La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de defensa de los derechos fundamentales de todas las personas, informa que el día de hoy, ha presentado un amicus curiae en el marco del proceso de hábeas corpus a favor del expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo.
Con esta intervención, buscamos aportar una apreciación jurídico-técnica que coadyuve al debate judicial y fortalezca la labor de los órganos jurisdiccionales como garantes de los derechos fundamentales.
Al respecto, principalmente por razones de seguridad debidamente justificadas por su condición de expresidentes de la República, el Instituto Nacional Penitenciario ha venido clasificando, de conformidad al numeral 9.5 de las Disposiciones Complementarias y Finales de la Directiva N.º 006-2023-INPE-DTP, “Clasificación de Internos Procesados y Sentenciados en los Establecimientos Penitenciarios a Nivel Nacional”, hasta a cuatro (04) expresidentes de la República del Perú en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo.
No obstante, al aplicarse indebidamente el literal k) del numeral 6.2. de la Directiva N.º 006-2023-INPE-DTP, en el caso del expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo, se ha incurrido en vicios de motivación que conllevan la nulidad de las resoluciones administrativas. Dicho proceder afecta de manera directa el derecho a la libertad personal, derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, así como el principio constitucional de respeto a la dignidad humana y a no ser objeto de un trato cruel, inhumano y/o degradante.
En ese sentido, nuestra opinión se centra en ofrecer una tesis interpretativa, colaborando con la función jurisdiccional y aportando argumentos jurídicos que contribuyan a dilucidar la controversia iusfundamental en el presente proceso de hábeas corpus y, de ser el caso, a tutelar los derechos presuntamente vulnerados en agravio del expresidente de la República.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de mantenerse vigilante en la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas privadas de libertad. De igual modo, insistimos en la necesidad de enfrentar y superar las graves problemáticas del sistema penitenciario, promoviendo un enfoque humano y garantista que coloque la dignidad de la persona en el centro de la acción estatal.
Defensoría del Pueblo
