La Mesa Directiva del Congreso decidió que los abogados constitucionalistas Aníbal Quiroga León y Humberto Abanto Verástegui asuman la defensa de la constitucionalidad de las leyes 32107 y 32130 ante el Tribunal Constitucional (TC). Ambos letrados desempeñarán esta labor de manera ad honorem, según el Acuerdo 095-2024-2025/MESA-CR.
La Ley 32107, promovida por las bancadas de Renovación Popular y Fuerza Popular, establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del año 2002.
Su fundamento radica en que el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad entraron en vigor en el ordenamiento jurídico peruano después de esa fecha. Por tanto, según esta norma, ningún hecho anterior a 2002 podría ser considerado como un delito de lesa humanidad.
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Por otro lado, la Ley 32130 introduce modificaciones al Código Procesal Penal para delegar en la Policía Nacional (PNP) la facultad de iniciar investigaciones preliminares de manera independiente, sin que estas sean dirigidas directamente por el Ministerio Público.
Esta disposición fue cuestionada en su oportunidad por la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien sostiene que la norma vulnera la autonomía del Ministerio Público y su facultad constitucional de conducir la investigación penal.
Demanda de inconstitucionalidad y rol del TC
El Ministerio Público interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra ambas leyes, meses atrás, argumentando que contravienen principios fundamentales del ordenamiento jurídico. En el caso de la Ley 32107, se sostiene que vulnera tratados internacionales ratificados por el Perú y compromisos en materia de derechos humanos.
Respecto a la Ley 32130, se sostiene que esta debilita la capacidad del Ministerio Público para garantizar investigaciones imparciales y efectivas. En el marco de ambas normas, el TC admitió a trámite la demanda y emplazó al Congreso para que presente sus argumentos de defensa en un plazo de 30 días hábiles.
En esa linea, Quiroga y Abanto serán los encargados de sustentar la postura del Parlamento ante la máxima instancia en materia constitucional.
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