Sumario: 1. Introducción, 2. El caso Marbury v. Madison, 3. El caso Plessy v. Ferguson, 4. Conclusión.
1. Introducción
Desde el 28 de mayo hasta el 23 de julio de 1787, las diferentes comisiones de representantes de los estados parte de la Confederación estadounidense, arribaron a la Casa de Gobierno del estado de Filadelfia con el propósito de celebrar la Convención Constituyente. Esta última, había sido el resultado de previos intentos fallidos para que los designados por cada estado se reunieran a debatir y buscaran la forma de fortalecer los artículos de la Confederación que previamente habían sido ratificados y entrado en vigor en 1781. Y es que, los estados habían tenido discrepancias con el Congreso unicameral que operaba como autoridad central, y sus decisiones respecto al poder tributario, la regulación del comercio o el ejercicio de los poderes compulsivos federales, por lo que, la intención de esta nueva convención era revisar los artículos de la mencionada Confederación; y que, de conformidad con las instrucciones recibidas por el Congreso, se hicieran reformas necesarias para una constitución federal que preservara la unión de los estados.
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Sin embargo, en la Convención, los representantes hicieron caso omiso a lo expresado por el Congreso, y no se conformaron con la reforma de unos artículos, pues para ellos —en especial para Alexander Hamilton y James Madison— era vital la existencia de un solo gobierno central fuerte; siendo así que, todos votaron a favor de esta propuesta. De esta forma, se decidió que habría un gobierno con separación de poderes como garantía de estabilidad en el régimen[1], pues el sometimiento previa independencia a los abusos de la monarquía británica con excesos por parte del rey Jorge III (poder ejecutivo), y su más reciente experiencia con las medidas por parte de un congreso unicameral (poder legislativo); les había dejado como lección que dichas situaciones desestabilizaban la unión y podían llevar a la ruptura de la misma. Consecuentemente, se estableció una legislatura bicameral (con un congreso y un senado), un presidente, y un poder judicial.
Cuando se abordó el tema del poder judicial, todos los participantes acordaron que este era de vital importancia en cuanto había sido una de las carencias dentro de la Confederación, siendo así, que, se acordó que estaría representado por la Corte Suprema y tribunales inferiores[2]. Es en este punto, donde Madison advierte en una de sus intervenciones, que debía existir una organización judicial igual de efectiva y al nivel de la autoridad legislativa, pues un gobierno sin un poder ejecutivo y judicial apropiados era “un tronco sin brazos ni piernas para poder desplazarse”[3]. Dicha opinión, fue secundada por Alexander Hamilton en el N°78 del Federalista, al afirmar que el poder judicial era “sin comparación el más débil de los tres departamentos de poder”[4]. Aun así, la Constitución fue aprobada en 1787 y ratificada por todos los estados; teniendo vigencia a partir del año 1789.
2. El caso Marbury v. Madison
No sería hasta 1801, que Madison enfrentaría tanto sus afirmaciones como las expresadas por Hamilton en el caso Marbury v. Madison. El contexto era que John Adams, segundo presidente de los EE. UU. y miembro del Partido Federalista, dejaba el mandato ante la victoria del demócrata-republicano Thomas Jefferson en las elecciones de 1800; por lo que, en los últimos días de su gobierno, el Congreso aprobó el Judiciary Act de 1801, ley que creaba nuevos distritos judiciales y reducía los miembros de la Corte Suprema de 6 a 5[5]. De esta forma, Adams nombró a 16 nuevos jueces para los circuitos judiciales y 42 jueces de paz; medida aprobada por el Senado, y cuyo único paso restante era la entrega de la cédula correspondiente (comission) por parte del secretario de estado —en ese entonces, John Marshall— a cada uno de los jueces. Desafortunadamente, Marshall no logró entregar los documentos a todos los jueces antes de que John Adams dejara la oficina, siendo uno de ellos el señor William Marbury.
