La Ley 32107, que prescribe delitos de lesa humanidad ocurridos con anterioridad al 2002, ha sido blanco de cuestionamientos jurídicos, así como la Defensoría del Pueblo, que desde su promulgación, ha sido criticada por su inacción en la interposición de una demanda de inconstitucionalidad.
Sobre esto, Josué Gutiérrez Cóndor, actual defensor del Pueblo se pronunció durante una entrevista en LP en la que no descartó plantear una demanda de inconstitucionalidad contra la polémica norma impulsada desde el Poder Ejecutivo.
Es importante recordar que la gestión de Gutiérrez Cóndor ha sido duramente cuestionada por sectores que la acusan de mantener una postura alineada con los intereses del actual gobierno: Por qué no
Yo ya encargué a la adjuntilla de derechos humanos que hagan un test de proporcionalidad. Estamos evaluando interponer una demanda de inconstitucionalidad, no le sorprenda a usted que en los próximos días interpongamos una demanda de inconstitucionalidad.
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El defensor responde sobre otros cuestionamientos
Durante la entrevista, el defensor del Pueblo negó haber impulsado la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de extinción de dominio para favorecer a su hermana. Y por otro lado, negó haber participado como amicus curiae ante el TC para defender al gobierno.
En abril de este año, el Tribunal Constitucional (TC) admitió la participación de la Defensoría del Pueblo, en condición de amicus curiae, en la demanda competencial interpuesto por el Ejecutivo contra el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación en el marco de investigaciones a Dina Boluarte.
«Cualquier intento del Ministerio Público de iniciar diligencias preliminares contra el mandatario en funciones […] podría generar una disfunción institucional grave», se lee en el documento al que tuvo acceso LP.
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