Fundamentos destacados.- 21. La excesiva e indebida utilización de demandas de habeas data, para esta Sala, evidencia claramente un propósito muy específico, este es, conseguir el pago de costos procesales. En efecto, el negativo proceder del recurrente se advierte en la presentación de demandas habeas data con pretensiones considerablemente genéricas, lo cual no solo demuestra que su conducta se encuentra lejos de promover una cultura de transparencia, sino que comprueba que su verdadera intención es evitar una respuesta concreta de la Administración a todas las solicitudes presentadas y obtener así un pronunciamiento favorable en relación con el pago de los costos procesales, lo cual no hace sino comprobar el ejercicio abusivo del derecho. Y, además, tal comportamiento genera sobrecarga procesal, por consiguiente, constituye un obstáculo en la tutela de los derechos fundamentales de muchas personas que ven postergadas las respuestas a sus casos debido a que la justicia constitucional debe resolver las demandas planteadas por el actor en el ejercicio abusivo de su derecho, generando también un perjuicio en los gastos públicos del Estado.
22. Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que los costos procesales están constituidos por el honorario del abogado de la parte vencedora más el 5 % destinado al colegio de abogados del distrito judicial respectivo (artículo 411 del Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo IX del Código Procesal Constitucional), es posible advertir que el actor está obteniendo que se le paguen honorarios por casos que además él mismo crea, ya que las referidas demandas de habeas data son llevadas por el propio demandante como abogado.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los tres días del mes de junio de 2022, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Monteagudo Valdez, Pacheco Zerga y Ochoa Cardich, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jonathan Peter Rojas Huahuamullo contra la sentencia de fojas 198, de fecha 14 de julio de 2021, expedida por la Sala Civil Transitoria de Chorrillos de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur que, revocando la apelada y reformándola, declaró improcedente la demanda.
ANTECEDENTES
Demanda
Con fecha 10 de mayo de 2019, don Jonathan Peter Rojas Huahuamullo interpone demanda de habeas data contra la Municipalidad Provincial de Camaná. Plantea, como pretensión principal, que en virtud de su derecho de acceso a la información pública, se le envíe a su correo electrónico la siguiente información:
i) Copia de todos los contratos de concesiones, contratos de proveedores y/o cualquier documento que hubiera realizado la Municipalidad Provincial de Camaná en representación del Estado con empresas públicas y privadas nacionales e internacionales desde el periodo del 1 de enero de 2000 hasta el 15 de abril de 2019 en trámite o concluido; y
ii) En caso de existir información privada, remitir dicha información con la respectiva supresión de la visualización de aquellos datos que no son relevantes.
Y, como pretensión accesoria, solicita el pago de los costos del proceso.
Auto de admisión a trámite
Mediante Resolución 1 [cfr. fojas 28], de fecha 1 de julio de 2019, el Juzgado Civil Transitorio —Sede Villa Marina— de la Corte Superior de Justicia de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur admitió a trámite la demanda.
Contestación de la demanda
Con fecha 16 de setiembre de 2019 [cfr. fojas 35], la Municipalidad Provincial de Camaná se apersonó y contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada por las siguientes razones: (i) el requerimiento es genérico e impreciso; (ii) el actor no acredita que se le haya generado un registro, ni mucho menos que su pedido haya sido dirigido al funcionario responsable, en vez de ello, lo solicitó a una servidora edil a quien atribuye unilateralmente ser responsable de entregar la información pública; y (iii) no ha cumplido
previamente con presentar su solicitud de acceso a la información pública.
Resolución de primera instancia o grado
Mediante Resolución 4 [cfr. fojas 92], de fecha 2 de junio de 2020, el Juzgado Civil Transitorio —Sede Villa Marina— de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur declaró infundada la demanda, tras considerar que el actor no siguió el procedimiento correcto para canalizar su solicitud de acceso a la información pública, tanto es así que ni siquiera se generó un número de expediente.
[Continúa …]