Por su parte, Marshall dejó la oficina y se convirtió en juez de la Corte Suprema, por nombramiento previo de Adams; y quien lo sucedió como Secretario de Estado durante el nuevo mandato de Jefferson, fue James Madison. Sin embargo, Jefferson le ordenó a este último que no entregara las cédulas restantes, pues el mandato de su antecesor había terminado, y en su consideración aquellas ahora eran nulas. Marbury, indignado por la situación, interpuso un writ of mandamus ante la Corte Suprema, a la luz del Judiciary Act de 1789, con el propósito de que se le otorgara el título de juez de paz que consideraba suyo. Ante ello, la reacción de Jefferson fue emitir a través del Congreso el Judiciary Act de 1802, que impidió que la Corte Suprema sesionara por unos meses; por lo cual, el fallo se conoció recién en 1803.
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Pero, lejos de las evidentes estrategias políticas maniobradas por parte de John Adams, al nombrar a todos los jueces que pudiera antes de que acabara su mandato; o las llevadas a cabo por Jefferson, quien aprobó el Judiciary Act de 1802 para demorar el fallo de la Corte Suprema[6], la relevancia que tiene el caso Marbury v. Madison radica en la opinión expresada por el supremo tribunal[7]. Así, son tres las preguntas que se plantea para resolver el conflicto: a) ¿Marbury tenía derecho a la cédula (comission)?, b) ¿La ley incluía un procedimiento para reclamar dicho derecho?, y c) ¿La Corte Suprema tiene jurisdicción para el caso? La respuesta a la primera pregunta fue un sí, pues Marbury había sido nombrado por el presidente como juez de paz, ratificado por el Senado, y, en todo caso, solo faltaba la entrega de su comission. De igual manera, la respuesta a la segunda pregunta fue también afirmativa, pues si las leyes establecían un deber del Poder Ejecutivo; el Poder Judicial podía aplicar el remedio necesario para hacerlo cumplir.
No obstante, ante la tercera pregunta, la respuesta fue negativa, pues la Sección 13 del Judiciary Act, que permitía interponer un writ of madamus ante la Corte Suprema otorgándole jurisdicción original; se oponía a lo dispuesto en la sección II del artículo III de la Constitución, que precisaba que los casos destinados a la Corte debían ser mediante apelación, salvo fueran relativos a embajadores, ministros públicos y cónsules, o en los que fuera parte un estado. Es por ello, que la Corte opta por denegar el pedido de Marbury, pero no porque no se encontrara legitimado, sino, porque una ley en conflicto con la Constitución no podía ser válida. Asimismo, el ente dispuso que solo él tenía la facultad de revisar y declarar las normas (acts) del legislativo o del ejecutivo como inconstitucionales (judicial review), pues ello era parte de su función jurisdiccional como intérprete de la Constitución.
En base a lo anterior, podríamos sostener que la solución brindada por Marshall no resolvió el conflicto que llevó el caso a la Corte, pues el derecho individual de Marbury fue irrespetado y nunca ejerció como juez de paz a pesar de haber sido nombrado cuando el Judiciary Act no había sido declarado constitucional, aludiendo a la doctrina de los derechos adquiridos[8]; o bien, podríamos afirmar que la Corte debió optar por una solución extrema y sobreponerse al presidente, ordenándole que se le entregase la comission a Marbury. Incluso, otra posición por parte del tribunal podría haber sido la de interpretar que el writ of mandamus se podía expedir en su competencia originaria o en la apelada de conformidad a los distintos casos.
Sin embargo, en cualquiera de los escenarios planteados, consideramos que, de haberse optado por ordenar al Ejecutivo —específicamente a Madison— que entregase la cédula a Marbury, el resultado hubiese sido el mismo: Jefferson se habría opuesto y habría comandado a su Secretario de Estado a no seguir tal orden, no solo constituyéndose como una burla al Poder Judicial, sino, manteniendo el statu quo de la división de poderes con una superioridad por parte del Legislativo y el Ejecutivo; así como el supuesto checks and balances textual-teórico que yacía en la Constitución, pero que en la realidad no se evidenciaba.
