Fundamentos destacados: 91. De hecho, la sentencia del caso Barrios Altos supuso la instauración de un leading case respecto de la prohibición de la adopción de amnistías y otras excluyentes de responsabilidad en casos de graves violaciones de derechos humanos. En aquella oportunidad, la Corte sostuvo que
son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos[45].
92. El tribunal interamericano resalta, en consecuencia, que los hechos relativos al caso Barrios Altos constituyen graves violaciones de derechos humanos, y, por ello, no pueden adoptarse medidas que supongan la exclusión de la responsabilidad de los implicados. Ciertamente, un sector de la doctrina podría alegar que, en los indultos, no existiría propiamente una exclusión de la responsabilidad, ya que, a diferencia de lo que puede ocurrir con las amnistías, el indulto no elimina la realización del hecho delictivo o la determinación de la responsabilidad penal de una persona, sino que este se refiere solamente al cumplimiento de la pena. Sin embargo, es pertinente recordar que la idea de «exclusión de responsabilidad” no puede reducirse a la sola calificación de los hechos. Si ello fuera así, el otorgamiento indiscriminado de indultos en el caso de violaciones graves de derechos humanos no sería incompatible con la Convención. Se ha señalado, con mucho criterio, que en diversos casos la distinción entre amnistías e indultos puede ser artificiosa, ya que, por ejemplo, el otorgamiento de indultos también puede ser empleado con la finalidad de impedir que una persona sea sometida a la justicia[46]. De este modo, es evidente que la Corte también se refiere a la necesidad que las sanciones, en esta clase de casos, sean adecuadamente cumplidas.
EXP. N.° 02010-2020-PHC/TC
ICA
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI,
representado por GREGORIO FERNANDO
PARCO ALARCÓN-abogado
VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ
La política debe ser en su esencia la búsqueda de! bien común. Por ello la política debe estar unida siempre a la ética.
El pragmatismo político de autoridades, políticas o judiciales, destruyen las instituciones la confianza en ellas. Sin buenas instituciones es imposible construir el bien común.
De todas las instituciones, la administración de justicia, es la que más debemos proteger, pues, es la garante final de los derechos de los ciudadanos y la que controla el correcto ejercicio del poder. Por ello busquemos jueces o juezas que sean independientes, que apliquen el Derecho a todos por igual, en otras palabras: ¡que hagan justicia en cada caso!
No nos resignemos a tener jueces que menosprecian y afectan la institucionalidad en nuestro país; jueces que desprecian los tratados de derechos humanos, que “reestablecen” un indulto obtenido mediante actos de corrupción, que le dan libertad “selectiva » a quien no le corresponde o que les niegan la palabra a las víctimas de violaciones a los derechos humanos El Perú necesita y merece tener jueces y juezas independientes e imparciales.
1. Considero que la demanda del presente hábeas corpus debe ser declarada IMPROCEDENTE, No hay ni un solo argumento legítimo que sirva de justificación para que la mayoría del Tribunal Constitucional (Ferrero, Sardón y Blume) haya revivido un indulto indebidamente otorgado a Alberto Fujimori.
La sentencia que ha expedido dicha mayoría sólo se explica por la simple voluntad de los tres magistrados que la conforman y, claro, de que ahora tienen los votos. Una sociedad tan polarizada como la peruana urge de jueces o juezas independientes que protejan por igual los derechos de todos, y no de activistas políticos que protejan sin base jurídica a una de las partes en conflicto.
Estoy de acuerdo en que ninguna persona debería morir en prisión, pero su estado de salud y las condiciones desfavorables de la prisión las deben determinar especialistas médicos o penitenciarios, pero no tres magistrados del Tribunal Constitucional.
2. Considero por ello que la sentencia dictada por esta mayoría del Tribunal Constitucional ha dañado gravemente la legitimidad de la justicia constitucional peruana dado el desprecio que sobre los derechos humanos ha reflejado, en especial respecto de aquellos derechos que incluso se encuentran en el ámbito de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Es una sentencia arbitraria que, como lo voy a demostrar, contiene vicios insalvables y en la que ni por asomo se dedicaron a incorporar al expediente de habeas corpus las resoluciones penales que luego anularon, como tampoco se preocuparon por solicitar el expediente administrativo del indulto a Alberto Fujimori.
3. Como ya lo señalé al momento del debate de esta causa en el Pleno del Tribunal, considero que esta es una sentencia, que favorece la impunidad y refleja una compasión “selectiva” dado que la mayoría del Tribunal Constitucional busca aliviar los dolores de Alberto Fujimori pero es indiferente frente a los dolores de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos por las que fue condenado aquel.
Como jueces tenemos que mirar a las dos partes de esta historia, no solo al sentenciado sino a los afectados con el actuar delictivo por el que ha sido condenado. Reitero, la historia tiene dos partes, no solo una y como tal hay que mirar el caso, en su totalidad, en su integridad.
4. Este grave daño a los derechos humanos ya lo vienen haciendo desde hace buen tiempo y de seguro continuará en otros casos. Ya lo han hecho al buscar que se archive el caso “El Frontón” o cuando han negado la existencia en el Perú del derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas y nativas.
[Continúa…]
