Fundamentos jurídicos: 4. Existe una clara conexión entre la protección de la autonomía universitaria y la protección de una multiplicidad de derechos fundamentales. Tal como ha destacado este Tribunal, «una promoción de la educación que condiga con el desarrollo integral de la persona exigido por la Constitución requiere que el Estado garantice la libertad de enseñanza (artículo 13°), la libertad de conciencia (artículo 14°) y la libertad de cátedra (artículo 18° de la Constitución). El fundamento de tales libertades supone una autonomía en sentido general que garantice que la formación en conocimientos y espíritu tenga lugar en un ambiente libre de todo tipo de injerencias ilegítimas, particularmente de aquellas provenientes del poder público, sean estas de carácter confesional, académico o ideológico» (cfr. SSTC 0005-2004-PI, fundamento 8; 4232- 2004-PA, fundamento 27; y 0017-2008-PI, fundamento 178).
5. Ahora bien, la eficiente protección de la autonomía universitaria requiere de una previa delimitación de su contenido constitucionalmente protegido, esto es, de los ámbitos a garantizar sobre los que se proyecta. Tales ámbitos o regímenes, derivados de lo establecido en el mencionado artículo 18° de la Norma Fundamental, y tal como se ha desarrollado en jurisprudencia precedente (cfr. SSTC 4232-2004-PA, fundamento 28; 0017-2008-PI, fundamento 176), son los siguientes:
a) Régimen normativo: Implica la potestad autodeterminativa para la creacwn de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular, per se, la institución universitaria.
b) Régimen de gobierno: Implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir, per se, la institución universitaria. Es formalmente dependiente del régimen normativo.
c) Régimen académico: Implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Ello comporta el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más acabada de la razón de ser de la actividad universitaria.
d) Régimen administrativo: Implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución universitaria.
e) Régimen económico: Implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio institucional, así como para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos financieros.
En sentido sustancialmente análogo, el artículo 4° de la Ley N. 0 23 733 -Ley Universitaria- , dispone lo siguiente: «La autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las leyes de la República e implica los derechos siguientes:
a) Aprobar su propio Estatuto y gobernarse de acuerdo con él;
b) Organizar su sistema académico, económico y administrativo;
e) Administrar sus bienes y rentas, elaborar su presupuesto y aplicar sus fondos con la responsabilidad que impone la ley.
La violación de la autonomía a Universidad es sancionable conforme a ley».
6. Desde luego, en la medida que el artículo 18 de la Constitución ordena que el despliegue de la autonomía universitaria se realice «en el marco de la Constitución y de las leyes», no solo resulta que su desarrollo no puede afectar los principios, valores o derechos que la Constitución reconoce, sino que además queda al legislador reservado el establecimiento de ciertos límites jurídicos que ella debe respetar. En ese sentido, tal como ha enfatizado este Tribunal «autonomía no es sinónimo de autarquía, por lo que ninguna universidad se encuentra exenta de un proceso de evaluación externo riguroso, y, en su caso, de la obligación de adoptar las medidas que les sean impuestas por los órganos del Estado competentes para elevar su nivel educativo» (cfr. S C 0017-2008-PI, fundamento 180); habiéndose además sostenido, en la misma línea, que la «libre iniciativa para realizar actividades educativas no implica, de modo alguno, la concesión, a favor de la persona natural o jurídica que la ejerza, de un ámbito que se encuentre desvinculado de las disposiciones constitucionales, de los rincipios y fines del proceso educativo y de las políticas generales que en materia de educación haya fijado el Estado, pues ( … ) la educación se constituye también como un servicio público y, como tal, exige una activa participación del Estado para su eficaz realización» (cfr. SSTC 4232-2004-PA, fundamento 30; y 00 17-2008-PI, fundamento 181 ).
7. Por consiguiente, el Congreso debe adoptar determinadas medidas vinculadas con el régimen universitario y la educación en este nivel, en la búsqueda de promover ciertos fines de la educación universitaria constitucionalmente impuestos, tales como «el desarrollo integral de la persona humana» (artículo 13°) y «la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica» (artículo 18°). También debe ejercer ciertas competencias y cumplir ciertos deberes que la Constitución establece, tales como «reconoce[r] y garantiza[r] la libertad de enseñanza» (artículo 13°), «promover el desarrollo científico y tecnológico del país» (artículo 14°), «coordina[r] la política educativa», «[f]ormula[r] ( .. . ) los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos», » [s]upervisa[r] su cumplimiento y la calidad de la educación» (artículo 16°), «garantiza[ r] [en el caso de la universidades públicas] el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación» (artículo 17°) y «pro m[ o ver] la creación de centros de educación donde la población lo requiera» (artículo 17°).
Sin embargo, una cosa es ello, y otra, muy distinta, sostener que, al adoptar tales medidas, pueda violar los ámbitos constitucionalmente protegidos de la autonomía universitaria a los que se ha hecho alusión en el fundamento 5 supra. Tales ámbitos son representativos de límites constitucionales que el Congreso de la República, lejos de vulnerar, tiene el deber stitucional de garantizar.
SENTENCIA DEL PLENO
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Más de 5,000 ciudadanos contra el Congreso de la República
SS.
URVIOLA HANI
VERGARA GOTELLI
MESÍA RAMÍREZ
CALLEHAYEN
ETOCRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA
Lima, 11 de junio de 2013
Asunto:
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más
de 5,000 ciudadanos contra lo s artículos 1°, 4°, literal
a), Tercera Disposición Complementaria Final, y
Primera y Segunda Disposición Complementaria
Transitoria de la Ley N. 0 29652 – Ley que crea la
Univers id ad Nacional Autónoma Altoandina de
Tanna –
EXP. N .o 00019-2011-PI/ TC
LIMA
MÁS DE 5,000 CIUDADANOS
RAZÓN DE RELATORÍA
En la presente causa, la sentencia sólo es suscrita por los señores magistrados Urviola H ni, Vergara Gotelli, Mesía Ramírez, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pe o no por el señor magistrado Beaumont Callirgos debido a que, aun cuando estuvo pres nte en la vista de la causa, no llegó a votar y mediante Resolución Administrat va N° 66-2013-P/TC de fecha 3 de mayo de 2013 , publicada en el diario oficial » El Peruano» el 6 de mayo de 2013 , se ha declarado la vacancia de dicho magistrado por la causal establecida en el artículo 16° , inciso 4, de la Ley Orgánica del Tribunal onstitucional. Los votos emitidos alcanzan la mayoría suficiente para formar sentencia conforme al artículo 5° (primer párrafo) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y al artículo 48° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.
[Continúa…]
