El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, José Ruiz Vega, interpuso este 30 de marzo una demanda de amparo contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud y el Congreso de la República para posibilitar la compra de vacunas contra la covid-19.
Dicha acción estuvo a cargo del asesor constitucionalista Juan A. Castañeda Méndez, quien peticionó la inaplicación de los artículos 4 y 5 de la Ley 31091, “Ley que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad por coronavirus y de otras enfermedades que dan origen a emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud”.
Asimismo, pidió que el Gobierno Central permita a la Municipalidad Provincial de Trujillo accedan y adquieran las vacunas, en virtud del art. 80 de la Ley 2797, Ley Orgánica de Municipalidad, la lesividad causada por el contenido de la Ley 31091 frente a los derechos de la vida y salud fundamentado su procedibilidad a razón del Exp. 2308-2004-PAA/TC y la Resolución 04-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La acción constitucional enfatiza la idea de que la Constitución no tiene como regla prohibitiva expresa o interpretativa que sustente la restricción en el acceso y adquisición de las vacunas contra la covid-19. Al contrario, desarrolla la idea de que el Estado, en su esquema constitucional descentralizado, cumpla con sus obligaciones de respeto y garantía para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos humanos de las personas con covid-19. Esto incluso mediante la integración de un enfoque interseccional y multidisciplinario, que reconozca y afirme la dignidad humana, la eliminación de todas las formas de discriminación, así como la indivisibilidad y la interdependencia de tales derechos en sus normas, políticas y toma de decisiones, y dentro de todos los poderes públicos de los Estados.
Finalmente, el abogado Juan Castañeda advierte que la demanda se presenta con el fin de garantizar y respetar el ejercicio de los derechos a la vida y a la salud de las personas con COVID-19 (en su esquema descentralizado) frente a la ineficacia del gobierno central.
Así, recuerda –en atención a la Res. 04-2020 CIDH– que los Estados deben velar por la accesibilidad y asequibilidad, en condiciones de igualdad, a las aplicaciones tecnológico-científicas que sean fundamentales para garantizar tales derechos en el contexto de pandemia. El derecho a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones en el campo de la salud exige que los Estados, de forma participativa y transparente, adopten medidas dirigidas al acceso a los medicamentos, vacunas, bienes y tecnologías médicas esenciales, que se desarrollen desde la práctica y conocimiento científicos en este contexto.
Estos fundamentos que fueron respaldados por la actual procuradora de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Dra. Anita Rios Negreiros.
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