La reforma del sistema de justicia debe incluir la reforma de la argumentación y redacción. Para ello la retórica forense tiene mucho que aportar. A la inversa del método que se enseña y usa en las cortes peruanas (que parte del texto escrito que conserva un orden lógico), en la retórica se parte de la argumentación como debate critico oral que exige orden, precisión, prueba y relevancia para formular preguntas y respuestas. De la lógica de las formas pasamos a la lógica de los contenidos y su relación con la realidad. Del discurso infectado de giros propios del discurso académico pasamos al discurso directo, comprensible al ciudadano.
Una oportunidad para estar alertas es la que nos brinda la reciente disposición administrativa suscrita por el presidente de la Corte Suprema de la República que prohíbe la “recepción” de entradas de cortesía a espectáculos deportivos y culturales que tengan costo para el público. Esta disposición ha sido recibida con beneplácito al ser vista como el inicio de la reforma de la justicia; lamentablemente nada más equivocado. Como mostraremos, es una peligrosa continuación de malas prácticas argumentativas, que nos alerta de la necesidad de un cambio profundo.
La disposición solo nos dice que todo el mundo ha recibido entradas gratis siempre y que si se debe impedir es porque la gente interpreta mal el asunto, no porque sea algo en sí mismo reprochable y no sanciona su incumplimiento.
¿Por qué nadie se ha dado cuenta? Las malas prácticas argumentativas son muy efectivas, hacen que perdamos la capacidad de crítica. Para ello la redacción legal no es directa, se basa en hechos falsos o distorsionados y recurre a entorpecimientos que tratan de impedir la crítica. Es tan efectiva que por eso arraigado su uso es arraigado en el sistema de justicia, que inclusive, el Tribunal Constitucional y entidades administrativas las emplean. Estas maniobras las he catalogado y expondré en un libro de próxima publicación.
Un buen entrenamiento permite desobedecer el texto y encontrar las malas maniobras utilizadas y así de lectores pasivos pasar a ser lectores que exijan hechos verdaderos, que nos permitan descubrir las implicancias que se quieren ocultar.
Conforme siempre hacemos en nuestras clases, primero trasladaremos el texto escrito a un diálogo argumentativo según el modelo de Stephen Toulmin y la retórica forense, luego de lo cual evaluaremos su contenido:
1. El texto convertido en diálogo:
Todo texto argumentativo trata de convencernos de un propósito o pretensión, brindando información para satisfacer preguntas que haría un interlocutor crítico.
- Proponente: Se debe prohibir la recepción de entradas de cortesía a eventos culturales y deportivos que tengan costo a todos los órganos del Poder Judicial. (Pretensión)
- Oponente: ¿En qué te basas?
- Proponente: Existe un informe sobre las entradas de cortesía para ver los partidos de clasificación al mundial de Rusia. (Dato)
- Oponente: ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro?
- Proponente: “Es una antigua práctica que algunas federaciones deportivas, municipalidades y/o el Instituto Nacional de Cultura, hayan remitido a entidades públicas y privadas, entradas de cortesía para espectáculos culturales y/o deportivos” (Garantía)
- Oponente: ¿Quién lo dice?
- Proponente: “Que, debido a la especial responsabilidad de administrar justicia que reconoce al Poder Judicial, la Constitución Política del Perú, y la independencia que debe garantizar la función jurisdiccional, resulta necesario dictar las directivas pertinentes para evitar que en lo sucesivo se continúen recepcionando entradas para espectáculos que para el público en general impliquen un costo económico; a efecto de evitar interpretaciones equivocadas que afecten la imagen institucional.” (fundamento)
- Oponente: ¿Eso es suficiente?, ¿es el único problema de “cortesías”?, ¿qué sanción acarrea el incumplimiento?, ¿si no son entradas?
2. Análisis:
2.1. La primera mala práctica argumentativa es redactar la disposición como una sabana sin puntos aparte, usar párrafos largos que entorpecen el entendimiento.
