Fuerza Popular plantea hacer seguimiento a «abogados de oficio» para que ejerzan defensa eficaz

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Los resultados oficiales de las Elecciones 2021 nos muestran un escenario en el que nada está definido. Sin embargo, una de las candidatas con más oportunidades de pasar a la segunda vuelta junto a Pedro Castillo de Perú Libre es Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

Como ya hemos compartido las propuestas de Perú Libre sobre el sector justicia nos toca hacer lo mismo con el plan de Fuerza Popular. El eje 4 de su propuesta está dedicado a esos temas, además de enfatizar la lucha contra la corrupción como una de las bases de su postulación.

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Uno de los puntos que aborda Fuerza Popular, además de la implementación del Código Procesal Penal y el combate contra la carga procesal, es el rol de los defensores públicos en el ejercicio de la defensa. Su plan refiere que el deber del Estado no termina con la designación de un abogado de oficio (defensor público ahora) y plantea que se realice un verdadero seguimiento de esta defensa para que se ejerza de manera idónea.

El documento propone que el abogado debe hacer suyo el caso, conociéndolo al detalle y defendiendo los intereses de su patrocinado. Agrega que la defensa eficaz no es un derecho de solo unos cuantos, sino de todos los peruanos. Por ello, concluye que es necesario fortalecer las instituciones encargadas de administrar justicia. Esto teniendo en cuenta la modernización del aparato administrativo y otros puntos que se definen en el plan:

Del mismo modo, la modernización del sistema de justicia requiere que el Estado proporcione una adecuada defensa a las personas que no cuentan con los recursos necesarios para contratar una defensa particular, sin embargo, el deber del Estado no termina con la designación de un abogado de oficio, pues se debe realizar el seguimiento a esta defensa asegurándose que aquella sea ejercida de manera idónea; esto es, el abogado debe hacer suyo el caso, conociéndolo al detalle y defendiendo los intereses de su patrocinado. Una defensa eficaz no es un derecho de solo unos cuantos, sino de todos los peruanos. Por ello, es necesario fortalecer las instituciones encargadas de administrar justicia teniendo en cuenta la modernización del aparato administrativo.

A continuación, compartimos el cuarto eje del programa. Además del link para descargar el plan en su totalidad.

Eje 4: Justicia y lucha contra la corrupción

El sistema de administración de la justicia es de vital importancia para la democracia, constituyendo así, un pilar fundamental para la construcción del orden social y la estabilidad económica del país.

Este sistema requiere de apoyo para revertir los diversos factores de desconfianza que le afectan, como son la poca predictibilidad de sus fallos, la poca transparencia en los procesos, la falta de acceso al sistema de justicia de manera oportuna, la demora sustancial en los procesos judiciales por la sobrecarga judicial e incumplimiento de plazos, entre otros.

Sin embargo, la administración de justicia requiere un irrestricto respeto de los otros
poderes del Estado, para su accionar, desempeño y labor, a fin de que esta se desarrolle de manera independiente ante cualquier coacción externa. La injerencia de cualquier poder del Estado sobre el sistema de justicia, implica el socavamiento de una nación.

En ese sentido, contribuiremos con el acceso a una justicia eficiente y oportuna a la
población, especialmente para los más vulnerables. Este aseguramiento de la justicia podrá generar mayor confianza en la población e incidirá en su bienestar y realización como personas.

Por lo mismo, urge un trabajo conjunto para culminar el proceso de implementación progresiva del Código Procesal Penal, iniciado el 01 de julio del 2006 en el Distrito Judicial de Huaura y que se ha visto tantas veces postergada en su entrada en vigencia para Lima Sur y Lima Centro, prevista por ahora, para el 30 de abril del 2021 y el 31 de mayo de 2021, respectivamente (Decreto Supremo n° 013-2020-JUS de fecha 30 de noviembre de 2020).

