En una jornada política intensa y de alta tensión, el Pleno del Congreso de la República aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por la causal de “permanente incapacidad moral”, con 123 votos a favor, superando ampliamente el mínimo constitucional requerido (87 votos).
La decisión del Congreso ocurre en medio de una crisis política agudizada por los acontecimientos de la última semana y un deterioro sostenido de la relación entre Ejecutivo y Legislativo. El atentado al grupo Agua Marina, que impactó fuertemente en la opinión pública, terminó de inclinar la balanza en favor de la vacancia.
La sesión plenaria comenzó la noche del 9 de octubre con la admisión a debate de la moción de vacancia. Con 113 votos a favor, el Congreso dio luz verde a la discusión, marcando un giro en las alianzas parlamentarias que hasta hace poco respaldaban al Ejecutivo.
Durante la jornada, se presentaron cinco mociones de vacancia impulsadas por diversas bancadas —entre ellas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y el Bloque Democrático Popular— y solo Honor y Democracia se abstuvo de respaldarlas.
Implicancias constitucionales y políticas
De acuerdo con la Constitución peruana, tras la vacancia, corresponde al presidente del Congreso asumir temporalmente la jefatura del Estado y convocar a un nuevo proceso de sucesión constitucional. José Jerí ya anunció la convocatoria inmediata a una sesión de asunción del nuevo mandatario.
Este desenlace reconfigura el escenario político nacional y podría abrir la puerta a elecciones generales anticipadas, tema que ya figura en las agendas de varias bancadas.
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