2.2. La segunda es no ser directo. La prohibición se dirige a “órganos” cuando debería decir claramente que es dirigida a los magistrados, funcionarios y empleados, caso contrario sería una orden a la mesa de partes. Tampoco indica qué sanción acarrea el incumplimiento.
2.3. La tercera es no contar una historia precisa. La vaguedad muestra la dificultad de relatar los hechos porque por todos lados llaman a hechos peores conocidos por todos. Así la disposición señala que:
“VISTO: El Oficio N° 275-201 B-P.P.R.P.PP-CS/PJ, presentado por el Jefe de la Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas de la Corte Suprema, mediante el cual emite informe sobre la recepción de entradas de cortesía que envió la Federación Peruana de Fútbol para los partidos de clasificación que disputó como local la selección peruana de fútbol”.
¿Qué dice ese informe? ¿Cuántas entradas se recepcionaron? ¿Quiénes las recibieron? ¿Qué fuentes utiliza? ¿Solo se recibe entradas? Es una historia que merece ser contada y que obviamente va a pisar callos. Estamos ante una inminente pendiente resbaladiza.
2.4. Para evadir la pendiente, la otra maniobra es dar un respaldo al argumento cambiando de historia abruptamente:
“Que es una antigua práctica que algunas federaciones deportivas, municipalidades y/o el Instituto Nacional de Cultura, hayan remitido a entidades públicas y privadas, entradas de cortesía para espectáculos culturales y/o deportivos”.
Ya no se trata de las entradas para este mundial, ahora es el pasado y todas las entidades públicas y privadas. Lo cierto es que desvía el asunto para no tocar el tema del contenido del informe que nos interesa, mostrar las responsabilidades actuales que nos interesan.
Esta maniobra es desacertada pues en el contexto de las denuncias sobre dadivas resulta que la culpa la tienen las instituciones deportivas y culturales, no los que regalan etiquetas azules, becas, cursos en el extranjero, descuentos, viajes, los que dan trabajo a los parientes, por último: todos reciben entradas gratis no solo el Poder Judicial.
2.5. Para justificar con mayor fuerza la prohibición, pero sin provocar daños colaterales que impliquen un reproche a las conductas actuales, se recurre a trivializar la gravedad del asunto, sosteniendo que no es malo recibir, lo malo es lo que la gente puede llegar a pensar “equivocadamente”:
Para sostener que la gente hace “interpretaciones equivocadas” se usa una maniobra argumentativa que consiste en redactar el inicio del párrafo en voz pasiva, lo que hace deliberadamente enredado el texto pues no queda en claro si lo que se debe proteger es la responsabilidad de administrar justicia, la constitución, la independencia o la imagen institucional. Lo correcto era redactarlo en voz activa y responder las preguntas implícitas que genera la oración, por ejemplo si corregimos el texto, sería así:
“Debido a que la constitución política reconoce al Poder Judicial la responsabilidad de administrar justicia con independencia se debe impedir recibir cortesías como las siguientes.”
La pregunta inevitable es la siguiente: ¿qué relación guarda esto con la recepción de entradas de cortesia? Una respuesta correcta señalaría que esto de las entradas gratis y otras dádivas afectan la independencia de la función jurisdiccional y precisar el grado de afectación; levemente, gravemente, severamente.
Pero en el texto lo que es reprochable no es recibir las entradas, lo reprochable son las “interpretaciones equivocadas que afectan la imagen institucional”. Esta expresión es mas que un eufemismo, es una total negación a lo que todo el país ha escuchado en los audios sobre entradas al mundial. También debilita la prohibición que se busca porque permite interpretaciones atenuantes. Por ejemplo, podrá haber magistrados que reciban entradas onerosas para el público y digan que era claro que no afectaba su independencia porque no tenían injerencia en los juicios del donante o que el donante no tenia juicios.
Conclusión
Necesitamos que todos los miembros del Poder Judicial utilicen un lenguaje claro, preciso, directo y argumentos relevantes enraizados en hechos comprobables, lo que se logrará con una decidida voluntad de cambio.
