Abogado constitucionalista de Dina Boluarte: Congreso cometió un «golpe de Estado» al vacar a la presidenta

El abogado constitucionalista Joseph Campos sostuvo que la vacancia de Dina Boluarte constituye un acto inconstitucional, pues el Congreso no respetó las garantías mínimas del debido proceso ni los criterios fijados por el Tribunal Constitucional (TC) sobre la causal de incapacidad moral permanente. Afirmó que al otorgarle solo 56 minutos para preparar su defensa, el Parlamento materializó «una interrupción democrática».

La vacancia se apobó con 123 votos a favor, superando los 87 requeridos por la Constitución. El atentado contra el grupo musical Agua Marina, ocurrido días antes, habría influido en el ánimo parlamentario y en la opinión pública, acelerando el respaldo a las cinco mociones de vacancia presentadas por diversas bancadas, entre ellas, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y el Bloque Democrático Popular.

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De acuerdo con una entrevista concedida al Diario Correo, Campos precisó que la inconstitucionalidad radica en haberle impedido a Boluarte ejercer su defensa de forma adecuada, al otorgarle menos de una hora para preparar su alegato en la madrugada. Según el abogado:

Fue lo más grosero, que habiéndosele otorgado el uso de la palabra, le querían dar 56 minutos para que pueda preparar su defensa y ejercerla. Entonces, las cosas que he mencionado son inconstitucionales; materialmente, una interrupción democrática, un golpe de Estado. Esto es grave para la democracia, no para Dina Boluarte. Nuevamente entramos a una vorágine sin fin.

La defensa de la ahora expresidenta, recordó que en los procesos de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra se otorgaron plazos razonables para la preparación de la defensa. Por ello, mencionó que solicitó la reprogramacíon, ya que «según las normas procesales, son tres días, pero no la aceptaron».

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Afirmó que la sentencia del TC marca «un antes y un después sobre la incapacidad moral como causal de vacancia». Explicó que el órgano, al resolver el hábeas corpus de Pedro Castillo, «sostiene que para que no sea una simple narrativa la causal que se invoca para sacar a un presidente del poder, primero se tiene que determinar lo que se alega como incapaz, moral y permanente».

Asimismo, precisó que el fallo establece que «cuando se enumeren los hechos, se tienen que ofrecer medios probatorios», por lo que «no se ha podido verificar si efectivamente se cumple con el requisito que ha propuesto el TC».

Por esta razón, dijo que recomendó presentar una acción de amparo contra la decisión parlamentaria por vulneración del derecho de defensa. Según señaló, el recurso busca que el Poder Judicial declare inconstitucional el procedimiento que derivó en la vacancia, al no haber respetado el debido proceso ni los estándares fijados por el Tribunal Constitucional. «No haberle permitido el uso de la palabra y votar para sacarla del poder ha terminado siendo inconstitucional», subrayó.

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En otro momento, el letrado criticó que la vacancia se haya producido durante la campaña electoral. Propuso que, así como la Constitución prohíbe cerrar el Congreso en el último año de mandato, también debería prohibirse que se promueva una vacancia presidencial durante un proceso electoral, pues es «una tentación terrible para hacer populismo».

Campos sostuvo que el proceso de vacancia fue impulsado por congresistas que buscan mejorar su posición política ante la impopularidad del Parlamento. «Se ha aprovechado el contexto electoral y el descontento con el Congreso para ganar aplausos a costa de la presidenta», dijo. Agregó que la decisión «ha desestabilizado nuevamente al país» y que el Congreso «renunció a la historia» al optar por un camino que, según él, no contribuye a la estabilidad democrática.

El constitucionalista también advirtió sobre la tendencia a «politizar el Derecho», al señalar que algunas instituciones podrían actuar fuera de los límites constitucionales. Recordó que Boluarte mantiene la condición de aforada y que cualquier investigación o medida coercitiva contra ella requiere autorización del Congreso.

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Asimismo, consideró que lo ocurrido la madrugada del 10 de octubre marca un nuevo episodio de inestabilidad institucional en el país. Concluyó:

Lo que hemos visto ese día es que solo con votos de congresistas candidatos, ávidos de desmarcarse de compromisos o simplemente tener un aplauso, en una circunstancia provocada por delincuentes como lo es la inseguridad ciudadana, se ha provocado una crisis de la institucionalidad que no tenía ninguna justificación. Solo faltaban siete meses para terminar el mandato.