La Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra por el presunto delito colusión agravada en agravio del Estado.
La medida, que abarca el periodo de la mandataria como titular de Desarrollo e Inclusión Social. A través de un comunicado oficial difundido el 15 de mayo de 2025, el Ministerio Público informó:
La Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, informa que presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, como presunta autora del delito de colusión agravada en agravio del Estado.
Los hechos imputados se encuentran relacionados con supuestas concertaciones realizadas, en el marco del caso Qali Warma, durante la gestión de Boluarte en el referido ministro. El Ministerio Público señaló lo siguiente:
Dina Ercilia Boluarte Zegarra se habría aprovechado del cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social para concertar con Víctor Hugo Torres Merino, amigo de infancia de su hermano Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, a fin de que sea contratado como proveedor de servicios en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social, pertenecientes a dicha cartera ministerial.
La denuncia se presentó conforme a lo previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú, y será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, encargada de determinar su procedencia y eventual trámite parlamentario.
Asimismo, el mismo día, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra la presidenta por presuntas «lesiones leves y graves» en agravio de Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega y otros.
De acuerdo a la tesis fiscal, durante las protestas sociales efectuadas entre 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023 se identificaron a 75 víctimas debido al «uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública» ejercido por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Los hechos, que sucedieron en las regiones de Lima Metropolitana, Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, habrían sido de «pleno conocimiento» de parte de los implicados.