Lo cierto es que, podríamos plantear diversos supuestos en los cuales se hubiera decidido diferente respecto al caso Marbury v. Madison, y ni aun así la decisión de la Corte dejaría de ser pasible de críticas en nuestra contemporaneidad. El juez Marshall, en su momento, optó por una solución pragmática y astuta que es innegable, y cuya carga jurisprudencial sería un legado para la posteridad, porque logró consolidar en la práctica, lo que en los debates de la Convención Constituyente y lo que en la teoría de la Constitución se había dictado: la separación de poderes y el frenos y contrapesos (checks and balances).
Así, Marshall, tuvo una visión que no muchos en su posición hubieran tenido, y fue justamente porque entendió que el motivo por el cual el Poder Judicial había sido elegido como uno de los tres poderes, era para hacer de contrapeso al ejecutivo y legislativo, de los cuales —como se mencionó en párrafos anteriores— el gobierno estadounidense tenía antecedentes de abusos. De esta forma, la Corte Suprema se autoproclamó como intérprete de la Constitución, porque entendió —por influencia de Marshall— que, si no dejaba en claro sus atribuciones a través del fallo en ese preciso momento, no habría otra oportunidad de consolidar y fortalecer el Poder Judicial como una rama del poder igual al resto. Esto último, habría conllevado a que los demorados esfuerzos por parte de los trece estados, que compartían la misma concepción de autonomía y libertad, fracasaran; pues el régimen federal sería uno con concentración de poder en el legislativo, o bien, en el ejecutivo.
Es por lo anterior, que el judicial review se constituye como la herramienta del Poder Judicial para hacer un checks and balances efectivo, evitando la vulneración de derechos por parte de sus congéneres; sirviéndose para ello, de la interpretación propia de la Constitución al revisar la legitimidad y constitucionalidad de las normas (acts) emitidas por las otras ramas del poder. De esta forma, Marbury v. Madison no solo estableció la primacía de la Constitución ante cualquier otra ley como se suele creer, sino que, a través de esta sentencia la Corte Suprema —como representante máxima del Poder Judicial— reconoció que no se le podían otorgar más facultades de las que la Constitución le asignaba, estableciendo un mutuo respeto y límite al poder entre el legislativo y el judicial, pero también al del ejecutivo.
3. El caso Plessy v. Ferguson
Ahora bien, como mencionamos anteriormente, la regla a seguir (rule of law) que se origina de Marbury v. Madison es que la Constitución es la ley suprema y solo la Corte Suprema puede interpretar la Constitución. Este antecedente, sería importante para otro de los casos emblemáticos de Estados Unidos como Plessy v. Ferguson, en 1896. Y es que, este se lleva a cabo más de cincuenta años después del fallo de Marbury v. Madison, y Estados Unidos como sociedad había experimentado diferentes eventos. Uno de ellos, había sido la Guerra Civil (1861-1865), en donde los estados del norte se enfrentaron a los del sur; pues estos últimos estaban a favor de la esclavitud.
Así, la estabilidad de esta aún joven república, se había visto afectada al punto de casi terminar con la unión de los estados de no ser por la victoria de los estados del norte, opuestos a la secesión, y al mando del presidente Abraham Lincoln. Al finalizar este conflicto bélico, dos cuestiones habían quedado claras: a) Estados Unidos era una nación indivisible, con un gobierno nacional, y no una confederación de estados que podía disolverse; y b) Estados Unidos era una nación que había tenido su origen en la Declaración de Independencia que dictaba que todos los hombres eran iguales en libertad, y, por lo tanto, no podía avalar la esclavitud[9]. Es en base a esto último, que se crean las enmiendas 13, 14 y 15 de la Constitución, como prueba fehaciente de que la esclavitud había sido abolida.