Son 15 años y no se ha terminado con este proceso de implementación, se requiere la unión de esfuerzos pues no solo se trata de establecer una fecha de inicio sino se deben desplegar acciones que apunten al sostenimiento del nuevo marco procesal penal, a través de actos propios del Poder Judicial que requieren el apoyo del ejecutivo para que pueda implementarse debidamente las salas de audiencia y el sistema digital correspondiente de las carpetas fiscales y expedientes, las entrevistas con los magistrados, de forma que sea posible que el ciudadano tenga acceso en tiempo real a los actuados y conocer del estado de su proceso. Asimismo, es necesario que este proceso cuente con el apoyo en la capacitación constante del personal judicial y fiscal, así como del personal administrativo, pues ello permitirá obtener una justicia eficiente y oportuna para la población.

Otro gran problema que enfrenta el sistema de justicia nacional radica en la carga procesal de los juzgados y salas, conforme lo ha advertido la electa presidenta del Poder Judicial, en su Plan de Gobierno 2021-2022 cuando sostiene que “el ingreso de causas nuevas año por año presenta, según los datos proporcionados por la Sub Gerencia de Estadística, un crecimiento promedio del 8%, lo que implica que de aplicarse dicho porcentaje en forma estable para los próximos diez años los ingresos de causas nuevas se duplicarán en ese periodo.”4

En ese sentido, es imperativo que se desplieguen esfuerzos que se ajusten en la línea de respeto del debido proceso y que permitan descongestionar la carga procesal a través de la promoción de mecanismos alternativos de solución de conflictos y la celeridad en el trámite judicial. Por ello, la necesidad de fortalecer e impulsar lo ya trabajado y a la vez sumar ideas nuevas.

De la misma manera, somos conscientes que nuestro sistema de justicia aún no cuenta con todas las condiciones óptimas para lograr un acceso a la justicia acorde a las nuevas tecnologías de información y las necesidades que estas originan.

Pese a que existen algunos avances en materia de digitalización y TIC’s, por ejemplo: el intranet en el Poder Judicial, Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE), sistema de emisión de antecedentes penales, sistema de remates virtuales, expediente judicial electrónico, casilla electrónica, entre otros; se requiere aun el fortalecimiento de los mismos.

Actualmente, existen varios órganos jurisdiccionales que vienen aplicando dichos avances en forma de programas piloto, por lo que, tenemos el compromiso de ampliar los mismos a nivel nacional y que involucren la totalidad de materias que comprende nuestro sistema de justicia, debiéndose abarcar también la normatividad especial que regule ello.

Cabe resaltar que la modernización y digitalización del sistema de justicia no solo implica capacitación a los servidores públicos, funcionarios y jueces, sino también, información y
difusión de estas mejoras a los litigantes y la ciudadanía.

En la actualidad, el derecho de acceso a la información es limitado, el sistema de consulta en línea del “estado” de los expedientes solo es aplicable a las materias civiles, comerciales, laborales, entre otros; dejando de lado la materia penal, que por su especialidad requiere de una plataforma de interacción a cargo de la autoridad competente, de modo tal, que sea ésta quien controle el acceso únicamente a las partes del proceso, permitiendo así una igual posibilidad de conocer en tiempo real su caso como en el resto de materias; sin perjuicio de ello se debería implementar el sistema de entrevistas de información telefónica o digital que brinde información.

Los procesos deben adecuarse a la tecnología e infraestructura que permita optimizar los
resultados, por ello es esencial que, como parte de la modernización, se busque implementar una plataforma digital de acceso seguro a las partes procesales, que hagan más célere el seguimiento de los diferentes procesos que se siguen en el Poder Judicial o en el Ministerio Público.

Del mismo modo, la modernización del sistema de justicia requiere que el Estado proporcione una adecuada defensa a las personas que no cuentan con los recursos necesarios para contratar una defensa particular, sin embargo, el deber del Estado no termina con la designación de un abogado de oficio, pues se debe realizar el seguimiento a esta defensa asegurándose que aquella sea ejercida de manera idónea; esto es, el abogado debe hacer suyo el caso, conociéndolo al detalle y defendiendo los intereses de su patrocinado. Una defensa eficaz no es un derecho de solo unos cuantos, sino de todos los peruanos. Por ello, es necesario fortalecer las instituciones encargadas de administrar justicia teniendo en cuenta la modernización del aparato administrativo.

Para descargar el plan completo clic aquí.

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