En Cartagena de Indias, Colombia, se celebró el 04, 05 y 06 de septiembre de 2023, el IV Encuentro de la banca multilateral pública, llamado “Finance in Common”, un encuentro que se viene realizando desde la pandemia, reuniendo a la banca multilateral y que este año ha tenido como objetivo incorporar a la banca privada para financiar el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y el respeto de los derechos humanos.
Es retador que la banca privada pueda incorporar, en su forma de hacer negocios, una defensa de los bienes comunes. De hecho, la adicionalidad de los bancos multilaterales de desarrollo es que tienen una serie de instrumentos financieros que incorporan una tasa de interés baja, pero también el cumplimiento de una serie de requisitos que revisten al préstamo en una perspectiva de sostenibilidad y equidad, al menos esa es la intención. Las salvaguardas ambientales y sociales del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y de otras instituciones financieras de desarrollo, son las condicionantes para que los préstamos a los Gobiernos y las empresas se adecuen a la perspectiva de desarrollo sostenible. Un sistema imperfecto, pero sistema al fin de cuentas.
Ya los bancos nacionales de desarrollo presentan retos para incorporarse en la lucha contra el cambio climático o incorporar una mirada de sostenibilidad de sus operaciones. Pensar en la banca privada ya es bastante aventurado. Estos bancos no tienen sistemas de salvaguardias. Es cierto que todos los bancos son diferentes y están adaptados a distintas heterogeneidades de intereses del mercado. No hay un solo modelo para invertir en estos temas de sostenibilidad o lucha contra la desigualdad, pero la tendencia es que no lo hacen. Por ahí no va su negocio, donde muchas veces la presión política y económica son las que gobiernan sus operaciones.
Pensar en alianzas entre los bancos multilaterales de desarrollo y la banca privada exige ir más allá de un contrato en el modelo usual de hacer negocios. No hay negocio de este tipo, se tienen que colocar en la mesa ciertos elementos que organicen la discusión. Primero, una alianza así debe tener claro qué perseguir: hoy por hoy es reducir el calentamiento global y luchar contra la desigualdad. Si ambas son compatibles o no, es algo que debemos descubrir. Lo que está claro es lo inviable del modelo de consumo y producción frente a la lucha contra el cambio climático. Este modelo nos está llevando al calentamiento global y al punto de no retorno, y posiblemente al fin de la humanidad.
PENSAR EN ALIANZAS ENTRE LOS BANCOS MULTILATERALES DE DESARROLLO Y LA BANCA PRIVADA EXIGE IR MÁS ALLÁ DE UN CONTRATO EN EL MODELO USUAL DE HACER NEGOCIOS. NO HAY NEGOCIO DE ESTE TIPO, SE TIENEN QUE COLOCAR EN LA MESA CIERTOS ELEMENTOS QUE ORGANICEN LA DISCUSIÓN. PRIMERO, UNA ALIANZA ASÍ DEBE TENER CLARO QUÉ PERSEGUIR: HOY POR HOY ES REDUCIR EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y LUCHAR CONTRA LA DESIGUALDAD.
Asimismo, los actores locales conocen el territorio donde se realizarán las inversiones, por lo que ellos serán los principales defensores de estas iniciativas; esto no es solo para darle legitimidad a una “coalición verde” de la banca, sino para que estas inversiones se transformen en una alianza comunitaria que permita que la sostenibilidad se vuelva parte de cualquier iniciativa de inversión. De hecho, muchas veces se conciben proyectos por los Gobiernos e instituciones financieras y no consideran la demanda local, la perspectiva de lo que necesita la gente. Hemos visto proyectos que simplemente presuponen o extrapolan información para elaborar un expediente técnico de un proyecto de servicios públicos; por ejemplo, para construir una carretera o hidrovía, y encuentran que no es lo que desean las comunidades locales. Es decir, si van a invertir en proyectos de servicios públicos, con todo el conocimiento que ya tiene la banca pública de desarrollo, deberían saber que no solo se trabajara con el Gobierno Nacional o la autoridad local, también debe considerarse la participación de la población local para mejorar y corregir los fríos instrumentos financieros que no llegan a traslucir cómo se trabajará con un esquema de gobernanza, participación ciudadana y así evitar los impactos negativos ambientales y sociales.
La banca de desarrollo podría aprender de la filantropía privada, que después de la COP26 de Cambio Climático de Glasgow, utilizó el modelo de reducir recursos a intermediarios para apoyar a las comunidades directamente en conservar sus bosques o en alternativas económicas al modelo de desarrollo. De hecho, en Colombia se ha comenzado a hablar de “alianzas público comunitarias” y en Perú, los indígenas amazónicos han hablado de la promoción de la “economía indígena” local desde hace mucho tiempo. ¿Acaso no saben que, intereses económicos ilegales se van extendiendo en la Amazonía, concurriendo el narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal, para degradar o deforestar los bosques amazónicos y controlar el territorio?
