Fundamento destacado: 135. Respecto del artículo 5 de la Convención Americana, en primer lugar la Corte estima que, por la naturaleza misma de la desaparición forzada, esta implica que el Estado colocó a las personas en una grave situación de vulnerabilidad y riesgo de sufrir daños irreparables a su integridad personal y vida[190]. En este sentido, la desaparición forzada es violatoria del derecho ala integridad personal porque el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva, representa un tratamiento cruel e inhumano en contradicción con los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención[191]. En segundo lugar, la Corte advierte que las declaraciones de otros dos peruanos detenidos durante el conflicto indican que fueron víctimas de torturas e interrogatorios[192], y uno de ellos aseguró haber visto al señor Vásquez Durand “bastante decaído”[193]. Al respecto, la Corte nota que el derecho internacional humanitario también prohíbe la tortura y la coacción para obtener información de las personas protegidas[194]. Además, cuando se demuestra la ocurrencia de una desaparición forzada, este Tribunal considera razonable presumir, con base en los elementos del acervo probatorio, que las víctimas sufrieron un trato contrario a la dignidad inherente al ser humano mientras se encontraban bajo custodia estatal, por lo cual se configura una violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS*
CASO VÁSQUEZ DURAND Y OTROS VS. ECUADOR
SENTENCIA DE 15 DE FEBRERO DE 2017
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)
En el caso Vásquez Durand y otros Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “este Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Roberto F. Caldas, Presidente;
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Vicepresidente;
Eduardo Vio Grossi, Juez,
Humberto Antonio Sierra Porto, Juez;
Elizabeth Odio Benito, Jueza; y
Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez;
presentes además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento” o “Reglamento de la Corte”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:
I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
1. El caso sometido a la Corte. – El 8 de julio de 2015, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana el caso Jorge Vásquez Durand y familia contra la República del Ecuador (en adelante “el Estado” o “Ecuador”). La Comisión señaló que el presente caso se relaciona con la presunta desaparición forzada del señor Jorge Vásquez Durand (en adelante “la presunta víctima”), comerciante de nacionalidad peruana, en el contexto del conflicto armado internacional del Alto Cenepa ente Ecuador y Perú, en el que se “presentaron varias detenciones de ciudadanos peruanos en Ecuador por parte de sus cuerpos de seguridad”. De acuerdo a la información disponible, la presunta víctima habría sido detenida el 30 de enero de 1995 por miembros del Servicio de Inteligencia ecuatoriana y habría sido visto por última vez a mediados de junio de 1995 en el Cuartel Militar Teniente Ortiz “en malas condiciones”. La Comisión de la Verdad del Ecuador calificó lo sucedido a la presunta víctima como una desaparición forzada. Además, el caso se relaciona con la ausencia de medidas efectivas para dar con el paradero del señor Vásquez Durand, así como la falta de investigación penal de los hechos, a pesar de que el Estado tomó conocimiento de su detención y desaparición a través de diversos medios. Por último, el caso también se relaciona con la alegada falta de idoneidad y efectividad de la acción de hábeas corpus.
[Continúa…]
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* El Juez Patricio Pazmiño Freire, de nacionalidad ecuatoriana, no participó en el conocimiento y deliberación del presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte.
