Fundamentos destacados: 53. En el presente caso, no cabe duda de que la salud del beneficiario se encuentra severamente deteriorada por la enfermedad degenerativa que padece; tanto es así que, como ya se expresó, en otros procesos penales se ha declarado su incapacidad procesal absoluta. Este padecimiento, de consecuencias fatales para quienes la sufren, constituye una enfermedad incurable y degenerativa cuyo destino no es otro que el deceso de la persona después de un proceso lento y sufrido. En ese sentido, teniendo en cuenta el informe médico adjuntado, se puede verificar el supuesto de una grave enfermedad.
54. Se suma a lo anterior que en una persona que sufre demencia senil, los fines de la pena no pueden alcanzarse, por lo que la pena, al perder su finalidad, ya no es necesaria. Este impedimento afecta la dignidad de la persona humana, en la medida en que, obligar a alguien a permanecer en prisión sin ningún objeto, lo degrada a él como medio y no como un fin. Y, además, degrada a la sociedad y su sistema de justicia, pues lo convierte en simple persecutor y castigador.
55. Sin embargo, se debe también arribar a una decisión que pondere lo dicho en los párrafos procedentes con la naturaleza de los delitos cometidos, y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Así, en línea con lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se debe tener en cuenta otros factores, tales como que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad, el pago de la reparación civil y los efectos que la liberación anticipada tendrían a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares.
EXP. N.º 02533-2023-PHC/TC
LIMA
NICOLÁS DE BARI HERMOZA RÍOS,
representado por CÉSAR AUGUSTO
NAKAZAKI SERVIGÓN Y OTROS –
ABOGADOS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2024, en sesión de Pleno Jurisdiccional, los magistrados Pacheco Zerga (presidenta), con fundamento de voto que se agrega, Domínguez Haro (vicepresidente), Morales Saravia, con fundamento de voto que se agrega, Gutiérrez Ticse, con fundamento de voto que se agrega, Ochoa Cardich con fundamento de voto que se agrega, y Hernández Chávez con fundamento de voto que se agrega, han emitido la presente sentencia. El magistrado Monteagudo Valdez emitió voto singular, que también se agrega. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Augusto Nakasaki Servigón y don Renzo Paolo Miranda León, abogados de don Nicolás de Bari Hermoza Ríos, contra la resolución[1] de fecha 19 de abril de 2023, expedida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 3 de enero de 2023, don César Augusto Nakasaki Servigón, don Renzo Paolo Miranda León y otros interponen demanda[2] de habeas corpus a favor de don Nicolás de Bari Hermoza Ríos contra el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Invocan la función preventiva, protectora y resocializadora de la pena, el principio de humanidad de las penas y el derecho a la salud del recluso, entre otros. Solicitan que se declare la extinción de la pena privativa de la libertad impuesta a don Nicolás de Bari Hermoza Ríos. Asimismo, como pretensión subordinada, solicitan que se determine que cumpla el resto de su condena en su domicilio.
Alegan que se debe extinguir la pena privativa de la libertad del favorecido, porque: a) [ha cumplido] dieciocho años, tres meses y siete días de condena; b) padece de demencia senil, la enfermedad de Parkinson, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II, cáncer de próstata; presenta derrame articular en la rodilla izquierda y osteoartrosis de rodilla y columna cervical; y c) cuenta 85 años de edad. Enfatizan que dichos motivos determinan que el fin constitucional de la pena de prevención especial se tenga por cumplido, con base en una interpretación constitucional del artículo 85, inciso 2, del Código Penal. Aducen que debe cumplir en su domicilio el resto de la pena, porque no puede recibir tratamiento médico especializado en los establecimientos penitenciarios que administra el INPE.
Refieren que el beneficiario lleva en prisión dieciocho años, tres meses y siete días respecto del cumplimiento de veinticinco años de condena por el delito de asesinato y asociación ilícita para delinquir (Expediente 28- 20021), veintidós años de condena por el delito de desaparición forzada (Expediente 57-2009), diecinueve años de condena por el delito de desaparición forzada y homicidio calificado (Expediente 81-2007) y quince años de condena por el delito de colusión (Expediente 06-2009), entre otras once condenas.
Afirman que fue evaluado por el Hospital Militar Central y el Instituto de Medicina Legal, lo cual generó el Informe 002/CAOD, de fecha 16 de junio de 2015, y el Certificado Legal 033662-VD, de fecha 17 de junio de 2015, que establecieron diversas dolencias y concluyeron que el beneficiario no estaba en condiciones físicas para desplazarse por sus propios medios a la sede judicial y que no tenía facultades para afrontar adecuadamente un juicio. Asimismo, mencionan que durante su permanencia en el Hospital Militar Central se llevó a cabo la junta médica de fecha 22 de julio de 2015, integrada por especialistas en Neurología, Endocrinología, Cirugía, Reumatología, Traumatología, Dermatología, Cardiología, Urología, Medicina interna, Salud mental y Psicología, la cual levantó un acta en la que estableció diversas dolencias y concluyó que presenta grado de dependencia III, por lo que requirió trasladarlo a un establecimiento geriátrico y recomendó control médico multidisciplinario periódico y asistencia permanente personalizada, por su grado de dependencia.
[Continúa…]
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[1] Foja 631 del tomo II del expediente.
[2] Foja 33 del tomo I del expediente.