Centrándonos en el caso Plessy v. Ferguson, este se inicia cuando Homer Plessy —un hombre con ⅛ de ascendencia afroamericana— decide ser parte del Committee to Test the Separate Car Act a fin de ser el sujeto de prueba para demostrar la inconstitucionalidad de la Ley 111 de Louisiana; sentándose en un vagón asignado solo a personas de “raza blanca” para tal propósito. De esta forma, cuando el oficial encargado le preguntó si era negro y aquel respondió que sí, fue forzado a trasladarse al vagón de las personas de “raza negra”; siendo así, que, Plessy se negó y terminó detenido y encarcelado. La situación descrita, se debió a que la referida Ley 111 o Ley ferroviaria del estado de Louisiana, aprobada en 1890, establecía que debían existir vagones separados para las personas caucásicas y para los afroamericanos o descendientes de aquellos, pero especificando que las condiciones de transporte debían ser “iguales”[10]. De esta forma, ante el tribunal presidido por el juez John Ferguson en primera instancia, Plessy argumentó que la Ley 111 violaba la cláusula de protección igualitaria de la enmienda 14, así como la enmienda 13; sin embargo, el fallo fue condenatorio. Plessy, apeló y su caso fue revisado por el Tribunal Supremo de Nueva Orleans, que confirmó el fallo de Ferguson, por lo que, su caso arribó a la Corte Suprema.
Para resolver esta controversia, los jueces de la Suprema Corte se plantearon las preguntas: a) ¿Proporcionar vagones separados para las personas de raza negra y raza blanca constituye una violación a la cláusula de protección igualitaria de las enmiendas 13 y 14 de la Constitución Estadounidense?, y b) ¿Debería declararse inconstitucional el Act de 1890? La respuesta a la primera, sin embargo, fue que no constituía una violación a dichas enmiendas. En relación a la enmienda 13, cuyo contenido hace referencia a la abolición de la esclavitud y la servidumbre involuntaria; los siete jueces que votaron a favor de Henry Brown —responsable de redactar la opinión de la Corte— argumentaron que la esclavitud involucraba servidumbre involuntaria, con una relación de poder, y, sobre todo, la ausencia legal a disponer sobre el cuerpo propio, propiedad o servicios. De esta forma, el acto de oponerse a dar asientos en los vagones a las personas “de color” no implicaba esclavitud o servidumbre alguna.
Asimismo, respecto a la enmienda 14, esta estipulaba —y estipula aún hoy en día— que todas las personas nacidas o naturalizadas en los EE. UU. y sus jurisdicciones eran ciudadanos independientemente de donde domiciliaran, y que ninguna ley debía privarlos de los privilegios o inmunidades (como la vida, libertad o propiedad) sin el debido proceso de la ley, ni tampoco disminuir la protección igualitaria ante la ley sin importar la jurisdicción en la que se encontrasen. En base a dicha norma, los jueces sostuvieron que las leyes —como el Act de 1890— que requieran a las empresas ferroviarias la separación de los vagones en “raza blanca” y “raza negra”, no aluden a la inferioridad de alguna raza u otra; sino que, si bien los vagones están separados, a todos los ciudadanos estadounidenses se les ofrece el servicio de manera igual (separate but equal).
De hecho, los jueces manifestaron que la interpretación de inferioridad se debía a una concepción que las personas de raza negra preferían atribuirle, pero que, no dejaba de ser razonable y en concordancia con la cláusula de la protección igualitaria contenida en la enmienda 14. De igual forma, arguyeron que los prejuicios sociales no podían cambiar con las leyes, y que, en todo caso, para que haya equidad social, ello debía ser producto de los consensos y las relaciones entre los diferentes individuos. Por último, en relación a la segunda pregunta, que se desprende de la primera, los jueces opinaron que de ninguna forma se trataba de una norma inconstitucional.
