A estas alturas, es notoria las contradicciones entre el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y los miembros del Equipo Especial del caso Lava Jato, cuyos desencuentros se ha ventilado en todos los medios de comunicación. A decir por las encuestas, la ciudadanía parece haberse alineado con los fiscales que investigan la corrupción de la empresa brasileña, quienes, además, han denunciado que su trabajo es permanentemente hostilizado por su superior. Chávarry, pese a las denuncias constitucionales en su contra, ha descartado dar un paso al costado.
Es evidente que los roces en la entidad fiscal no aporta en la investigación ni en la lucha contra la corrupción, sino que dificulta la coordinación y cooperación que debiera existir en una institución que tiene a su cargo la defensa de la legalidad.
En términos gruesos, todo esto comenzó cuando, en agosto de este año, aparecieron una serie de denuncias sin mayor sustento contra el fiscal José Domingo Pérez (encargado de casos emblemáticos como el de Fuerza Popular, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, entre otros). En primer lugar, se le acusó de haber cobrado 3000 soles ilegalmente por concepto de bono extraordinario que no le habría correspondido. Al respecto declaró que esto carecía de sentido porque nunca dejó de ser fiscal anticorrupción y que su institución tiene acceso a todos los registros contables y administrativos que respaldan su posición
Los denuncias aparecieron inmediatamente después de que se le abriera proceso disciplinario por declarar que Pedro Chávarry no era el más idóneo para dirigir el Ministerio Público, debido a los cuestionamientos éticos en su contra. Pérez reafirmó su posición, señalando que que no puede rectificar sus ideas u opiniones. Casi al mismo tiempo, un ciudadano había realizado un pedido para evaluar la salud mental del fiscal, lo que no pasó a mayores al no tener un fundamento consistente. Pérez prosiguió con las investigaciones.
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Posteriormente, tras una exposición que realizó el fiscal de lavado de activos en México, el fiscal fue acusado de realizar presuntamente «apología al terrorismo», tras hacer una declaración respecto del periodo de violencia subversiva contra el Estado que vivio el Perú en los años ochenta. Pérez dijo que Fujimori «dio un golpe de Estado civil en el año 1992 y acabó con la guerrilla, con la guerra civil, respecto a grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA». Pedró Chávarry consideró que era apología y publicó un tweet con el hashtag #TerrorismoNuncaMás. Le abrieron otro procedimiento disciplinario.
Según Pérez, los hostigamientos habrían comenzado inclusive antes de la gestión de Chávarry. Así, declaró que el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía, Alonso Peña Cabrera, lo presionó para que no pregunte por Alan García y solo por Keiko Fujimori a Jorge Barata en Brasil. Además, confesó que Pablo Sánchez le dijo: «no sabes con quién te has metido», refiriéndose a la empresa Odebrecht.
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Por si eso fuera poco, la fiscal superior Lourdes Téllez solicitó un informe a Pérez sobre la designación de su esposa como funcionaria de confianza en el Ministerio de Economía, lo que poco o nada tenía que ver con sus labores. Todo esto en un contexto de crecientes denuncias a Pedro Chávarry, involucrado con el caso de los «Cuellos Blancos del Puerto», organización criminal a la que habría pertenecido, según la tesis fiscal. Como se pudo ver en los chats filtrados de Fuerza Popular, su sostén sería la bancada fujimorista en el Congreso de la República.
Chávarry, ante la posibilidad de ser citado por el fiscal de lavado de activos para brindar su declaración, señaló que «José Domingo Pérez no me puede citar porque es mi inferior». Como una especie de respuesta, tras la imposición de prisión preventiva a Keiko Fujimori, el fiscal Pérez tuvo la osadía de declarar que «Esto debe llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación». A su vez, Chávarry contratacaría afirmando que «Domingo Pérez tiene un interés político coordinado con el gobierno».
Por último, el líder del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela Barba, denunció que su grupo está siendo hostilizado por la investigación que realiza a Keiko Fujimori y al partido Fuerza Popular. Señaló que estos actos de hostilización se han reflejado en los múltiples procesos disciplinarios que le han abierto al fiscal José Domingo Pérez, con el propósito de distraerlo de las investigaciones. Asimismo, cuestionó que el Ministerio Público haya gestionado la aparición de un comunicado de la Procuraduría General de Brasil, donde se desautoriza el respaldo que recibió el Equipo Especial Lava Jato.
