en golpes u otros contra» su persona.
ANC absolvió al juez de una sanción
El 12 de junio del 2023, el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial sancionó al magistrado con una suspensión, por un plazo de cuatro meses, por su decisión frente a un requerimiento de prisión preventiva contra el expolicía Santiago Paco Mamani.
El exagente era imputado por el presunto delito contra la libertad personal, en la modalidad de secuestro agravado, contra una ciudadana identificada como Judith Angélica Machaca Cauna.
La solicitud de prisión preventiva, presentada el 27 del diciembre del 2023 por el Centro Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, fue declarada infundada por el juez cuatro días después. En su lugar, el juez le impuso al investigado una comparecencia restrictiva y determinó reglas de conducta.
Después de esta resolución judicial, el acusado logró fugarse del país e instalarse en Bolivia. No obstante, luego fue capturado y detenido, junto con sus padres y expareja, en el penal de Pocollay.
Sin embargo, la investigación definitiva del ANC del Poder Judicial indicó que el derecho disciplinario no puede ni debe examinar el sentido de la decisión de un juez, sobre todo si se han expuesto criterios jurídicos razonables razonables para sustentar esta.
Ante ello, la instancia concluyó que «el magistrado investigado cumplió con exponer los fundamentos jurídicos y fácticos que sustentaron su decisión» y lo absolvió de los cargos en su contra.