Por su parte, el juez John Marshall Harlam con voto disidente, argumentó que la segregación iba en contra del principio constitucional de igualdad ante la ley, pues la separación arbitraria de ciudadanos por motivos de raza en las vías públicas era un símbolo de servidumbre por parte de las personas blancas para con las negras; situación incompatible con las enmiendas 13 y 14 de la Constitución. Asimismo, Marshall se pronunció con respecto a la igualdad de derechos para todas las personas, redactando una frase que ha valido su paso a la historia: “Nuestra constitución es daltónica y no conoce ni tolera las clases entre los ciudadanos. Con respecto a los derechos civiles, todos los ciudadanos son iguales ante la ley”[11].
En mi opinión, la Corte Suprema perdió una oportunidad valiosa al no emitir un fallo que fuera favorable al Sr. Plessy, pues, la separación entre personas de raza negra y raza blanca en los vagones ferroviarios tenía un trasfondo de segregacionismo, y que representaba los rezagos de la reciente historia esclavista que había tenido los Estados Unidos antes y durante la Guerra Civil. La sociedad americana, no estaba lista para poder aplicar las enmiendas 13 y 14 que habían valido la muerte de miles de hombres durante el mencionado enfrentamiento, pues, el cambio de idiosincrasias y usos y costumbre toma tiempo, y definitivamente ninguno de los abolicionistas se preguntó en su momento cómo es que se resolverían los posibles problemas derivados de la implementación de las referidas enmiendas —ni siquiera el asesinado Abraham Lincoln—.
De igual forma, es de mi consideración, que lo expresado muy probablemente era de conocimiento de los jueces con voto mayoritario, por lo que, en su lógica, incluso aplicando el judicial review para sentar un precedente de la magnitud de Marbury v. Madison al declarar la Ley 111 de Louisiana como inconstitucional por contravenir las enmiendas 13 y 14; la segregación hacia las personas de raza negra no iba a cesar. Prueba de ello, es lo que afirma Marshall en su voto, al mencionar que la raza dominante es la blanca y que llevará tiempo poder asimilar y abrazar el espíritu de la Constitución, cuyos principios yacen en la libertad e igualdad de cada individuo.
De conformidad con lo anterior, tengo que admitir que los argumentos liberales de Marshall me hacen mucho sentido, y creo que, si bien en su momento hubiera sido impensable aplicarlos —por el anteriormente escenario conflictivo social descrito—, reconozco que representó una luz de esperanza para la lucha contra la discriminación por parte de la comunidad afroamericana ante la doctrina separate but equal. Por otra parte, no podemos dejar de mencionar el legado de Plessy v. Ferguson al constituirse como antecedente directo del caso Brown v. Board of Education of Topeka en 1954, pues en este último, la doctrina de separate but equal es revocada por unanimidad; anunciando que separados significa intrínsecamente desigual, por lo que, dicho principio se abrogó parcialmente y se declaró que las escuelas de educación pública podían contar tanto con alumnos caucásicos como afroamericanos.
4. Conclusión
Para concluir de manera apropiada este escrito, podemos afirmar que el caso Madison v. Madison y el caso Plessy v. Ferguson, son muestras de cómo la sociedad estadounidense ha ido evolucionando, lo que, a su vez, ha requerido que los jueces de la Corte Suprema, busquen argumentos para hacer coincidir sus interpretaciones de los numerados artículos de la Constitución estadounidense, y adaptarlas a las nuevas realidades del país.
De esta manera, como bien lo estimaron Hamilton y Madison en su momento, el Poder Judicial necesitaba fortalecimiento, y el judicial review y el checks and balances son principios jurídicos del derecho anglosajón que lo permitieron. Y es que, desde sus orígenes en los debates de la Constitución, estas dos instituciones jurídicas representaron el amor a la libertad de una entonces reciente nación de 13 estados; y que hoy por hoy, con 50 estados, han valido que tenga uno de los sistemas políticos de gobierno con tres ramas de poder que son verdaderamente iguales, y que se coadyuvan a la construcción de la democracia día a día.
