Luego del destape de la colección de relojes de la presidenta Dina Boluarte, la Fiscalía inició un proceso de investigación preliminar por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Ante ello, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, cuestionó como «una insólita celeridad» en el trabajo del Ministerio Público.
Durante sus declaraciones en el Congreso de la República, el premier confirmó que la Jefa de Estado si puede ser investigada, pero las pesquisas son complejas al ser la máxima autoridad de la nación.
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En medio de la polémica, el representante de la Contraloría General de la República, Nelson Shack, se retractó sobre sus declaraciones un día anterior, en el que señala, que los funcionarios públicos sólo alcanzan a presentar declaraciones juradas de los vehículos motorizados.
Ante ello, en medio de una conferencia de prensa hoy en Apurímac, el contralor dio un paso atrás en sus declaraciones y dijo que según la normativa vigente todos los funcionarios están obligados a declarar su patrimonio.
«Los funcionarios públicos estamos obligados a declarar todo nuestro patrimonio. ¿Las joyas son parte de nuestro patrimonio? Sí. ¿Tenemos que declararlas? Sí. Esta es una declaración que se hace al inicio, periódicamente y al cese de la función”, expresó.
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Asimismo, el titular de la Contraloría señaló que «la directiva establece que cuando los bienes que dispones son mayores a 2 UIT por rubro, estás en la obligación de declarar”.