La nota más resaltante la puso en la última plenaria, Alicia Cahuiya, dirigente indígena ecuatoriana del pueblo Huaorani, una voz consciente que llama a proteger la Amazonía y protesta frente a los bancos que han sido también responsables históricos de la deforestación y contaminación de sus bosques. Esto se ha traducido en un lenguaje reciente que los Gobiernos y bancos han comenzado a aceptar: la obligación de proteger a los defensores ambientales. No podemos negar que hay un debate sobre el tema entre los bancos; a decir verdad, el nuevo marco ambiental y social del BID toma como referencia el Acuerdo de Escazú, el reciente tratado internacional de derechos ambientales que incorpora la obligación de proteger a los defensores ambientales. O los debates sobre la efectividad de remediar el daño por parte de los mecanismos de queja de los bancos multilaterales (BID, IFC, CAO, ACNUR). Pero esto no es suficiente, pues las amenazas al espacio cívico se vienen extendiendo en toda la región y la presencia de los bancos debe sumar a las soluciones, no contribuir a los problemas.
LA NOTA MÁS RESALTANTE LA PUSO EN LA ÚLTIMA PLENARIA, ALICIA CAHUIYA, DIRIGENTE INDÍGENA ECUATORIANA DEL PUEBLO HUAORANI, UNA VOZ CONSCIENTE QUE LLAMA A PROTEGER LA AMAZONÍA Y PROTESTA FRENTE A LOS BANCOS QUE HAN SIDO TAMBIÉN RESPONSABLES HISTÓRICOS DE LA DEFORESTACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE SUS BOSQUES. ESTO SE HA TRADUCIDO EN UN LENGUAJE RECIENTE QUE LOS GOBIERNOS Y BANCOS HAN COMENZADO A ACEPTAR: LA OBLIGACIÓN DE PROTEGER A LOS DEFENSORES AMBIENTALES.
Así, el actor local debe ser fundamental en una alianza de negocios que pretenden beneficiarlo, debe ser un actor activamente participante de una alianza como éstas, que se concentra en financiar los bienes comunes, pero que no terminan de comprender su rol en esta agenda desde una posición estratosférica. Un ejemplo, el Gobierno Regional de Ucayali y el Gobierno peruano pretendían financiar la construcción de una carretera en plena Amazonía para reducir costos de operación y promover la inversión: El proyecto carretero Bolognesi-Puente Sheshea. El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú señala que esta carretera de 20 millones de dólares sería financiada por el BID y la CAF. Después de una conversación con el BID, este banco termina por comunicar que no financiará este proyecto. Saludamos ello, pero si hubiera una alianza y diálogo permanente, esta podría ayudar a mejorar y evitar este tipo de proyectos.
Buscar este tipo de alianzas entre los bancos públicos y privados implica coaliciones más amplias para mejorar los impactos de estos objetivos. Muchos somos escépticos a que pueda ocurrir ello, pero si realmente quieren colaborar con el Acuerdo de París, resolver la desigualdad o la pobreza, así como cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030, deben incluir en la conversación las voces locales, no solo a la sociedad civil organizada, sino también a las comunidades locales, tradicionales e indígenas para enriquecer su diálogo. Aprendan de los diálogos que por 20 años ha tenido la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI entre empresas, Gobiernos y sociedad civil, para luchar contra la opacidad del sector extractivo.
Por otro lado, en esta conferencia de los bancos es relevante su optimismo en la lucha contra el cambio climático y lograr los ODS. Para nada problematizan los desafíos y, cuando se ofrece esa oportunidad, más que silencio como respuesta, lo que tenemos es un rápido cambio de tema o simplemente una ausencia del “cómo” se logrará este trabajo. Solamente se dicen las oportunidades de hacer negocios y no los retos que tienen que enfrentar. Los “Panama Papers” o el caso “Lava Jato” no merecen reflexión. La corrupción es un mal público y privado que se va extendiendo desde lo local público, hasta lo nacional. Necesitamos más transparencia y una alianza mucho más fuerte para la transparencia del financiamiento público.
Quedan temas pendientes como la participación privada en lo público, pues si la innovación o cumplimiento de los ODS será solo a través de lo privado, pues la idea no es reemplazar uno por otro, sino potencializar que las capacidades de ambas esferas para generar mayor desarrollo en tal sentido que lo ambiental, social y económico, sea más justo. Si las prioridades de desarrollo no son un tema relevante en esta alianza, o la rendición de cuentas, o cómo los bancos privados rendirán lo que se invierta en ellos; si la opacidad es algo que se mantiene; si estándares ambientales y sociales de los bancos de desarrollo no se aplican en la banca privada como intermediarios financieros que han movilizado miles de millones de dólares que hasta ahora no se conoce su impacto, ni como miden el riesgo ambiental y social, no habrá avance.
Este fue un diálogo aún incompleto, estos bancos no escuchan los problemas de los que son parte y no precisamente por falta de entendimiento. Tampoco quieren evolucionar hacia las soluciones. No es un costo económico muy alto, porque plata hay, dicen, sino por el costo político de aceptar que se equivocaron y lo siguen haciendo.