Es por lo anterior, que, aún en la actualidad los alumnos de las facultades de derecho a nivel internacional estudiamos estos casos; intentando entender y replantear la idea del poder político en nuestras respectivas jurisdicciones, siguiendo el ejemplo de EE. UU., y, sobre todo, explorando los horizontes de la libertad para hacer frente a los nuevos desafíos que se nos presentan como sociedad.
Referencias bibliográficas
[1] Si bien El espíritu de las leyes de Montesquieu era conocida por los delegados de las comisiones, esta no fue de gran influencia para optar por una separación de poderes. Ver Pritchett, Charles. La Constitución Americana. Buenos Aires: Editora Argentina, 1965, pp. 15-30.
[2] David Gómez. «4 de marzo de 1789: el Congreso de la Confederación declara en vigor la Constitución de los Estados Unidos». En El Orden Mundial [En línea]: https://bit.ly/3QOA6yh [Consulta: 19 de enero de 2023].
[3] “A Government without a proper Executive & Judiciary would be the mere trunk of a body without arms or legs to act or move”. Ver Farrand, Max. The Records of the Federal Convention of 1787. New Haven: Yale University Press, 1911, pp. 124-125.
[4] Hamilton, Alexander; Madison, James y Jay, John. El federalista. Madrid: Akal, 2015, p. 295.
[5] Esta movida política de Adams consistía en evitar que menos ‘jeffersonianos’ o demócratas-republicanos, partido representado por Jefferson, ocuparan sitios en la Corte Suprema. Revisar Knudson, Jerry. «The Jeffersonian Assault on the Federalist Judiciary, 1802-1805; Political Forces and Press Reaction». En The American Journal of Legal History, núm. 1, vol. 14 (1970), pp. 55-75.
[6] Para 1801, la Corte Suprema solicitó a James Madison que acudiera e informara sobre el reclamo de Marbury. Empero, Jefferson ordenó a Madison no acudir -de hecho, ni siquiera respondió al pedido de la Suprema Corte-. Revisar Garay, Alberto. «La enseñanza del caso ‘Marbury vs. Madison’». En Academia, núm. 13, vol. 7 (2009), pp. 121-136.
[7] Antes del caso Marbury v. Madison, el estilo judicial no se basaba en una opinión del tribunal, sino que, al igual que Inglaterra, la sentencia se descomponía en los diferentes votos (opiniones) de acuerdo al número de jueces. De esta forma, cada uno de esos votos fundamentados, era denominado seriatim. Con la llegada de Marshall, la práctica se abandona y solo se delega la responsabilidad a uno de los jueces que proyecta la sentencia, siendo así, que un juez podía adherirse a lo expresado por el responsable, o redactar su voto disidente. Consultar Pritchett, Charles. Op. cit., pp. 187-209.
[8] Debemos señalar, que, esta doctrina desarrollada desde la Edad Media, ha tenido una mayor relevancia en los territorios con el sistema de Civil Law, y, en todo caso, en el sistema estadounidense tuvo una mayor influencia a partir de casos relacionados con el derecho internacional durante los siglos XIX y XX. Consultar Pierre Lalive. «The doctrine of acquired rights». En Dokumen [En línea]: https://bit.ly/3GWYusR [Consulta: 19 de enero de 2023].
[9] James McPherson. «Una breve descripción general de la Guerra Civil estadounidense». En American Battlefield Trust [En línea]: https://bit.ly/3J3XaHE [Consulta: 19 de enero de 2023].
[10] A & E Television Networks. «Plessy v. Ferguson». En History [En línea]: https://bit.ly/2HkpG4U [Consulta: 19 de enero de 2023].
[11] Idem.
