La reforma constitucional aprobada sobre la Junta Nacional de Justicia (ex CNM) trae consigo el reto de transigir de un sistema democrático (donde los consejeros son elegidos bajo un criterio de representatividad) a un sistema técnico-burocrático (donde los consejeros son elegidos bajo el criterio «meritocrático»). Labor nada sencilla, si se toma en cuenta que el primer reto será encontrar a los profesionales idóneos y que además se adecuen a requisitos como el de tener «solvencia e idoneidad moral», requisito que, cual saco de sastre, se presta para desacreditar a cualquier candidato que, más allá de sus cualidades profesionales, no sea de agrado de uno u otro sector que de seguro buscará hacerse oir en la Comision Especial conformada para los fines de la elección.
El siguiente reto, que ademas será su fortaleza, será difundir el mensaje democrático de independencia de poderes y el respeto por cada uno de sus titulares elegidos conforme a ley. Lo contrario deslegitimaría la propia elección de los consejeros, pues la Comisión Especial que estará a cargo del concurso público para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, está conformada por el Defensor del Pueblo (quien lo preside), el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República y dos rectores (uno de las universidades públicas y otro de las privadas).
Luego, deberá definirse la Secretaría Tecnica Especializada que se haga cargo directamente del procedimiento de selección, labor compleja si tomamos en cuenta que en el Congreso desestimó la propuesta del Ejecutivo que contemplaba que ello este a cargo de Servir.
Por su lado, la Defensoría del Pueblo ha gestionado incorporar en su presupuesto un monto para financiar las acciones de implementación y funcionamiento de la Comisión Especial, lo que haría presumir que la Defensoria buscaría también hacerse cargo del procedimiento de selección, labor que a nuestro criterio bien podría tercerizarce por etapas a instituciones de prestigio, como se hace en otros procesos de selección respecto de notarios, jueces y fiscales, entre otros.
Después de ello, el reto será aún más grande, pues una vez nombrados los miembros de la Junta Nacional de la Justicia, tendrán a su cargo la revisión de los nombramientos, ratificaciones y procedimientos disciplinarios efectuados por los consejeros removidos (aproximadamente 1500 casos), además de resolver la situación de las convocatorias suspendidas y convocar a su vez las nuevas plazas creadas, como consecuencia de la implementación de la Reforma Procesal Penal en el Distrito Judicial de Lima Norte en julio de este año, asi como las que se crearán en el Distrito Judicial de Lima Este a implementarse en el 2019.
